La Cámara de Diputados de la Nación convocó formalmente para el miércoles 18 de noviembre, a las 12:00, una sesión especial que tendrá como primer punto del temario el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La citación, emitida este lunes 16 de noviembre por la Secretaría Parlamentaria, confirma la fecha que La Libertad Avanza venía negociando con los bloques aliados y abre una instancia decisiva para la iniciativa que busca establecer nuevas sanciones contra las actividades de explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas realizadas sin autorización argentina.

La convocatoria, identificada con la referencia parlamentaria 6204-D-26, responde a una solicitud presentada por el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, junto con otros diputados. El documento establece que la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional será tratada bajo el Orden del Día 514, correspondiente al dictamen emitido el 27 de octubre por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
La confirmación constituye un avance respecto de la situación informada por El Estratégico el 13 de noviembre, cuando el oficialismo todavía enfrentaba pedidos de modificaciones de sus aliados antes de llevar el proyecto al recinto. En aquel momento, los bloques dialoguistas habían ratificado la intención de sesionar el miércoles, pero las diferencias sobre las disposiciones electorales y penales del proyecto seguían sin resolverse.
La formalización de la convocatoria no significa que el Gobierno haya conseguido los votos necesarios para aprobar la ley. El oficialismo todavía deberá reunir el quórum y alcanzar las mayorías correspondientes, mientras continúa la negociación sobre los artículos más cuestionados.
Malvinas, sanciones económicas y seguridad nacional: qué tratará Diputados
El proyecto fue enviado al Congreso el 17 de septiembre de 2026 y propone establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos argentinos. Su primer título contempla restricciones y sanciones para personas y empresas que desarrollen actividades de aprovechamiento de recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos comprendidos por la legislación argentina, sin contar con las autorizaciones correspondientes.
Entre las medidas previstas se encuentran multas calculadas sobre el valor internacional del barril de petróleo, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones para desarrollar determinadas actividades económicas. El texto también contempla responsabilidades para proveedores y participantes directos en operaciones consideradas ilegales, con condiciones y excepciones incorporadas durante el tratamiento parlamentario.
Como informó El Estratégico el 28 de octubre, el dictamen de mayoría obtuvo 60 firmas después de introducir modificaciones sobre las sanciones vinculadas con Malvinas y sumar mecanismos de supervisión parlamentaria. Los cambios buscaron responder a cuestionamientos sobre las posibles consecuencias económicas de la iniciativa y sobre el alcance de las facultades que recibiría el futuro Consejo de Seguridad Nacional.
La creación de ese organismo constituye otro de los componentes centrales del proyecto. La propuesta contempla nuevas herramientas de coordinación estatal frente a amenazas externas, protección de infraestructuras críticas y evaluación de determinadas inversiones extranjeras, además de modificaciones relacionadas con las competencias de defensa y seguridad.
Sin embargo, el principal obstáculo político continúa concentrado en el Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”. Sus disposiciones introducen reformas vinculadas con la intervención extranjera en procesos políticos, el financiamiento de los partidos y determinadas conductas contempladas por el Código Penal.
Durante las negociaciones del 12 de noviembre, representantes de Provincias Unidas y Argentina Federal solicitaron eliminar ese apartado, mientras que la diputada Karina Banfi cuestionó especialmente las modificaciones penales. El oficialismo manifestó disposición a revisar algunos artículos, pero no se informó un acuerdo definitivo sobre una nueva redacción.
Las modificaciones al régimen electoral y de partidos políticos enfrentan, además, una exigencia constitucional particular: requieren el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara, equivalente a 129 diputados. Esa condición no se aplica automáticamente a todos los capítulos de la iniciativa, pero representa una dificultad adicional para aprobar el conjunto de reformas en los términos propuestos.

La sesión también incluirá la reforma del Banco Central y acuerdos comerciales
La citación difundida este lunes establece otros seis asuntos para la jornada. El segundo punto del temario corresponde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y modificaciones de legislación económica, respecto de las cuales Diputados deberá considerar los cambios introducidos por el Senado.
También figura el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), celebrado el 16 de septiembre de 2025, junto con una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
El temario se completa con dos acuerdos relacionados con la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una modificación del artículo 2.º de la Ley 24.467, correspondiente al régimen regulatorio de las pequeñas y medianas empresas.
La inclusión de estos proyectos permite al oficialismo concentrar distintas iniciativas legislativas en una misma sesión, aunque su tratamiento efectivo dependerá del desarrollo del debate y de los acuerdos alcanzados entre las bancadas.
En materia de soberanía, la discusión del miércoles tendrá especial relevancia porque el proyecto ya superó la etapa de comisiones y llega al recinto con un dictamen de mayoría, pero también con varias propuestas alternativas y cuestionamientos pendientes.
El Estratégico había informado anteriormente que el Gobierno aceptó incorporar controles parlamentarios sobre el Consejo de Seguridad Nacional para conseguir apoyos legislativos. Esa negociación permitió introducir una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, pero no resolvió las diferencias sobre las reformas electorales.
Con la convocatoria oficial, el 18 de noviembre se convierte en la fecha confirmada para el primer intento de tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en el recinto de Diputados. El resultado dependerá de la capacidad del oficialismo para alcanzar acuerdos sobre los capítulos cuestionados y reunir los votos necesarios para avanzar con una iniciativa que todavía no cuenta con media sanción.
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