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La Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, después de que el Gobierno aceptara modificaciones al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y a las facultades previstas para el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa obtuvo 60 firmas sobre 104 diputados presentes durante el plenario realizado el martes 27 de octubre y quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto, donde el oficialismo buscará tratarla durante noviembre.
El acuerdo fue alcanzado en una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, tras varias semanas de negociaciones con bloques aliados y sectores de la oposición. La nueva redacción amplió de 133 a 154 artículos el proyecto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo e incorporó cambios sobre las restricciones económicas vinculadas con Malvinas, las sanciones penales, el control de inversiones extranjeras y los mecanismos de supervisión parlamentaria.
La Libertad Avanza consiguió el acompañamiento del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas después de aceptar modificaciones que habían impedido avanzar con el cronograma inicial. Entre ellas aparecen excepciones para determinados accionistas minoritarios y fondos de inversión, mayores precisiones sobre la responsabilidad de los proveedores y la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, encargada de controlar determinadas decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.
El Estratégico había informado que las negociaciones se concentraban en los reparos planteados desde Estados Unidos sobre el alcance de las sanciones por Malvinas y en las exigencias de los bloques aliados para incorporar controles parlamentarios. Con la firma del dictamen, esas modificaciones quedaron incorporadas a la propuesta que el oficialismo pretende llevar a votación.
Malvinas: nuevas excepciones para empresas, accionistas y proveedores
Uno de los cambios principales alcanza al régimen destinado a sancionar a quienes participen de actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La iniciativa mantiene la intención de ampliar las herramientas vigentes contra la explotación unilateral de hidrocarburos, pesca y otros recursos, pero establece condiciones más específicas para determinar qué empresas y personas pueden ser alcanzadas.
En el caso de los proveedores, la nueva redacción concentra las restricciones en quienes suministren bienes o servicios esenciales e indispensables para las actividades prohibidas, siempre que conozcan o no puedan razonablemente desconocer el destino de esas prestaciones. La modificación busca diferenciar a quienes participan directamente de operaciones consideradas ilegales de aquellos actores comerciales que mantienen relaciones indirectas sin conocimiento de su finalidad.
El dictamen también incorpora excepciones para personas físicas que posean participaciones accionarias de hasta el 2% del capital de determinadas compañías, siempre que no intervengan en la designación de sus autoridades. Una protección similar alcanza a ciertos fondos de inversión que no ejercen discrecionalidad sobre la selección de los activos que poseen. El régimen, sin embargo, mantiene las restricciones sobre quienes controlen directa o indirectamente a las empresas responsables de las actividades cuestionadas.
Las modificaciones surgieron durante las negociaciones parlamentarias en las que también fueron planteadas observaciones desde Washington por el posible impacto de las sanciones sobre compañías estadounidenses. El Gobierno argentino procuró preservar el alcance de las medidas contra la explotación de recursos en Malvinas, mientras incorporaba garantías para evitar que las restricciones se extendieran automáticamente a inversores y proveedores sin participación directa.
El capítulo económico conserva sanciones administrativas, multas y disposiciones penales, aunque modifica sus escalas y condiciones de aplicación. Entre los cambios figuran multas equivalentes a entre dos y cuatro veces el beneficio económico obtenido ilegalmente en determinados casos y la exigencia de una condena penal firme para incorporar personas al registro de infractores. También se incorporó un mecanismo de regularización de actividades mediante compromisos de inversión y garantías económicas, mientras que los fondos recaudados por las sanciones deberán destinarse al Ministerio de Defensa para financiar el reequipamiento y el fortalecimiento de sus capacidades.
Una comisión bicameral controlará al Consejo de Seguridad Nacional
La segunda modificación de mayor alcance institucional es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo podrá solicitar informes, formular observaciones y realizar recomendaciones sobre determinadas medidas adoptadas dentro del sistema de seguridad nacional, que el proyecto propone reorganizar bajo la coordinación del Poder Ejecutivo.
Según la redacción acordada, algunas decisiones deberán ser comunicadas al Congreso dentro de un plazo general de 48 horas. El mecanismo incluye medidas urgentes vinculadas con amenazas graves y determinados procedimientos que involucren aeronaves y embarcaciones, mientras que las situaciones capaces de generar riesgos de guerra o represalias internacionales deberán respetar las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo.
La incorporación de estos controles había sido uno de los reclamos centrales de los bloques aliados. El Estratégico informó el 13 de octubre que el Gobierno había aceptado discutir la supervisión parlamentaria del Consejo para conseguir los votos necesarios, aunque mantuvo su posición de no separar el capítulo dedicado a Malvinas de las reformas más amplias sobre defensa, seguridad e inteligencia.
El texto también redefine las facultades relacionadas con la protección de infraestructuras críticas, incorporando consultas a organismos reguladores, propietarios y operadores privados antes de determinadas decisiones. En materia de telecomunicaciones, establece que las medidas de protección deberán limitarse a las redes y sistemas, sin habilitar el monitoreo, acceso, restricción o bloqueo de los contenidos transmitidos.
Otra modificación fue la reformulación de las disposiciones penales sobre injerencia extranjera. El oficialismo eliminó la referencia original a campañas de desinformación masiva y la reemplazó por una figura que contempla operaciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilegales destinadas a alterar procesos electorales o condicionar decisiones de las autoridades. La nueva redacción excluye expresamente el ejercicio del periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática legítima, después de los cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.
El proyecto incorpora además un régimen para examinar inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores estratégicos como defensa, energía, minería, telecomunicaciones e infraestructura crítica. La propuesta contempla mecanismos de autorización y revisión, con resguardos para las competencias provinciales sobre los recursos naturales y determinadas inversiones comprendidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el plenario, el diputado oficialista Damián Arabia defendió las modificaciones y sostuvo que permitieron conservar el régimen sancionatorio sobre los recursos naturales mientras se introducían garantías para los inversores, controles parlamentarios y mayores precisiones sobre las facultades estatales. Desde Unión por la Patria, Agustina Propato cuestionó que el capítulo referido a Malvinas no fuera separado del resto de la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias institucionales de las nuevas herramientas de seguridad nacional. El bloque presentó un dictamen alternativo, mientras otros sectores opositores también formularon disidencias.
El Gobierno buscará llevar la iniciativa al recinto el 12 de noviembre, aunque todavía no existe una convocatoria formal que confirme esa fecha. Para entonces deberá reunir los votos necesarios para aprobar una propuesta que, además del régimen sobre Malvinas, modifica distintos aspectos de la organización de la Defensa Nacional, la actuación de las fuerzas de seguridad y el control de inversiones estratégicas.
El dictamen firmado el 27 de octubre constituye el primer avance legislativo concreto después de más de un mes de negociaciones. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional todavía no cuenta con media sanción, por lo que las modificaciones acordadas deberán ser sometidas al debate y la votación de la Cámara de Diputados antes de que el proyecto pueda continuar su trámite en el Senado.
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