El brillo que nadie quiere
El 13 de septiembre de 1987, dos hombres encontraron en un hospital abandonado de Goiânia —capital del estado brasileño de Goiás— un aparato de teleterapia que nadie había reclamado. Lo cargaron en una carretilla. Lo llevaron a casa. Lo desarmaron con las herramientas que tenían a mano. Dentro del blindaje de plomo y acero encontraron una cápsula sellada. Al abrirla, descubrieron algo que no esperaban: un polvo que brillaba en la oscuridad, de un azul intenso y extraño.
Era cesio-137 —isótopo radiactivo del cesio, elemento número 55 de la tabla periódica, producido como subproducto de la fisión nuclear— en forma de cloruro de cesio. Emite radiación gamma de alta energía. En dosis suficientes produce quemaduras por radiación, síndrome agudo y, a largo plazo, cáncer. La cápsula contenía 50,9 terabecquerels de actividad. Suficiente para matar.
El polvo azul les pareció fascinante. Lo compartieron. Lo untaron en la piel. Una niña de seis años jugó con él. En dos semanas, cuatro personas murieron. Doscientas cuarenta y nueve fueron contaminadas. Más de cien mil fueron monitoreadas. Siete casas fueron demolidas. Doscientas personas evacuadas. El costo de la remediación fue catastrófico. El costo humano, irreversible.
Nadie en Goiânia quería aprender a brillar de esa manera. Pero nadie tampoco había diseñado un sistema para que ese material no terminara en manos que no supieran lo que tenían.
Rosario, junio de 2026: el corredor abierto
El 17 de junio de 2026, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta nacional: una fuente de calibración de cesio-137 —material que la OIEA clasifica según su nivel de actividad y peligrosidad potencial— había sido sustraída del Instituto de Cardiología Dr. Luis González Sabathie, sobre calle Rioja al 1500, en el centro de Rosario. La fuente había sido utilizada por última vez el viernes 12 de junio y quedó almacenada sobre una mesada de laboratorio, dentro de una caja de plomo sin llave ni sistema de control de acceso efectivo —un estándar de Safety que la ARN pudo certificar, pero que en términos de Security equivalía a dejar la puerta entreabierta en el microcentro de una ciudad de un millón de habitantes—.
La ARN activó su Sistema de Intervención en Emergencias Radiológicas (SIER) y notificó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y a la División de Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA). La Fiscalía de Rosario abrió una investigación penal. Para el 19 de junio, inspectores de la ARN recorrían el Instituto con detectores de radiación.
La actividad de la fuente sustraída es incomparablemente menor a la de Goiânia —la ARN lo aclaró desde el primer comunicado, aunque sin publicar la cifra exacta—. Pero esa aclaración no responde la pregunta que importa desde una perspectiva de defensa nacional: ¿qué habría pasado si la cápsula hubiera llegado a las manos equivocadas?
La amenaza no está en la actividad de la fuente, sino en lo que su sustracción revela sobre la capacidad del Estado para detectar, clasificar y escalar un incidente. No es una pregunta retórica. Es una pregunta de planeamiento.
El fiscal, el planificador y el principio que los separa
El cesio-137 figura en los manuales de los servicios de inteligencia del mundo como uno de los materiales de referencia para la fabricación de un artefacto de dispersión radiológica —lo que se conoce popularmente como “bomba sucia“—: un dispositivo que combina explosivos convencionales con material radioactivo para contaminar un área urbana, generar evacuaciones masivas y producir un pánico que puede paralizar una ciudad durante años. Se han documentado al menos dos intentos de uso de cesio en dispositivos de ese tipo, ambos en Chechenia, ambos neutralizados antes de su detonación.
En la respuesta al robo de Rosario aparecieron la ARN, la AFE, la PFA y la Fiscalía. Son los organismos correctos para una emergencia radiológica civil. Pero operan bajo lógicas institucionales incompatibles con el planeamiento de defensa cuando se trata de un material de estas características.
La Fiscalía de Rosario investiga bajo el principio de presunción de inocencia y tipicidad penal: asume que hay un ladrón común buscando vender chatarra hasta que la evidencia demuestre lo contrario. El tiempo judicial es el de la instrucción; el umbral de acción es la prueba. El planeamiento estratégico opera bajo una lógica opuesta. Ante la sustracción de una fuente radiactiva con potencial de uso malintencionado, el Estado no presume al ladrón inocente: presume el escenario de máxima letalidad posible y trabaja hacia atrás desde ahí. El umbral de acción no es la prueba; es la posibilidad. La diferencia entre ambas lógicas no es filosófica. Es la diferencia entre responder a una crisis y haberla anticipado.
Ninguno de los organismos que respondió en Rosario tiene mandato para evaluar si el robo fue oportunista o dirigido —si hubo reconocimiento previo del objetivo, si la sustracción fue selectiva, si el material apareció en circuitos de inteligencia conocidos—. Ninguno activa canales de inteligencia estratégica. Ninguno coordina con el Ministerio de Defensa (MINDEF) porque no existe protocolo que lo establezca. El MINDEF no apareció en ningún comunicado porque nadie está obligado a avisarle. Un fiscal no puede ser el primer “respondiente” estratégico de la Nación. Y sin embargo, en Rosario en junio de 2026, lo fue.
La trampa del idioma y la inexistencia de la balanza
Hay una trampa lingüística en el corazón de este problema que conviene nombrar, porque sin entenderla es imposible construir la balanza que falta. La doctrina de no proliferación nuclear anglosajona —y los estándares de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA)— traza una distinción técnica y operativa entre dos categorías que en inglés son inconfundibles: Nuclear Safety y Nuclear Security.
Nuclear Safety es la seguridad operacional: que el contenedor no pierda plomo, que el técnico no reciba dosis indebida, que el material se almacene según protocolo. Es lo que regula y certifica la ARN. Nuclear Security es la protección física: que ningún actor no autorizado acceda, sustraiga o utilice el material con fines ilícitos. Es lo que debería vigilar —también— la defensa nacional.
En español, ambas convergen en la palabra “seguridad”. Cuando la ARN certifica que un contenedor cumple normas de “seguridad” —en sentido de Safety—, el sistema administrativo asume automáticamente que el material también goza de “seguridad” en sentido de Security. La caja de plomo sin llave del Instituto de Cardiología de Rosario cumplía con Safety. No tenía Security. Nadie en la cadena institucional estaba obligado a notar la diferencia.
El error no nace de la negligencia de un funcionario. Nace de la epistemología del Estado: un sistema que no distingue conceptualmente entre ambas categorías no puede producir políticas que las atiendan por separado. El problema no es la ausencia de documentos de planeamiento —la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) 2018 existe—; es la brecha entre lo escrito y la práctica interagencial real ante incidentes de esta naturaleza.
Y aquí aparece el problema de fondo. El isótopo de Rosario es, en rigor, la maqueta a escala de un problema monumental: un Estado que carece de la arquitectura de planeamiento para trazar la trazabilidad estratégica de cincuenta gramos de cesio sobre una mesada jamás tendrá la capacidad de modelar la defensa de la Cuenca del Colorado, el Atlántico Sur o el litio de la Puna. El problema no es la masa del objeto extraviado; es la inexistencia de la balanza.
Los recursos naturales sin custodiar son oportunidades perdidas —riqueza que podría aprovecharse y no se aprovecha, costos de oportunidad que se acumulan en silencio. Una fuente radiactiva de alto riesgo sin custodiar es una vulnerabilidad activa —un peligro presente, no diferido, que no espera a que el Estado decida prestarle atención. No es lo mismo. Y la diferencia entre ambas categorías es exactamente lo que el planeamiento estratégico nacional debería poder medir —si existiera como práctica interagencial articulada en tiempo real, y no solo como documento de política. ¿Qué necesitaría esa balanza para existir? Al menos tres cosas.
Tres cosas que deberían existir y no existen
Un enlace de datos dedicado ARN-DGIEMCO/EMCO. Tras la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) dispuesta por el DNU 941/2025, la producción de inteligencia estratégica militar quedó concentrada en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). Cuando la ARN activa el SIER por extravío o robo de una fuente de alto riesgo, la notificación no debe ir difusamente “al Ministerio de Defensa”. Debe disparar simultánea y automáticamente un enlace a dos terminales específicas: la DGIEMCO y la Jefatura III – Operaciones del EMCO. No para que un ministro político lea un correo. Para que el oficial de inteligencia de guardia tenga un testigo rojo encendido en su consola antes de que la noticia llegue a los diarios.
Estándares de Security diferenciados por categoría OIEA. La ARN regula Safety. Una resolución conjunta MINDEF-ARN —sin necesidad de legislación nueva— puede establecer que el EMCO contribuya a los criterios de Security para fuentes radiactivas sensibles, independientemente de su categoría OIEA. Argentina no necesita inventar el estándar; necesita adoptarlo y asignar responsabilidad institucional sobre él. Una caja de plomo sin llave no pasa el umbral de Security. El umbral de notificación no debe ser el pesaje del isótopo, sino la vulneración del perímetro de Security: si alguien entró y se llevó una fuente, el EMCO debe saberlo antes de que lo sepa el periodista.
Un proceso de evaluación estratégica con modelado de escenarios urbanos. La pregunta de si un robo fue oportunista o dirigido es de inteligencia. Pero hay una pregunta anterior, que es de planeamiento: ¿qué pasa si una fuente sustraída en Rosario, en CABA o en Córdoba termina en un artefacto de dispersión en el centro de cualquiera de esas ciudades? Ese modelado no existe. Debería ser un insumo estándar del planeamiento de defensa. Hoy no lo es porque el proceso que debería producirlo —el planeamiento estratégico interagencial articulado en tiempo real— no existe.
Leide das Neves Ferreira tenía seis años cuando su tío le mostró el polvo azul que brillaba en la oscuridad. Lo untó en su cuerpo como si fuera un cosmético mágico. Murió cuarenta días después. No había ningún sistema diseñado para evitar que ese material llegara a sus manos. Había regulaciones. Había un organismo. Lo que no había era la decisión institucional de tratar ese material como lo que era: una variable de Security nacional, no solo un problema de gestión de residuos médicos.
En Rosario, en junio de 2026, una fuente de cesio desapareció de una mesada sin llave en el centro de una ciudad de un millón de habitantes. La ARN actuó. La PFA investigó. La Fiscalía tomó el caso. La DGIEMCO no fue notificada. El EMCO no activó protocolo. El planeamiento estratégico nacional no modeló ese escenario porque el planeamiento estratégico nacional, como práctica interagencial articulada en tiempo real, no existe.
Goiânia tardó dos semanas en entender lo que tenía en la mano. Argentina lleva décadas sin entender lo que tiene en la mesa.
Nadie quiere aprender a brillar de esa manera. Pero querer no alcanza. Hace falta un Estado que lo planifique.
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