A través de la Resolución 626/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional, la titular, Patricia Bullrich, aprobó el “Plan Guacurarí”, un operativo de control y vigilancia en la frontera. Específicamente, busca abordar la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen y las localidades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracão.
La medida contempla la creación de un Comando Unificado para su ejecución. Esto se enmarca en la Resolución N° 403/2024, donde se crea el Comando Unificado Federal para “coordinar despliegues interfuerzas en zonas críticas del territorio nacional”. El mismo busca “optimizar los recursos organizativos y operativos para garantizar condiciones mínimas de seguridad acordes a emergencias específicas”.
Motivos y detalles
En este contexto, el Comando Unificado Guacurarí será el encargado de la ejecución del plan. Estará conformado por representantes de todas las fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Además, contará con enlaces del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la provincia de Misiones, también la Policía provincial .
La medida se establece con el objetivo de desarticular redes criminales transnacionales vinculadas al crimen organizado. Según la Resolución, “la zona fronteriza entre la Argentina y el Brasil, particularmente en Bernardo de Irigoyen, provincia de MISIONES, constituye un área estratégica pero compleja debido a su geografía, ya que se trata de una frontera seca sin barreras naturales que se extiende por más de 25 kilómetros lineales”.
En este espacio, “bandas criminales locales e internacionales han intensificado su actividad […] debido a su proximidad con la REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL (Municipio Dionisio Cerqueira)”. Allí se incluyen grupos como el Primer Comando Capital (PCC) y otras organizaciones menores que operan como intermediarios.
Contexto y antecedentes
La publicación de esta medida surge en un contexto particular: el pasado lunes, el gobierno de EE.UU. anunció que ofrecía una recompensa de hasta 10 millones de dólares para cualquier información sobre actividades terroristas del grupo Hezbolá en la Triple Frontera. La medida, que se imparte en la región compartida por Argentina, Brasil y Paraguay, fue impulsada por el Departamento de Estado con el objetivo de desmantelar los mecanismos de financiamiento del grupo.
A lo largo de la semana pasada, y en respuesta a la creciente preocupación de Estados Unidos, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior afirmó que visitará la ciudad de Puerto Iguazú. Una comitiva realizará una visita informativa al territorio el próximo viernes 30 de mayo para dar cumplimiento a lo normado en la Ley 24.059.
Según fuentes cercanas a El Estratégico, el senador Martín Goerling envió una carta al vocal de la Comisión Bicameral invitándolo a participar en la visita. Aunque el cronograma de actividades aún no está definido, se estima que la jornada se desarrollará entre las 12 y 18 horas.
Recientemente, el abogado penalista y especialista en seguridad, Juan Félix Marteau, publicó una advertencia en su cuenta oficial de X donde alertó sobre el resurgimiento del grupo. “Se observa un resurgimiento visible de la actividad operativa de Hezbolá en la Triple Frontera. Es asombroso el nivel de impunidad con el que actúa esta organización terrorista en la región”, escribió.
Casualmente, Puerto Iguazú (Triple Frontera) y Bernardo de Irigoyen son dos ciudades misioneras que quedan a 150 km la una de la otra. La coincidencia temporal entre el anuncio del gobierno estadounidense y la implementación del Plan Guacurarí refuerza la percepción de una estrategia más amplia para intensificar el control y la vigilancia en una región cada vez más señalada.
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