Legal y letal: Cada decisión es defendible; los riesgos, acumulables; el Atlántico Sur necesita defenderse en su conjunto

Fecha:

«Por esa vía entran todos los beneficios y por ella asoman todos los peligros.»

— Segundo R. Storni, Intereses argentinos en el mar, 1916

Una autorización puede resolver un expediente. No resuelve una estrategia. En el Atlántico Sur, la pesca, los ingresos de las islas, la explotación de hidrocarburos y las conexiones logísticas plantean problemas distintos sobre un mismo espacio. Cada uno tiene su expediente, su ventanilla y su fecha. Ninguno, por sí solo, responde la pregunta que le toca a la defensa nacional: qué efectos evaluar juntos y qué capacidades necesitaría la Argentina para conservar su libertad de acción.

El planeamiento estratégico vincula una apreciación de la situación con una orientación política, recursos para sostenerla y revisión de resultados: apreciación, directiva, asignación y revisión. Es el marco analítico de esta serie, sin sustituir las fases del ciclo reglado.¹ Cuando esa cadena se corta, la serie lo llama ciclo roto: una apreciación que no orienta una directiva, una directiva que no compromete recursos y resultados que nadie vuelve a examinar. Que ocurra en el Atlántico Sur es la hipótesis que este artículo pone a prueba. La prospectiva contribuye explorando escenarios posibles y señales de cambio para preparar decisiones antes de la urgencia.

«Legal y letal» nombra el riesgo de que decisiones individualmente defendibles acumulen vulnerabilidades cuando se pierde esa conexión. No afirma un daño demostrado ni legitima las licencias británicas que la Argentina impugna. Tampoco supone que cualquier actividad privada sea lícita: la libertad de pesca en alta mar, por ejemplo, está sujeta a obligaciones de conservación y cooperación.² La legalidad de cada decisión no garantiza la coherencia estratégica del conjunto.

El recurso cruza la línea; la apreciación también debe hacerlo

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) estimó que las capturas de la flota potera extranjera dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) disputada con el Reino Unido pasaron de 45.449 toneladas en 2023 a unas 140.000 en 2024. Las capturas de alta mar se contabilizan por separado.³ Las licencias de pesca aportan ingresos a la administración de las islas.⁴ Ambas cuestiones merecen análisis conjunto, sin dar por establecida una correspondencia entre las capturas estimadas y los buques licenciados.

La Prefectura Naval vigila la milla 201 y el INIDEP estudia el recurso.⁵ Hay información y actividad estatal; lo que no se ve en las fuentes públicas consultadas es quién la lee con una decisión en la mano. La apreciación estratégica pregunta cómo una variación de la pesca podría afectar los ingresos insulares y qué seguimiento requiere ese escenario. El calamar no distingue la línea. Cada organismo, en cambio, la traza con precisión: justo donde termina su competencia.

Un dato que no orienta una decisión es apenas otro diagnóstico.

¿Ciclo roto? Una sanción, una inversión y la pregunta que sobrevive a la legalidad

¿Qué ocurre cuando cada decisión es defendible y el conjunto no lo es?

En 2013 la Secretaría de Energía inhabilitó por quince años a Premier Oil PLC por actividad hidrocarburífera no autorizada cerca de Malvinas. Tras completarse la fusión con Chrysaor en marzo de 2021, Premier Oil plc cambió su denominación a Harbour Energy plc; Harbour completó su salida de Sea Lion en septiembre de 2022.⁶ En 2025 se aprobó la adhesión de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proyecto de licuefacción de gas en el golfo San Matías en el que Harbour declara una participación del 15%.⁷

La beneficiaria formal es Southern Energy, y queda abierta la cuestión jurídica del alcance de la inhabilitación sobre otra sociedad o participación. No se demuestra una contradicción jurídica por yuxtaponer ambos hechos. Existe, además, intervención obligatoria de Cancillería en nuevas adhesiones al RIGI, incorporada por el Decreto 868/2026:⁸ una buena noticia, aunque haya hecho falta un decreto para escribirla. La pregunta estratégica permanece: qué beneficios, dependencias y compromisos acepta el Estado al otorgar la estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria prevista por treinta años en el artículo 201 de la Ley 27.742.⁷

Sea Lion agrega un escenario distinto: la producción petrolera proyectada para 2028. La Argentina inició un arbitraje en septiembre de 2026; al 13 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar había anunciado tentativamente la lectura de su orden sobre medidas provisionales para el 28 de noviembre.⁹ El avance o la demora del proyecto plantea escenarios a evaluar sobre el sostenimiento de las actividades en las islas y las opciones argentinas.

Dos decisiones legales pueden sumar una mala estrategia. Todo depende de si alguien las leyó juntas.

Hasta un buque de víveres exige apreciación

El Danstar permite precisar esa diferencia. Una naviera chilena prepara para diciembre una conexión entre Punta Arenas y las islas: declara alimentos y materiales de construcción y niega vínculos petroleros. La corporación de desarrollo insular presenta el enlace como respuesta a necesidades comerciales existentes.¹⁰ Son declaraciones; no verifican cargas ni contratos ni prueban apoyo a Sea Lion. Tampoco las refutan. Un buque de alimentos y materiales de construcción es eso mismo, hasta que alguien pregunta qué hace posible.

Una ruta ocasional y un servicio regular con mayor capacidad portuaria tendrían implicancias diferentes. La prospectiva explora si reducirían dependencias logísticas de las islas, qué señales permitirían distinguirlos y cómo cambiarían las necesidades argentinas de seguimiento. También pesa el costo de una respuesta que agrave la relación con Chile. El régimen argentino de autorización previa y las obligaciones de navegación hacia y desde Magallanes se examinan respecto del recorrido concreto; citarlos no acredita una facultad automática de interceptación.¹¹

Lo estratégico de una ruta no está en lo que lleva el barco, sino en lo que esa ruta vuelve posible.

Saber no es integrar

El conocimiento del espacio marítimo aporta otra pieza. Equinor confirmó en julio de 2024 que el pozo Argerich había resultado seco; en 2025 hubo observadores de la Armada a bordo del buque científico Falkor (too) en el cañón submarino de Mar del Plata.¹² Son antecedentes distintos, que no prueban por sí mismos una capacidad de defensa ni su integración al planeamiento.

Su utilidad estratégica se mide en preguntas: qué permiten conocer, qué incertidumbres permanecen y de qué información de terceros depende el país. Para evaluar actividades off-shore (costa afuera), una apreciación seria distingue lo conocido de lo supuesto antes de orientar capacidades de vigilancia y sostenimiento. Producir conocimiento es una capacidad; convertirlo en decisiones es una responsabilidad.

Ciclo roto: la hipótesis se verifica en las decisiones

La hipótesis del ciclo roto no consiste en afirmar que no hay apreciación, directivas, recursos ni revisión. El Estado vigila, mide, sanciona y coordina; lo que no se identifica en las fuentes públicas consultadas es una conexión entre esas etapas que integre los asuntos examinados. Parte del planeamiento es reservado: esa limitación no demuestra inexistencia ni justifica exigir información sensible. Sí permite preguntar qué criterios orientan las decisiones y cómo se revisan. La hipótesis se confirmaría si, pedidos esos criterios, no pudiera mostrarse cómo una apreciación orientó una directiva, comprometió recursos y fue revisada; se refutaría si esa trazabilidad existiera.

Control de legalidad y apreciación estratégica son planos distintos: el primero verifica lo permitido; el segundo, lo que conviene y lo que cuesta sostener. En la apreciación que aquí se propone, Defensa aporta la evaluación específica de capacidades, dependencias y riesgos para la defensa nacional, sin veto ni mandato exclusivo.¹³ Su aporte alimenta la apreciación: qué se necesita vigilar y sostener, por ejemplo la milla 201 y la ruta entre Punta Arenas y las islas, con qué autonomía y ante qué escenarios. La conducción política traduce prioridades en orientación y recursos; la revisión examina si siguen siendo adecuados. La coordinación jurídica cumple otra función y no sustituye ese recorrido. Saber si una decisión está permitida no resuelve si conviene ni qué exige sostenerla.

Anticipar no es adivinar: es llegar a cada fecha con las preguntas ya hechas. El Reino Unido declaró ante el Tribunal que no habría perforación antes del 21 de marzo de 2027.⁹ Esa fecha y el viaje anunciado del Danstar ofrecen oportunidades de seguimiento, no pronósticos. Contratos, obras portuarias, manifiestos de carga, financiamiento y decisiones judiciales permitirían contrastar escenarios. Si los escenarios cambian, se revisa la apreciación y se resuelve si también cambian las prioridades y los medios. Un calendario avisa cuándo mirar; el planeamiento debe establecer qué hacer con lo que se ve.

Si el ciclo se rompe, se rompe sobre una línea más: la que separa lo que cada organismo sabe de lo que el Estado decide. Ese es el vínculo entre el título y el ciclo: el riesgo estratégico crece si la evaluación termina en cada expediente, mientras sus efectos se acumulan sin una respuesta revisable. El Atlántico Sur exige examinar esa conexión antes de que una crisis reduzca las opciones. Una autorización puede resolver un expediente. No resuelve una estrategia.

Te puede interesar: Mientras el Gobierno sanciona a Sea Lion, la pesca sigue “alive and kicking”

Notas y fuentes

  1. Decreto 1112/2024, arts. 5–8, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-407456/texto; Decreto 1729/2007, Anexo I (ciclo de planeamiento de la defensa nacional; texto original), https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1729-2007-134992/texto. El ciclo de cuatro etapas se utiliza aquí como marco analítico de la serie, sin sustituir las fases y competencias de la normativa.
  2. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, arts. 116–119, texto incorporado a la Ley 24.543, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24543-28913/texto. El derecho de pesca en alta mar está sujeto a las obligaciones de conservación y cooperación previstas en esos artículos.
  3. Marcela L. Ivanovic et al., Calamar argentino. Temporada 2023. Informe final, Informe Técnico Oficial INIDEP 016/24, 27 de mayo de 2024, páginas 2 y 6 del PDF, https://marabiertonew.inidep.edu.ar/server/api/core/bitstreams/b754b0ed-f8a5-4c50-a574-57f9dce16af1/content; y Calamar argentino. Temporada 2024. Informe final, Informe Técnico Oficial 014-25, 8 de abril de 2025, páginas 2 y 6 del PDF, https://marabiertonew.inidep.edu.ar/server/api/core/bitstreams/478b78b3-45a3-4e4d-b059-e239dd31c21c/content. Estimaciones de la flota potera extranjera dentro de la ZEE disputada: 45.449 t y unas 140.000 t, respectivamente.
  4. Gobierno de las Islas Malvinas, Final Approved Estimates 2024/25, p. impresa 76 (80 del PDF), programa 0321, renglón 0070 «Fishing Licence Fees», https://www.gov.fk/finance/wp-content/uploads/sites/32/2026/05/Final-Approved-Estimates-2024.25.pdf; véase también Final Approved Estimates 2023/24, p. impresa 77, https://www.gov.fk/finance/wp-content/uploads/sites/32/2026/05/Final-Approved-Estimates-2023-24.pdf. Se cita la existencia del ingreso; el artículo no reproduce cifra.
  5. Prefectura Naval Argentina, «Prefectura intensifica el control de pesqueros en la milla 201», 2/12/2025, https://www.argentina.gob.ar/noticias/prefectura-intensifica-el-control-de-pesqueros-en-la-milla-201; María Nöllmann, «Conflicto en altamar. Los mitos de la pesca en la milla 201 y por qué es una bomba de tiempo ambiental», La Nación, 28/3/2024, https://www.lanacion.com.ar/sociedad/conflicto-en-altamar-los-mitos-de-la-pesca-en-la-milla-201-y-por-que-es-una-bomba-de-tiempo-nid28032024/ (declaración atribuida al prefecto mayor Sergio Almada sobre el patrullaje). Ambas fuentes respaldan vigilancia, no jurisdicción argentina general sobre la pesca en alta mar.
  6. Secretaría de Energía, Resolución 481/2013, 2 de septiembre de 2013, publicada el 6 de septiembre, Boletín Oficial n.º 32.717, p. 40; ficha oficial: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-481-2013-219376. Premier Oil plc, «Completion of merger with Chrysaor», RNS 1813U, 31 de marzo de 2021 (cambio de denominación de Premier Oil plc a Harbour Energy plc), https://tools.eurolandir.com/tools/Pressreleases/GetPressRelease/?ID=3892784&companycode=uk-pmo&lang=en-GB&v=. Rockhopper Exploration plc, «Sea Lion Update: Navitas Transaction Completion», 23 de septiembre de 2022, https://rockhopperexploration.co.uk/2022/09/sea-lion-update-navitas-transaction-completion/. La referencia a la inhabilitación describe el acto de 2013 contra Premier Oil PLC; no se obtuvo el texto íntegro de la resolución ni se certifica su vigencia, su vencimiento ni su extensión a otras sociedades o participaciones. Sobre el titular directo del 15% de Southern Energy, véase la nota 7.
  7. Ley 27.742, art. 201 (estabilidad por treinta años y su alcance), https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27742-401266/texto; Resolución 559/2025, arts. 1–2, Boletín Oficial, 5 de mayo de 2025, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/324772/20250505; Harbour Energy plc, “Southern Energy SA – Final Investment Decision”, 2 de mayo de 2025, https://www.harbourenergy.com/news-and-media/announcements-and-latest-news/southern-energy-sa-final-investment-decision/ (participación del grupo Harbour, 15%). YPF, estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2025, nota 34.b, p. 87, https://inversores.ypf.com/documents/asamblea-accionistas/2026/Asamblea30-04-2026-EEFFdeYPFSAal31-12-2025.pdf: identifica como titular directo del 15% a SE Argentina Holding B.V., por transferencia de Wintershall del 24 de julio de 2025, a la fecha de emisión de esos estados (informe del 26 de febrero de 2026). La identidad del accionista directo y la participación declarada por el grupo son atribuciones a fuentes distintas; no determinan el alcance de la inhabilitación.
  8. Decreto 868/2026, arts. 1 y 9–10, Boletín Oficial, 4/9/2026, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346910/20260904 (firmado el 3/9/2026; intervención obligatoria de Cancillería en el trámite de adhesión al RIGI).
  9. Rockhopper Exploration plc, “Final Investment Decision on Sea Lion”, 10 de diciembre de 2025, https://rockhopperexploration.co.uk/2025/12/final-investment-decision-on-sea-lion/ (previsión de producción para 2028). Tribunal Internacional del Derecho del Mar, caso 37, ITLOS/PV.26/C37/4, 11 de noviembre de 2026, p. impresa 24, líneas 41–46, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/PV/ITLOS_PV26_C37_4_E_checked.pdf (fecha tentativa de lectura); ITLOS/PV.26/C37/2, 10 de noviembre de 2026, p. impresa 12, líneas 38–41, https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/PV/ITLOS_PV26_C37_2_E_checked.pdf (declaración británica, incorporada al expediente, de que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027; no es una comprobación independiente del cronograma). La lectura del 28 de noviembre es una fecha tentativa. Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Orden 2026/10, 20 de octubre de 2026, p. 1 (notificación de inicio del arbitraje del 28 de septiembre de 2026), https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/37/C37_Order_20.10.2026-10.pdf. Documentación del arbitraje y de las medidas provisionales: https://www.itlos.org/en/main/cases/case-concerning-hydrocarbon-exploitation-in-the-south-west-atlantic-ocean-argentina-v-united-kingdom-provisional-measures/.
  10. Corporación de desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC), “Punta Arenas Business Showroom Begins New Chapter of Trade with Falkland Islands”, 23 de octubre de 2026, https://fidc.co.fk/punta-arenas-business-showroom-begins-new-chapter-of-trade-with-falkland-islands/; BioBioChile, “Dueño del Danstar niega vínculo petrolero y alista viaje a Malvinas en plena polémica con Argentina”, 12 de noviembre de 2026, https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/11/12/dueno-del-danstar-niega-vinculo-petrolero-y-alista-viaje-a-malvinas-en-plena-polemica-con-argentina.shtml. Son declaraciones del promotor y de la naviera; no se verificaron manifiestos de carga ni contratos. El viaje se anuncia para diciembre, sujeto a preparación técnica y condiciones de navegación.
  11. Argentina, Decreto 256/2010, art. 1, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-256-2010-164297/texto; Tratado de Paz y Amistad entre la Argentina y Chile, 29 de noviembre de 1984, aprobado por Ley 23.172, art. 10, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-23172-26322/texto. El decreto exige autorización previa para los supuestos de tránsito que enumera; el tratado obliga a la Argentina a mantener la navegación expedita y sin obstáculos hacia y desde el estrecho de Magallanes. La cita conjunta no resuelve la aplicación al trayecto concreto del Danstar ni acredita una facultad automática de interceptarlo.
  12. Equinor ASA, «Q2 2024 Earnings Call», 24 de julio de 2024, p. 11, declaración del director financiero Torgrim Reitan sobre el resultado seco de Argerich, https://cdn.equinor.com/files/h61q9gi9/global/9f36675374d405b1ae046bb17d524e48f301aa88.pdf. Armada Argentina, «El rol de la Armada Argentina en la exploración del cañón submarino de Mar del Plata», 7 de agosto de 2025, https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-rol-de-la-armada-argentina-en-la-exploracion-del-canon-submarino-de-mar-del-plata (participación de observadores navales a bordo del Falkor (too)).
  13. Ley 23.554, arts. 2, 4 y 5, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/20988/actualizacion; Decreto 1112/2024, arts. 5–8, https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-407456/texto. El aporte de Defensa se formula como criterio de planeamiento; no se atribuye a estas normas un procedimiento específico de consulta ni una facultad de veto.
Horacio Hernández Otaño
Horacio Hernández Otaño
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano. Completó especializaciones en Cybersecurity Policy and Practice y Cyber Defense en la Naval Postgraduate School (NPS, US Navy), y fue Alumno Asociado del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies en dos oportunidades: en 2018 en el programa de Defensa y Seguridad Hemisférica, y en 2022 en el programa de Ciberseguridad y Ciberdefensa (Washington D.C.). Se desempeñó como Asesor en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa de la Argentina (2016–2019), donde integró el equipo redactor de la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN 2018) e introdujo por primera vez en un documento oficial de política de defensa argentina el proyecto de tierras raras como recurso estratégico nacional. Entre 2019 y 2023 ejerció como Asesor de Ciberseguridad en la Dirección de Informática del mismo ministerio, liderando iniciativas de ciberdefensa institucional.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Compartí esta noticia

Suscribite a El Estratégico

Más leídas

Noticias
Últimas