En una sesión especial, que tuvo lugar el pasado miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Super RIGI y aprobó un acuerdo internacional orientado a prevenir la pesca ilegal. En una jornada que se extendió hasta la noche, los legisladores aprobaron acuerdos internacionales con Francia, Suiza y San Marino, que estaban en el temario, además del orientado a prevenir y combatir la pesca ilegal. A su vez, también se ratificaron los acuerdos de conciliación económica con dos grupos de acreedores para el pago de deuda.
El oficialismo logró una nueva victoria legislativa en la Cámara de Diputados, en medio de tensiones internas en Casa Rosada y escándalos políticos que rodean al gobierno. En este contexto, los legisladores aprobaron una serie de acuerdos internacionales en agenda, con países como Suiza, Francia y San Marino. A estos se le suma, además, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP). Como se había adelantado, la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados venía avanzando significativamente en la adhesión argentina al AMERP, orientado a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Finalmente, este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó y sancionó la adhesión argentina a este acuerdo internacional de la FAO (Food and Agriculture Organization) de las Naciones Unidas, que ya contaba con media sanción, al haber sido aprobado en el Senado de la Nación. Para la Argentina, la incorporación a este acuerdo es clave, ya que permite fortalecer la fiscalización, el control y el patrullaje de los puertos nacionales, a los que acceden los buques extranjeros que operan en la Milla 201, área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
En paralelo, la Cámara de Diputados ratificó los acuerdos de conciliación económica, aprobados por el Estado Nacional, con dos grupos de acreedores para el pago de deuda defaulteada en 2001. Estos grupos son los únicos que, a día de hoy, mantienen reclamos activos contra la República Argentina. Con este plan de pago, el gobierno busca cerrar definitivamente la etapa del default de 2001. De este modo, el Estado argentino deberá abonar US$67 millones a la firma Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo de holdouts encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
¿Qué implica la aprobación del Super RIGI en Diputados?
Además, el día de ayer, el oficialismo también logró la aprobación del proyecto del Super RIGI, obteniendo así la media sanción de un proyecto clave y estratégico para el Ejecutivo, que apunta a promover e incentivar las grandes inversiones en las industrias del futuro. El proyecto contempla un nuevo régimen y esquema con beneficios e incentivos fiscales, aduaneros, cambiarios y patrimoniales para grandes inversiones que superen los US$1.000 millones en el campo de las nuevas industrias o industrias del futuro que aún no se han desarrollado en el territorio nacional o son prácticamente primitivas.

Con 130 votos afirmativos contra 106 negativos, el oficialismo obtuvo la media sanción y ahora el proyecto pasa al Senado de la Nación, donde los legisladores definirán su sanción o no. La aprobación del Super RIGI es un punto clave y estratégico en la agenda del Gobierno Nacional, ya que el esquema –que toma la experiencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en marcha desde 2024– apunta a incentivar las inversiones en industrias y tecnologías de frontera, incluyendo desde el desarrollo de la inteligencia artificial y data centers hasta la fabricación de baterías de litio y/o autos eléctricos y proyectos vinculados al uranio. Todos campos de desarrollo industrial de alto valor agregado y con un significativo peso geopolítico y estratégico, en el actual escenario internacional.
En este sentido, el proyecto tiene un significativo valor para el desarrollo económico y productivo del país, de cara al futuro industrial global. El proyecto, de hecho, apunta a fortalecer y consolidar la industrialización de la Argentina, pensando en las nuevas industrias del futuro, donde el país puede insertarse estratégicamente y producir valor agregado, como hoy hace con otras industrias, como la satelital y la energética. La iniciativa supone, de hecho, una de las prioridades en materia legislativa del oficialismo, de cara al tercer año de gobierno y las expectativas por la llegada de nuevas inversiones al país. Con esta aprobación, el gobierno da un paso clave. Ahora resta el Senado, donde todavía los legisladores deberán votar el proyecto del Ejecutivo y definir su sanción o no.
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