El Gobierno de Javier Milei busca llevar nuevamente a la Cámara de Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la última semana de noviembre, con el objetivo de avanzar en el régimen de sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El oficialismo evalúa una nueva convocatoria para el jueves 26, aunque todavía no existe una fecha confirmada. La negociación se desarrolla antes del pronunciamiento previsto para el 28 de noviembre del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre las medidas provisionales que Argentina solicitó contra el proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa conserva el dictamen de mayoría aprobado el 27 de octubre por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Sin embargo, el oficialismo deberá reconstruir los acuerdos parlamentarios después de que la sesión especial del miércoles 18 de noviembre no alcanzara los 129 diputados necesarios para abrir el debate. En aquella jornada se registraron 126 legisladores presentes, por lo que el proyecto no fue sometido a votación.
Según informó TN este jueves, la Casa Rosada pretende retomar el tratamiento durante la próxima semana y algunos bloques mencionan el 26 de noviembre como una alternativa. El calendario, no obstante, presenta dificultades adicionales: Diputados tiene previsto debatir el Presupuesto 2027 el miércoles 25 y el período ordinario de sesiones concluye el lunes 30 de noviembre.
Como informó El Estratégico el 18 de noviembre, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone ampliar las sanciones por Malvinas, crear un Consejo de Seguridad Nacional y establecer nuevas herramientas contra la injerencia extranjera. Los desacuerdos sobre estos últimos capítulos continuaron abiertos incluso después de que el oficialismo obtuviera dictamen favorable.
Una nueva sesión en Diputados y los cambios que necesita negociar el Gobierno
El primer paso para reactivar el tratamiento será conseguir una nueva convocatoria y garantizar la presencia de al menos 129 diputados. El proyecto ya dispone de dictamen de mayoría, por lo que no necesita reiniciar automáticamente su recorrido por las comisiones debido a la falta de quórum del 18 de noviembre.
Las conversaciones, sin embargo, exceden el contenido de la ley. La decisión de legisladores de Provincias Unidas de no ocupar sus bancas estuvo vinculada con reclamos sobre el tratamiento de una reforma del régimen de biocombustibles y la representación del bloque en el Consejo de la Magistratura. También incidieron desacuerdos de otros sectores respecto de la reforma política impulsada por el Poder Ejecutivo.
Estas diferencias condicionan las posibilidades de reunir nuevamente el quórum, aun cuando existan diputados dispuestos a acompañar las disposiciones específicamente vinculadas con Malvinas.

El segundo problema es el contenido del Título VII, que incorpora modificaciones relacionadas con los procesos electorales y nuevas figuras penales para sancionar determinadas operaciones de injerencia extranjera. Ese apartado recibió cuestionamientos de bloques opositores y aliados, tanto por el alcance de las conductas previstas como por sus posibles consecuencias sobre actividades políticas, periodísticas y académicas.
El Estratégico había adelantado el 13 de noviembre que distintas bancadas solicitaron eliminar o modificar ese capítulo antes de llevar la iniciativa al recinto. Las disposiciones que modifican el régimen electoral y de partidos políticos necesitan la mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara, conforme al artículo 77 de la Constitución Nacional. En Diputados, esa exigencia equivale a 129 votos afirmativos.
Se trata de una condición diferente del quórum necesario para iniciar una sesión. Aunque el oficialismo reúna suficientes legisladores para habilitar el debate, todavía deberá conseguir las mayorías específicas que correspondan a cada parte del proyecto.
Entre las alternativas disponibles figura negociar una modificación del articulado o avanzar con un texto más limitado, concentrado en las sanciones por Malvinas. El Orden del Día 514 incluye, además del dictamen de mayoría, distintas propuestas de minoría. Una de ellas plantea modificar la Ley 26.659 y rechazar los títulos adicionales del proyecto del Ejecutivo.
Por lo tanto, el debate podría concentrarse en determinar qué disposiciones cuentan con respaldo parlamentario suficiente y cuáles necesitarían un tratamiento separado o una nueva redacción. Hasta el momento, el Gobierno no confirmó que vaya a retirar el Título VII ni que haya aceptado dividir formalmente la iniciativa.
Si no consigue avanzar antes del 30 de noviembre, el Ejecutivo también dispone de la posibilidad constitucional de convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las ordinarias. Para que el proyecto sea tratado durante un período extraordinario, deberá quedar comprendido en los asuntos habilitados por la convocatoria correspondiente.
Las sanciones por Malvinas y el pronunciamiento internacional sobre Sea Lion del 28 de noviembre
La discusión legislativa coincide con una instancia judicial vinculada con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar confirmó que el sábado 28 de noviembre anunciará su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina contra Reino Unido, en el marco del procedimiento relacionado con el proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino presentó su solicitud el 13 de octubre, con el objetivo de obtener medidas que impidan avanzar con determinadas actividades de explotación petrolera mientras continúa el procedimiento internacional. Reino Unido rechazó los pedidos argentinos durante las audiencias celebradas en noviembre.
La decisión del tribunal será independiente del tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Una eventual aprobación parlamentaria no determinaría el resultado del proceso internacional, así como el pronunciamiento judicial tampoco sustituiría las decisiones legislativas que debe adoptar el Congreso argentino.
El proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla ampliar las prohibiciones sobre actividades económicas no autorizadas en Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Entre sus disposiciones figuran sanciones a empresas que participen en la explotación de recursos naturales y a determinados proveedores o accionistas relacionados con esas operaciones.
El Estratégico informó el 28 de octubre que el dictamen de mayoría incorporó modificaciones sobre el alcance de las sanciones y los mecanismos de control del futuro Consejo de Seguridad Nacional. Entre los cambios se incluyeron excepciones para determinados inversores minoritarios y vehículos de inversión, con el propósito de delimitar las responsabilidades contempladas por la norma.
La ausencia de una nueva ley no significa que Argentina carezca actualmente de instrumentos sancionatorios. La Ley 26.659, modificada en 2013, ya establece prohibiciones y sanciones para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. De hecho, durante septiembre el Gobierno anunció el inicio de procedimientos administrativos contra distintas personas y compañías presuntamente vinculadas con las operaciones cuestionadas.
Lo que permanece pendiente es la aprobación de las nuevas disposiciones propuestas por el Ejecutivo, que buscan modificar y ampliar ese marco legal e incorporar herramientas de coordinación estatal en seguridad nacional, infraestructura crítica e inversiones estratégicas.
Antes del cierre del período ordinario, el oficialismo deberá definir si consigue reunir los apoyos para tratar el proyecto completo o si acepta concentrar la negociación en sus artículos vinculados con Malvinas. La próxima decisión será parlamentaria: confirmar una nueva sesión y determinar qué texto puede reunir las mayorías necesarias para obtener media sanción. Solo después de esa votación la iniciativa podrá continuar su recorrido en el Senado.
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