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El Gobierno nacional enfrenta una nueva ronda de negociaciones en la Cámara de Diputados para conseguir los votos necesarios para aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, después de que bloques aliados reclamaran eliminar o modificar el capítulo referido a la intervención extranjera en los procesos electorales. La discusión se produjo durante una reunión celebrada el jueves 12 de noviembre entre representantes de La Libertad Avanza y legisladores de distintas bancadas dialoguistas, en la que se mantuvo el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo miércoles 18. Sin embargo, las diferencias sobre el Título VII, que incorpora cambios al régimen electoral y al Código Penal, impidieron cerrar un acuerdo sobre la versión que será sometida a votación.
Las objeciones fueron planteadas por legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal y Adelante Buenos Aires, que cuestionaron las facultades y sanciones previstas para determinadas actividades consideradas injerencia extranjera. Los dos primeros espacios reclamaron directamente eliminar el capítulo, mientras que la diputada Karina Banfi propuso suprimir las modificaciones penales. El oficialismo manifestó su disposición a evaluar nuevas correcciones, pero no aceptó retirar íntegramente el apartado, una posición que mantiene abiertas las negociaciones a menos de una semana de la fecha prevista para la sesión.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre bajo el expediente 0010-PE-2026, ya obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Como informó El Estratégico el 28 de octubre, el texto consiguió 60 firmas sobre 104 legisladores presentes, después de introducir modificaciones sobre las sanciones a empresas vinculadas con actividades no autorizadas en Malvinas y sobre los mecanismos de control del futuro Consejo de Seguridad Nacional. Aquellos cambios permitieron completar la instancia de comisiones, pero no resolvieron las diferencias que ahora condicionan su tratamiento parlamentario.
El principal obstáculo es que las disposiciones electorales requieren una mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Diputados, equivalente a 129 votos afirmativos, de acuerdo con el artículo 77 de la Constitución Nacional. Esta exigencia responde a las modificaciones del régimen electoral y de partidos políticos y no a una regla general aplicable indistintamente a todas las materias de defensa contempladas por el proyecto. La presencia de esas reformas dentro de una iniciativa más amplia obliga al oficialismo a construir una mayoría particularmente exigente o revisar el alcance de las modificaciones antes de avanzar con su aprobación.
El Título VII vuelve a trabar el acuerdo por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El capítulo cuestionado lleva por nombre “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones” y propone introducir cambios relacionados con el financiamiento político, la intervención de actores extranjeros y determinadas conductas tipificadas en el Código Penal. Entre sus disposiciones se encuentra una modificación de la Ley 26.215, que regula el financiamiento de los partidos políticos, así como la incorporación de herramientas penales destinadas a sancionar operaciones de injerencia extranjera en la actividad institucional y electoral argentina.
Uno de los artículos más discutidos establece una figura vinculada con las campañas de injerencia extranjera, que reemplazó durante las negociaciones anteriores a una formulación relacionada con campañas coordinadas de desinformación masiva. La versión incorporada al dictamen contempla conductas planificadas, sistemáticas o sostenidas mediante procedimientos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilícitos, siempre que exista un vínculo con un agente extranjero ocultado deliberadamente. El régimen mantiene penas que pueden alcanzar entre cinco y doce años de prisión, según la conducta contemplada, aunque establece exclusiones expresas para actividades periodísticas, académicas y diplomáticas legítimas.
Estas modificaciones habían sido introducidas durante octubre para responder a los cuestionamientos sobre las posibles consecuencias de la norma para la libertad de expresión. Sin embargo, los cambios no resultaron suficientes para todos los aliados parlamentarios. Banfi, del bloque Adelante Buenos Aires, cuestionó el alcance de las disposiciones penales y advirtió, según declaraciones recogidas por TN, que “es un capítulo que penaliza la expresión”. La diputada también planteó reparos sobre las modificaciones relacionadas con el delito de traición a la patria, particularmente cuando las conductas involucren a funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas o agentes de inteligencia.
Desde Provincias Unidas y Argentina Federal, en tanto, el reclamo apunta a retirar el Título VII completo para evitar que las modificaciones electorales y penales condicionen el acompañamiento al resto del proyecto. La Libertad Avanza se mostró dispuesta a revisar nuevamente su redacción, aunque sus representantes defendieron la necesidad de conservar herramientas para actuar frente a operaciones de injerencia extranjera. Las diferencias incluyen tanto el alcance jurídico de las figuras propuestas como los requisitos de prueba para acreditar la participación de actores extranjeros y la intención de afectar procesos políticos nacionales.
Durante el encuentro participó Paula Taddei, funcionaria de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, en representación del Gobierno, se comprometió a trasladar las objeciones de los legisladores y trabajar sobre una contrapropuesta, aunque la reunión concluyó sin una redacción consensuada. La delegación oficialista también contó con la presencia del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, mientras que entre los representantes aliados participaron legisladores del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal.
Malvinas, seguridad nacional y la negociación que definirá el tratamiento del 18 de noviembre
Las diferencias sobre el Título VII afectan a una iniciativa que originalmente fue presentada por el Gobierno con especial énfasis en las herramientas para defender los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes. El proyecto busca ampliar el régimen de restricciones y sanciones sobre actividades de exploración y explotación de recursos naturales realizadas sin autorización argentina, incorporando disposiciones vinculadas con hidrocarburos, pesca, minería y otras operaciones económicas. También contempla responsabilidades para empresas, proveedores y determinados actores que participen en esas actividades.
Durante octubre, el oficialismo negoció modificaciones para delimitar las sanciones y evitar que alcanzaran indiscriminadamente a accionistas minoritarios y proveedores sin intervención directa en las operaciones cuestionadas. El Estratégico informó el 27 de octubre que estas correcciones surgieron después de reparos planteados desde Estados Unidos, por el posible impacto del régimen sobre compañías e inversores estadounidenses. El dictamen posterior incorporó excepciones para determinadas participaciones accionarias y condiciones más precisas para establecer responsabilidades sobre proveedores y operadores.
El texto también propone cambios de mayor alcance sobre la organización de la seguridad nacional. Entre ellos aparece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con funciones relacionadas con la coordinación institucional, la evaluación de amenazas y la protección de infraestructura crítica. También incorpora mecanismos para examinar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos y modificaciones a disposiciones de defensa e inteligencia, materias que provocaron observaciones sobre la distribución de competencias entre organismos del Estado.
El Estratégico había adelantado el 13 de octubre que el Gobierno aceptó incorporar controles parlamentarios sobre el Consejo de Seguridad Nacional. Esa negociación derivó en la inclusión de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por diputados y senadores, con atribuciones para solicitar información y supervisar determinadas decisiones. Aunque el nuevo mecanismo contribuyó a reunir las firmas del dictamen, los reparos sobre la regulación de las actividades electorales continuaron abiertos.
La amplitud del proyecto explica parte de las dificultades que enfrenta el oficialismo. Mientras las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas cuentan con un debate legislativo propio, las modificaciones sobre seguridad, inteligencia y procesos electorales involucran competencias diferentes y despiertan objeciones de bloques que podrían acompañar algunas disposiciones y rechazar otras. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo mantuvo su intención de conservar la iniciativa como un régimen integral, sin dividir el tratamiento del capítulo referido al archipiélago de las restantes reformas institucionales.
El encuentro del jueves también permitió avanzar sobre el calendario del Presupuesto 2027, cuyo debate en el recinto está previsto inicialmente para el 25 de noviembre, aunque existen conversaciones para trasladarlo al día siguiente. La Libertad Avanza pretende tratar antes la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, concentrando parte de su agenda legislativa en la sesión proyectada para el miércoles 18. Ese cronograma, sin embargo, continúa sujeto a los acuerdos políticos y a la formalización de la convocatoria correspondiente.
Por ahora, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional conserva el dictamen de mayoría aprobado el 27 de octubre, pero todavía no cuenta con media sanción. El Gobierno deberá definir si acepta nuevos cambios sobre el Título VII, si insiste con la redacción acordada en comisiones o si propone una alternativa que permita mantener el régimen sobre Malvinas sin comprometer los votos necesarios para las modificaciones electorales. La negociación continuará durante los días previos al 18 de noviembre, fecha en la que el oficialismo pretende llevar una de sus principales iniciativas de defensa y seguridad al recinto de Diputados.
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