Las Fuerzas Federales de Seguridad (FF.SS) atraviesan una crisis de representación, según advierten diversos reportes recientes, donde la verticalidad del mando se estaría viendo significativamente amenazada por el malestar de las bases contra sus conducciones. ¿Uno de los motivos? La situación salarial que se viene advirtiendo, mes a mes.
Las 5 Fuerzas Federales de Seguridad viven, a día de hoy, un complejo escenario interno, con malestar y descontento frente a los salarios del personal, que no son actualizados desde noviembre de 2025. Si bien se han otorgado sumas adicionales y bonos no remunerativos, los haberes básicos del personal de seguridad no son ajustados y actualizados, desde finales del año pasado, cuando finalizó la última escala salarial aprobada por el Gobierno Nacional.
Desde la asunción de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad Nacional, en diciembre de 2025 tras la salida de Patricia Bullrich, las Fuerzas Federales no han recibido aumentos salariales oficiales, solo bonos y suplementos, que no conforman el haber básico. Y si bien, desde el oficialismo reconocen que la recomposición salarial del personal de seguridad es una prioridad del gobierno y del propio Presidente de la Nación, Javier Milei, ello no se traduce en los hechos.
En este contexto, se crea una sensación de desamparo institucional para los uniformados. Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario comparten el mismo escenario interno de malestar y descontento frente a estas cuestiones comunes, que son transversales a cada Fuerza en particular, evidenciando una fractura interna que se explica como resultado de demandas y reclamos no escuchados y satisfechos, que exponen la compleja realidad de los uniformados.
Los salarios: el eje del malestar
La cuestión salarial es, de hecho, el eje principal de este actual escenario interno dentro de las Fuerzas Federales de Seguridad. Según recientes reportes, a día de hoy, un Gendarme II percibe $711.920, un Agente de la Policía Federal Argentina (PFA) subsiste con $878.108 por mes y un Marinero de la Prefectura Naval Argentina (PNA) cobra un haber básico de $741.312. Los números muestran una desactualización y un desajuste salarial palpable, que es lo que reclaman, precisamente, los propios uniformados diariamente, en tanto el último aumento e incremento formal de sus haberes mensuales fue en noviembre de 2025.
Por su parte, en los escalafones más bajos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) –Oficial Ayudante– y del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –Subadjutor o Guardia– se revela que la situación es peor, con ingresos que, en algunos casos, no llegan a cubrir el costo de la Canasta Básica Familiar. Todo ello impulsa el pluriempleo informal, al que acude parte del personal, fuera de su horario de servicio para cubrir sus necesidades básicas, según se ha podido saber en los últimos meses.
Una crisis de representación
En este complejo escenario, surge la crisis de representación que advierte diversos reportes y las tensiones internas, con las bases que acusan a los jefes de las Fuerzas de actuar con pasividad frente a los reclamos y las demandas salariales, que vienen esbozándose desde inicios del 2026, y de alinearse con las decisiones de ajuste de la ministra Monteoliva. Además, critican la pasividad de los jefes ante la falta de cobertura médica frente a la crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que está siendo suplida progresivamente, a través de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), para la Gendarmería y la Prefectura.
En Prefectura el malestar se centra también en la decisión de la cúpula de la Fuerza de avalar el impuesto de los coseguros privados. En paralelo, en la PSA y el SPF, las críticas se concentran en el congelamiento de los suplementos por recargo de servicio. Cada Fuerza concentra sus propias demandas y reclamos, como las mencionadas, pero todas se centran en la misma base: el retraso salarial y la sensación de desamparo institucional, que se traducen en una crisis de representación. En este escenario, se ha revelado que, ante la imposibilidad legal de sindicalizarse que tienen las Fuerzas Federales de Seguridad, el malestar y el descontento de los uniformados es canalizado, diariamente, mediante protestas informales.
Cabe recordar, de hecho, que en el mes de abril se llevó adelante una manifestación histórica que reunió a uniformados y familiares de las 5 Fuerzas Federales de Seguridad frente al Edificio Centinela de la Gendarmería para reclamar un aumento y recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo. En paralelo, se ha divulgado que la respuesta de las cúpulas de conducción de las Fuerzas de Seguridad ante las protestas informales ha sido el endurecimiento de las sanciones disciplinarias para los uniformados.
Así, por ejemplo, se reveló que en la Policía de Seguridad Aeroportuaria se multiplicaron los sumarios por “falta de decoro digital”, ante los reclamos de los uniformados a través de las redes sociales y las viralizaciones de dichos contenidos. Mientras que, según la información disponible, en Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, se han activado traslados de destino arbitrarios a destacamentos aislados para neutralizar los reclamos vigentes desde hace meses. De esta manera, se presenta una crisis de representación en las FF.SS que se argumenta y explica como resultado de la situación salarial y la sensación de desamparo institucional, que enfrenta a las bases con las cúpulas de conducción, que han endurecido las sanciones disciplinarias frente a las protestas y reclamos del personal de seguridad.
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