Un conjunto de 15 diputados han presentado un proyecto de declaración contra el “accionar represivo” de las Fuerzas de Seguridad, en el marco de las diferentes movilizaciones, aunque especialmente de las marchas en defensa del aumento de los haberes jubilatorios. En el mismo, se expresa el “más enérgico repudio al accionar represivo sistemático desplegado por las fuerzas de seguridad desde la asunción del actual Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, hacia jubiladas, jubilados y distintos sectores de la sociedad civil que ejercen su legítimo derecho a la protesta”.
Los diputados firmantes manifiestan su profunda preocupación ante la implementación y ejecución del Protocolo Antipiquetes, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. Según su consideración, este mecanismo que aplica el Ministerio ante la organización de movilizaciones y marchas “ha conllevado a una escalada de violencia institucional, criminalización de la protesta y vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la integridad física y el derecho a la manifestación pacífica”.
Antecedentes
El Ministerio de Seguridad Nacional ha desplegado diferentes operativos de seguridad, en el marco de las protestas y movilizaciones jubilatorias, que tienen lugar cada miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional. Sin embargo, el operativo desplegado en la masiva jornada del 12 de marzo del corriente año, donde jóvenes ciudadanos se unieron a los pedidos de los jubilados, bajo la consigna de los clubes barriales de fútbol que se manifestaron a favor, ha desatado cierto malestar y descontento en la opinión pública, como así también al interior del Gobierno.
Se conoce que a causa del polémico operativo de la fecha, la Ministra Bullrich ha debido despedir al Director de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer Picado, como resultado de una intensa discusión con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en Casa Rosada. Aunque desde el Gobierno niegan esta información, El Estratégico accedió a información exclusiva y descubrió que la decisión de desplazar a Ferrer Picado se desencadenó a partir de la movilización del 12 de marzo.
Desde entonces, la aplicación del Protocolo Antipiquetes no ha cesado y de hecho, se hace presente en cada protesta y movilización social. Cabe recordar que, el Protocolo habilita a las Fuerzas de Seguridad Federales, tanto a la Gendarmería Nacional como a la Policía Federal, a intervenir y tomar acción ante casos de “impedimento al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”, siendo de aplicación para regular el accionar policial durante protestas y manifestaciones sociales.
Sin embargo, el Gobierno Nacional presentó los detalles del operativo de las Fuerzas de Seguridad Federales en la protesta jubilatoria del 12 de marzo, que dejó decenas de heridos y detenidos y provocó un fuerte caos social en la ciudad de Buenos Aires, a través del Informe Nº142 que presentó el Jefe de Gabinetes, Guillermo Francos, ante la Honorable Cámara de Diputados. Allí se dio a conocer que dicho operativo contó con un total de 1.266 efectivos, distribuidos entre las distintas Fuerzas de Seguridad Federales y Policiales, ya que hubo intervención y participación de la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para la implementación del Protocolo Antipiquetes. En el Informe Nº142 se dejó constancia de que la información relativa a las movilizaciones jubilatorias de los miércoles posteriores, se encuentran en proceso de consolidación y se estima que dicha información será presentada posteriormente por el Gobierno Nacional.
Fundamentos del proyecto de declaración y firmantes
Entre los fundamentos del proyecto de declaración, se destaca que desde el inicio de la actual gestión gubernamental, se han registrado numerosos episodios y acciones de represión violenta de las Fuerzas de Seguridad Federales, en el marco del Protocolo Antipiquetes, ante manifestaciones y movilizaciones públicas de carácter pacifico. En este sentido, se resalta que muchas de ellas han tenido como protagonistas a jubiladas y jubilados, estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales.
En el texto del proyecto, se adjudica que el Protocolo diseñado e implementado por el Ministerio de Seguridad Nacional, “autoriza procedimientos orientados a disolver manifestaciones mediante el uso de fuerzas federales, sin intervención judicial previa y con una ostensible desproporcionalidad en el uso de la fuerza”. Se sostiene que manifestarse es un derecho y no un delito, por lo que, no puede considerarse la protesta social como una amenaza a la seguridad e integridad ciudadana sino que lejos de ser eso, la protesta social “es una expresión legítima de participación y disconformidad ciudadana en contextos de ajuste y vulnerabilidad creciente”.
En este sentido, el proyecto de declaración ha citado dos casos de ejemplo de un patrón generalizado, en el marco del actual Gobierno Nacional, de violencia institucional y persecución, hacia quienes se manifiestan o incluso se solidarizan con “los sectores desfavorecidos”. De tal manera, se hace mención al caso del fotógrafo, Pablo Grillo, quien fue herido de gravedad por un cartucho de gas disparado por un Gendarme, mientras fotografiaba la protesta jubilatoria del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso Nacional; como así también el caso del sacerdote Francisco Olivera, quien fue agredido mientras intentaba asistir a una jubilada, en el marco de una manifestación pacífica en defensa de los jubilados.
De esta manera, los 15 diputados firmantes le solicitan a sus pares que acompañen el proyecto de declaración contra el accionar represivo de las Fuerzas de Seguridad y reafirmen su compromiso con la democracia, como así también con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Entre los legisladores firmantes, que pertenecen a la oposición, encontramos a:
- Natalia Zaracho (Frente Patria Grande)
- Paula Penacca (Unión por la Patria – UxP)
- Mónica Macha (UxP)
- Pablo Carro (UxP)
- Eduardo Valdés (UxP)
- Daniel Gollán (UxP)
- Lorena Pokoik (UxP)
- Ana Carolina Gaillard (UxP)
- Sabrina Selva (UxP)
- Gabriela Estévez (UxP)
- Carlos Castagneto (UxP)
- Eugenia Alianiello (UxP)
- José Glinski (UxP)
- Juan Marino (UxP)
- Victoria Tolosa Paz (UxP)
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