Diputados presentan pedido de informes y proyecto de declaración en el Congreso de la Nación por la reforma del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), que el Gobierno Nacional formalizó y oficializó la semana pasada. De este modo, la reestructuración y reorganización del SIDEF ya se encuentra bajo la lupa, con críticas, pedidos de informes, cuestionamientos y proyectos de declaración, en el marco del Poder Legislativo.
La semana pasada se presentaron una serie de proyectos, vinculados a la reciente reforma del Sistema de Inteligencia de Defensa que oficializó el gobierno de Javier Milei. Dentro de los proyectos e iniciativas presentadas se destaca un pedido de informes, elevado por el diputado Pablo Juliano de Provincias Unidas. Bajo el EXPTE. 2207-D-2026, el pedido de informes de Juliano solicita información integral sobre la Resolución 323/2026 del Ministerio de Defensa, a través de la cual se modificó el SIDEF, habilitando facultades y actividades de contrainteligencia para las Fuerzas Armadas argentinas, tras 20 años de suspensión.
Cabe recordar que, la disposición del Ejecutivo deroga la Resolución 381/2006 y habilita, nuevamente, la contrainteligencia militar, que había estado suspendida e inhabilitada por ley, desde el año 2006. En este sentido, el proyecto solicita que se expliquen, de manera precisa, los fundamentos doctrinarios y jurídicos de la reforma, y hace especial hincapié en la incorporación de los siguientes conceptos: campo cognitivo, dominio informacional, amenazas híbridas y operaciones cognitivas.
En paralelo, el proyecto solicita que el Ejecutivo precise e informe los límites y controles institucionales establecidos sobre la contrainteligencia militar. Se busca conocer cuáles son, precisamente, los límites y controles que el Ejecutivo determinó para impedir que la contrainteligencia militar sea utilizada sobre actores políticos, sociales, sindicales, periodísticos y académicos, entre otros. Esto configura, de hecho, un punto de máxima sensibilidad, que es por lo que precisamente la reforma ha sido cuestionada y criticada por diferentes esferas del ámbito público y político, desde su oficialización la semana pasada. Además, el pedido de informes busca indagar sobre la intervención de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en el Sistema de Inteligencia de Defensa, “los mecanismos de supervisión parlamentaria y judicial, la eventual cooperación con estructuras extranjeras y los riesgos institucionales derivados de la flexibilización de las fronteras entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia interna”.
Proyecto de declaración
Dentro de los proyectos de declaración, se remarca la preocupación ante la modificación y la reestructuración del Sistema de Inteligencia de Defensa. El proyecto de declaración, bajo el EXPTE 2209-D-2026 presentado por el legislador Juliano de Provincias Unidas, expresa “preocupación institucional” ante la reforma del SIDEF. Se reconoce, de hecho, que esta introduce una ampliación de las facultades de inteligencia y contrainteligencia militar, mediante la introducción de amplias e indeterminadas categorías, que deben ser esclarecidas y explicadas por la autoridad competente, como se solicitó en el pedido de informes elevado por el mismo Juliano, el pasado viernes. Además, se resalta que, mientras se ampliaron facultades de inteligencia y contrainteligencia militar, no se han fortalecido simultáneamente los mecanismos de control democrático correspondientes o en su defecto, ello no ha sido detallado.
En paralelo, el proyecto de declaración –en línea con el pedido de informes al Ejecutivo– advierte sobre los riesgos de centralización funcional del SIDEF, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado y en este sentido, sobre la posible afectación del principio de estricta diferenciación entre defensa nacional, seguridad interior e inteligencia interna que rige en el ordenamiento jurídico argentino. Este punto ha venido siendo cuestionado por la oposición que reconoce la existencia de límites difusos entre Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia y ha denunciado la situación en repetidas ocasiones.
Finalmente, el proyecto de declaración exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a garantizar que ninguna actividad de inteligencia o contrainteligencia militar sea dirigida hacia actores políticos, periodistas, organizaciones sociales, sindicatos, universidades o ciudadanía en ejercicio de sus derechos constitucionales. Con críticas y cuestionamientos, desde el Congreso Nacional se elevan y presentan pedidos de informes y proyectos de declaración frente a la reforma del Sistema de Inteligencia de Defensa y la habilitación para que las Fuerzas Armadas argentinas realicen tareas y funciones de contrainteligencia militar, luego de 20 años de suspensión e inhabilitación por ley. La reforma ya se encuentra bajo la lupa, mientras los principales cuestionamientos y dudas giran en torno a los límites institucionales, y los mecanismos de control civil y fiscalización parlamentaria.
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