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La Cámara de Diputados volverá a tratar este martes 27 de octubre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei, en una reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto que tendrá como principal desafío alcanzar un acuerdo sobre las modificaciones al régimen de sanciones por Malvinas y las nuevas atribuciones previstas en materia de seguridad nacional. El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias para avanzar con un dictamen, aunque las negociaciones con los bloques aliados todavía no están cerradas.
La convocatoria, fechada el 19 de octubre y firmada por el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Gustavo A. Cappiello, establece que el plenario se realizará a las 16 horas en el segundo piso del Anexo C de la Cámara de Diputados. El temario incluye exclusivamente el expediente 0010-PE-2026, correspondiente al mensaje 275/2026 del Poder Ejecutivo, que propone un nuevo marco legal para proteger los derechos soberanos argentinos, regular actividades vinculadas con recursos estratégicos y modificar distintos mecanismos institucionales de defensa y seguridad.
La reunión llega después de varias semanas de exposiciones y negociaciones que impidieron concretar el cronograma inicialmente previsto. El Estratégico había informado que la firma del dictamen quedó pendiente mientras las comisiones continuaban recibiendo funcionarios y especialistas. Ahora, la diputada libertaria Silvana Giudici encabeza las conversaciones destinadas a incorporar cambios que permitan conseguir el acompañamiento de los sectores dialoguistas.
Uno de los elementos que se incorporaron a esas negociaciones durante los últimos días fueron las observaciones planteadas desde Estados Unidos sobre el eventual impacto de las sanciones argentinas en empresas estadounidenses. Según informó TN, el asunto fue abordado durante los contactos mantenidos en Buenos Aires con el subsecretario de Estado Christopher Landau, mientras el embajador Peter Lamelas también intervino en las gestiones vinculadas con el proyecto.
Las sanciones por Malvinas y los cambios que negocia el oficialismo
El capítulo económico de la iniciativa busca ampliar los instrumentos legales disponibles para actuar contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas. Entre sus principales antecedentes aparece el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum bajo licencias concedidas unilateralmente por la administración británica.
El texto original contempla extender las restricciones más allá de las compañías responsables de las operaciones, incluyendo determinadas relaciones comerciales, financieras y societarias. Esa amplitud provocó cuestionamientos por las posibles consecuencias sobre empresas internacionales que mantienen inversiones tanto en proyectos relacionados con Malvinas como en otras actividades dentro del territorio continental argentino.
De acuerdo con la información difundida durante las últimas horas, el oficialismo estudia delimitar las sanciones aplicables a operadores directos, licenciatarios, proveedores y accionistas, con el propósito de precisar las responsabilidades de cada actor y evitar que las restricciones alcancen indiscriminadamente a otras compañías vinculadas comercialmente. Entre los borradores conocidos también aparecen propuestas para excluir a pequeños accionistas individuales y fondos de inversión pasiva, aunque esos cambios todavía deben ser incorporados a una redacción consensuada.
La modificación constituye uno de los principales puntos de negociación con Estados Unidos. El Gobierno argentino busca conservar las herramientas para actuar contra actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en Malvinas, mientras procura evitar efectos sobre inversiones y empresas de terceros países que no intervienen directamente en la explotación cuestionada.
Durante el debate legislativo, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, defendió la necesidad de ampliar el régimen vigente hacia otros recursos naturales. La funcionaria señaló que Sea Lion constituye el primer proyecto hidrocarburífero que intenta avanzar hacia la explotación comercial y advirtió que la iniciativa también debe contemplar actividades pesqueras realizadas bajo autorización británica.
La propuesta incluye reformas a la legislación que actualmente regula las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las áreas reclamadas por Argentina, con la intención de extender el alcance de las sanciones a sectores como la pesca y la minería. El contenido definitivo dependerá, sin embargo, de las modificaciones que logren acordarse antes de la firma de los dictámenes.
El Consejo de Seguridad Nacional y los controles parlamentarios siguen en discusión
El segundo eje de las negociaciones se concentra en las reformas institucionales incluidas en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades relacionadas con la coordinación de políticas estratégicas, la evaluación de amenazas y el análisis de determinadas inversiones extranjeras consideradas sensibles para los intereses nacionales.
Los cuestionamientos surgieron principalmente por el alcance de las atribuciones que recibiría ese organismo y por los mecanismos de supervisión previstos para sus decisiones. El Estratégico informó el 13 de octubre que el Poder Ejecutivo había aceptado incorporar controles parlamentarios para intentar conseguir el respaldo de los bloques aliados.
La alternativa negociada contempla la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional, una propuesta impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo. Según el esquema presentado durante el debate, el Poder Ejecutivo debería informar a esa comisión dentro de las 48 horas las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo.
También se analizan modificaciones al artículo 111, referido a la injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación. La nueva redacción buscaría establecer exclusiones expresas para el ejercicio periodístico, la investigación académica y la actividad diplomática, después de los cuestionamientos formulados por distintos sectores parlamentarios sobre el alcance de las sanciones penales.
Las diferencias no se limitan a esos artículos. El bloque Argentina Federal mantiene reparos sobre la decisión de discutir conjuntamente el capítulo referido a Malvinas y las reformas de defensa, seguridad interior e inteligencia. El diputado Alberto Arrúa anticipó su rechazo a la iniciativa bajo el argumento de que esas modificaciones deberían tener un tratamiento legislativo independiente.
La Libertad Avanza, por su parte, sostiene la intención de mantener el proyecto unificado. Esa posición obliga al oficialismo a construir una mayoría que acompañe tanto las nuevas herramientas de protección de los recursos naturales en Malvinas como las disposiciones institucionales más amplias.
El plenario será presidido por las autoridades de las tres comisiones involucradas: Carlos Zapata, de Defensa Nacional; Laura Rodríguez Machado, de Legislación Penal; y Juliana Santillán, de Relaciones Exteriores y Culto. Si el oficialismo obtiene las firmas necesarias, el expediente podrá avanzar hacia su tratamiento en el recinto; si persisten las diferencias, las comisiones deberán continuar negociando una nueva versión del texto.
Hasta el inicio de la reunión, el proyecto mantiene su condición de iniciativa en tratamiento parlamentario. El resultado de la jornada permitirá conocer si los cambios negociados sobre sanciones a empresas, supervisión del Consejo de Seguridad Nacional y disposiciones penales alcanzan para destrabar una ley que el Gobierno considera prioritaria dentro de su política sobre Malvinas y la defensa de los intereses estratégicos argentinos.
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