El 16 de octubre de 2027 expira el Acuerdo para la Cooperación Relativa a los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre Argentina y Estados Unidos, en vigor desde 1997. Treinta años de marco jurídico bilateral para la cooperación nuclear civil. En febrero de 2026, ambas delegaciones se comprometieron a “agilizar la negociación” de un acuerdo sucesor. El problema no es el calendario. Es que Argentina llega a esa mesa habiendo cedido previamente —sin reciprocidad documentada— tres de sus principales cartas de negociación. Una potencia no negocia lo que ya entregó.
Un Acuerdo 123 —nombre técnico derivado de la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica de los Estados Unidos de 1954— es el instrumento jurídico que habilita la cooperación nuclear civil significativa entre Washington y sus contrapartes bilaterales. No es un protocolo de intenciones: es un tratado que establece condiciones vinculantes sobre qué puede hacerse con el material, la tecnología y el conocimiento transferidos.
La Sección 123 exige que cualquier país socio cumpla nueve criterios de no proliferación antes de firmar. Entre ellos: que el material nuclear transferido permanezca bajo salvaguardias en perpetuidad; que el país no sea Estado poseedor de armas nucleares y mantenga salvaguardias completas de la OIEA —Organismo Internacional de Energía Atómica—; y, el más relevante para Argentina, que Estados Unidos conserve derechos de consentimiento previo sobre cualquier enriquecimiento o reprocesamiento de material nuclear originado en el acuerdo. Sin esa autorización expresa, el material no puede enriquecerse ni reprocesarse.
Esto no es un detalle administrativo. El enriquecimiento y el reprocesamiento —conocidos en la industria nuclear como ENR— son las etapas del ciclo nuclear que más valor estratégico concentran: transforman uranio natural en combustible reactor o extraen plutonio del combustible irradiado. Son también las mismas tecnologías que, en otras configuraciones, producen material para armas. Por eso Estados Unidos exige control explícito sobre ellas en todos sus acuerdos bilaterales.
Existe además una categoría más restrictiva: el llamado “estándar de oro” (gold standard), inaugurado con los Emiratos Árabes Unidos en 2009, por el cual el país socio renuncia voluntariamente a desarrollar cualquier capacidad ENR. Quien acepta el gold standard no necesita pedir permiso a Washington: simplemente declara que esas capacidades no formarán parte de su programa. El precio de esa simplicidad es la soberanía sobre el ciclo completo.
Lo que Argentina construyó para no usar
En 1978 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Nuclear Non-Proliferation Act. Entre sus disposiciones, la ley cerraba el acceso a tecnología y material nuclear a países que no aceptaran salvaguardias plenas del OIEA. El efecto inmediato sobre Argentina fue el corte del suministro de origen estadounidense. La respuesta argentina fue construir Pilcaniyeu.
La planta de enriquecimiento en Río Negro quedó operativa en 1983. Su existencia no fue un accidente tecnológico ni una ambición científica sin propósito: fue la respuesta soberana de un país que decidió no depender de quien podía cerrarle el grifo. Eso es exactamente lo que es una carta de negociación —algo que se construye antes de que llegue la presión, no después.
Argentina es uno de los aproximadamente trece países del mundo que dominan la tecnología de enriquecimiento de uranio. Eso no es un dato menor: coloca al país en una categoría estratégica reservada para las potencias nucleares de primer nivel, los estados con ambición nuclear madura y un puñado de países que, como Argentina, desarrollaron esa capacidad décadas atrás y la mantienen como activo latente.
En junio de 2025, el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, anunció que la institución quiere reactivar la minería de uranio y volver a enriquecer uranio en el país, esta vez con tecnología de centrifugación, más eficiente que la difusión gaseosa. El objetivo declarado: convertir esa capacidad en la base para exportar tecnología de reactores modulares pequeños y posicionar a Argentina como proveedor en el mercado global de combustible nuclear.
El problema es el contexto en que ese anuncio se hace: presupuesto de ciencia y tecnología recortado un 40%, gasto total en CyT cayendo al 0,22% del PBI cuando la ley mandaba el 0,45%, y la iniciativa de reactivar el enriquecimiento sin fondos públicos, con la esperanza declarada de que el sector privado cubra lo que el Estado retiró. Cuarenta y cuatro años después de construir Pilcaniyeu como respuesta soberana al cierre de suministro, Argentina llega a la renegociación del Acuerdo 123 con esa planta sin presupuesto de reactivación y sin una posición documentada sobre qué derechos de enriquecimiento quiere preservar en el nuevo acuerdo. El país que construyó la carta llega a negociar el marco que regula esa carta sin haber decidido qué defiende.
Argentina tiene la tecnología para enriquecer uranio y el yacimiento más grande de la región. Lo que no tiene es la decisión política de tratarlos como lo que son: cartas de negociación.
La 19.ª reunión y el compromiso de velocidad
El 25 de febrero de 2026, en Washington, comenzó la 19.ª reunión del Comité Permanente Conjunto de Cooperación en Energía Nuclear entre Argentina y Estados Unidos. La delegación argentina fue presidida por Federico Ramos Nápoli, Secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía; la estadounidense, por Gonzalo Suárez, Subsecretario Adjunto de Política de No Proliferación del Departamento de Estado. La reunión duró tres días. En la declaración conjunta, ambas delegaciones “hicieron hincapié en la voluntad de acelerar las negociaciones para asegurar el marco jurídico necesario y dar continuidad a los proyectos conjuntos”.
La voluntad de acelerar no es neutra. Un acuerdo negociado con prisa favorece a quien tiene posición previa definida. Estados Unidos la tiene: la Sección 123 tiene criterios establecidos por ley, actualizados por décadas de práctica, y la maquinaria del Departamento de Estado —con Oficina de Control de Armas y No Proliferación (ACN) y experiencia en veintiséis acuerdos vigentes con cuarenta y nueve países— dedicada a aplicarla. La delegación estadounidense llega a cada reunión con un texto base, con posiciones consolidadas sobre ENR, con criterios claros sobre qué acepta y qué no.
Argentina llega con declaraciones de buena voluntad, un Secretario de Asuntos Nucleares que depende del Ministerio de Economía, y ningún documento público que especifique qué está dispuesta a ceder y qué no. Esta no es una crítica al funcionario: es una descripción del estado institucional. La ausencia de posición documentada no refleja incapacidad individual; refleja que Argentina no tiene una doctrina nuclear de negociación. Lo que no se escribe, no se defiende.
El FIRST y el costo de la señalización
En septiembre de 2025 —meses antes de la 19.ª reunión del Comité—, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en adherirse como “socio contribuyente” al FIRST —Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology, el Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños—, liderado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El FIRST está dirigido por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado —la misma oficina que lidera la negociación del Acuerdo 123 por el lado estadounidense—. El programa busca “aprovechar la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo.” Los “socios contribuyentes” aportan “financiamiento, experiencia técnica y apoyo en especie.” Argentina co-preside la próxima conferencia regional de FIRST para Latinoamérica y el Caribe sobre SMR, prevista en Buenos Aires en 2026. El marco técnico, los estándares de seguridad, los criterios de no proliferación son los de Washington.
La pregunta que nadie responde públicamente es: ¿cómo afecta la adhesión al FIRST la posición de Argentina en la renegociación del Acuerdo 123? Un país que ya opera dentro del marco técnico de la contraparte negociadora tiene menos argumentos para exigir condiciones distintas. No es que el FIRST inhabilite ninguna demanda jurídica —los dos son instrumentos separados—, pero señaliza disposición política. Argentina ya eligió el carril. Negociar desde ese carril no es una conversación sobre el camino a tomar; es una conversación sobre los detalles del camino ya tomado.
HALEU: la apuesta que el plan no cubre
Los reactores modulares de próxima generación no son una categoría homogénea. Más de la mitad de los diseños SMR actualmente en desarrollo requieren uranio enriquecido entre el cinco y el veinte por ciento —lo que la industria denomina HALEU, por sus siglas en inglés: High-Assay Low-Enriched Uranium. Los diseños Natrium, Xe-100, Hermes, Aurora y Radiant, todos en desarrollo en Estados Unidos, se encuentran en esa categoría. El umbral importa: el enriquecimiento convencional para reactores de agua liviana se ubica por debajo del cinco por ciento. Producir HALEU requiere exactamente la capacidad técnica que Argentina tiene en Pilcaniyeu.
El ACR-300 que INVAP diseñó usa combustible estándar, por debajo del cinco por ciento. Eso no cierra el argumento; lo precisa. El Plan Nuclear Argentino establece como uno de sus objetivos la exportación de combustible nuclear. Si Argentina quiere competir en ese mercado —no solo con su propio diseño sino como proveedor en el ecosistema SMR global— necesita que el nuevo Acuerdo 123 no subordine a consentimiento previo caso por caso toda posibilidad de enriquecer por encima del cinco por ciento.
Esa cláusula se negocia ahora o no se negocia. No existe instancia posterior. Un país que llega a 2027 sin haber definido si quiere preservar esa opción no la pierde porque la contraparte se la quite: la pierde porque nunca decidió si la quería. La omisión estratégica no es un accidente. Es una política por defecto.
El plan que no menciona el marco
El Plan Nuclear Argentino fue anunciado en diciembre de 2024 por el presidente Javier Milei. Sus pilares son la construcción de un reactor ACR-300 en Atucha —con INVAP como socio minoritario de un inversor estadounidense que adquirió la patente del diseño—, el desarrollo de una “ciudad nuclear” en la Patagonia para atraer centros de datos de inteligencia artificial, y la exportación de uranio enriquecido. El mismo mes del anuncio, el presidente de la CNEA, Germán Guido Lavalle, comunicó la desactivación del proyecto CAREM, el pequeño reactor modular de diseño argentino con 63% de avance físico, calificándolo de “comercialmente inviable”.
El resultado es una paradoja documentada: el gobierno cancela el reactor SMR argentino más avanzado del mundo —con 700 millones de dólares invertidos y obra civil al 85%— y anuncia en el mismo movimiento que Argentina será potencia exportadora de reactores modulares. El plan existe en el documento. Lo que no existe es la conexión entre ese plan y el instrumento diplomático que determina si alguno de sus objetivos es legalmente posible.
El Acuerdo 123 con Estados Unidos vence el 16 de octubre de 2027. Ambas partes se comprometieron en febrero de 2026 a agilizar su renovación. El Plan Nuclear Argentino no contiene ninguna referencia a ese proceso. Anuncia ambiciones para un sector cuyo marco jurídico bilateral está siendo renegociado en paralelo, sin que ninguno de los dos procesos informe al otro.
Un análisis del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, publicado en septiembre de 2025, concluye que el PNA “carece de lineamientos claros, como de un presupuesto establecido a los fines de llevarlo a cabo. Tampoco queda claro qué se planea con las privatizaciones de empresas claves en el área.” La omisión más costosa, sin embargo, no está en el presupuesto: está en la ausencia de una posición soberana para la negociación que ya comenzó.
La acumulación que define la posición
Los artículos anteriores de esta serie documentaron dos decisiones que se leen de forma diferente cuando se las observa junto a la renegociación del Acuerdo 123.
La primera: el conocimiento acumulado en el CAREM-25 —el pequeño reactor modular de diseño argentino, construido al 85% en Lima, Buenos Aires— no fue protegido con clasificación formal. El marco jurídico existe: la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional clasifica como SECRETO toda información cuya divulgación pueda afectar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas; la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública reconoce como excepción válida la información clasificada por razones de defensa. Argentina tiene esas normas. Simplemente nunca aplicó ninguna de ellas al CAREM.
La segunda: INVAP S.E. —la empresa estatal de Río Negro, referencia del desarrollo tecnológico nuclear argentino— opera en el consorcio Meitner Energy como socio minoritario de un proyecto liderado por capital extranjero, para desarrollar el ACR-300 que ocupa el centro del nuevo plan nuclear del gobierno. Una empresa del Estado argentino como subcontratista minoritaria de un consorcio extranjero, para construir el reactor de referencia del programa nuclear argentino.
Se agrega ahora la adhesión al FIRST, el compromiso de “agilizar” la negociación del Acuerdo 123 sin posición soberana documentada, la desactivación del CAREM, el recorte del 40% al presupuesto de la CNEA y la ausencia de cualquier referencia al Acuerdo 123 en el propio Plan Nuclear. El cuadro no es de una mala decisión aislada. Es de una acumulación de señales que —tomadas en conjunto— configuran una posición negociadora antes de que empiece formalmente la negociación. No por lo que Argentina dijo; por lo que Argentina hizo.
Lo que falta no es voluntad negociadora: es planeamiento estratégico. En el vocabulario de la defensa nacional, ese concepto tiene un contenido preciso —la decisión documentada, previa a la negociación, de qué se defiende, qué se cede y en qué orden. Argentina llega a 2027 sin ninguna de esas tres respuestas escritas.
Ninguna de estas decisiones fue producto de un plan coordinado de cesión. Probablemente fueron tomadas en momentos distintos, por actores distintos, con argumentos razonables en cada caso individual. Pero la política exterior nuclear no es la suma de decisiones individuales razonables: es el perfil que esas decisiones construyen ante la contraparte. Y ese perfil, hoy, dice: Argentina quiere acelerar el acuerdo, opera dentro del marco técnico de Washington, ha cedido el conocimiento de su reactor sin clasificación, ha colocado a su empresa de referencia como socio minoritario de un consorcio extranjero, y tiene un plan nuclear que no menciona el acuerdo que condiciona ese plan.
En febrero de 2026, Argentina firmó con Estados Unidos el Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos. El secretario de Estado Marco Rubio enmarcó el acuerdo como parte de la estrategia de Washington para reducir la dependencia global del mercado chino de tierras raras. Argentina firmó. Y al mismo tiempo que firmó, la mayor parte de su producción de litio siguió teniendo como destino China. No hubo cláusula de exclusividad. No hubo compromiso de redirigir flujos comerciales preexistentes. Argentina accedió a un marco de cooperación con Washington sin clausurar sus opciones comerciales con Beijing. Eso tiene un nombre: mantener márgenes de maniobra. Es lo que hace un país que entiende que cooperar con una potencia no requiere entregarle el control de sus opciones estratégicas.
La pregunta que el Acuerdo 123 pone sobre la mesa es si Argentina va a aplicar en materia nuclear la misma lógica que aplicó en minerales. En minerales había un antecedente comercial que preservar y una decisión política de no clausurarlo. En nuclear, la ausencia de posición documentada significa que Argentina puede inadvertidamente cerrar opciones —enriquecimiento, HALEU, independencia del ciclo— sin haberlo decidido. No como política soberana. Como omisión.
Negociar sin posición es validar la posición del otro. En minerales, Argentina supo mantener márgenes de maniobra: firmó con Washington sin cerrar las opciones con Beijing. La pregunta de 2027 es si aplica esa misma lógica cuando el recurso que negocia es el átomo.
La mesa de 2027 no está vacía. Está puesta con lo que Argentina ya cedió a lo largo de tres movimientos documentados en esta serie: el conocimiento del CAREM sin clasificación formal, su empresa de referencia como socio minoritario de un consorcio extranjero, su adhesión al programa técnico de la contraparte —y encima de todo eso, cuarenta y cuatro años de una capacidad soberana construida para no depender, hoy sin presupuesto de reactivación y sin posición documentada sobre qué quiere preservar. Un país que construyó Pilcaniyeu como respuesta al cierre de suministro, que sabe mantener márgenes de maniobra cuando negocia sus minerales, y que llega a renegociar su marco nuclear sin ninguna de esas respuestas escrita —ese país no negocia condiciones: ratifica las que el otro ya supuso.
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