Hay una planta en Arroyito, Neuquén. Es la única instalación de producción industrial de agua pesada —el insumo moderador esencial para los reactores nucleares argentinos— en toda América Latina. Entre 2017 y 2025, estuvo paralizada. Las tres centrales nucleares del país siguieron funcionando porque Argentina importó el insumo desde Rumania. Un solo proveedor, al otro lado del mundo, para el moderador de tres reactores en operación. Nadie en el Poder Ejecutivo firmó un análisis de riesgo estratégico antes de tomar esa decisión. O si lo firmó, no es público. Lo que sí es público es que el Ministerio de Defensa Nacional (MINDEF) no estuvo en esa sala.
Hoy la planta se quiere reactivar. Hay un acuerdo con una empresa canadiense, una iniciativa privada de USD 120 millones, y mucho entusiasmo en los despachos energéticos. Lo que no hay —lo que nunca hubo— es un protocolo que responda una pregunta elemental: ¿qué pasa si el operador privado quiebra, es comprado por un fondo extranjero, o simplemente decide que el contrato ya no le conviene?
Esa pregunta ausente no es un detalle técnico. Es la diferencia entre una política de soberanía y un contrato de servicios energéticos. Y Argentina, sistemáticamente, eligió el contrato.
El viaje de ida a Rumania
Para entender lo que significa depender de Rumania para el agua pesada, hay que entender primero para qué sirve el agua pesada. El óxido de deuterio (D₂O) es el moderador que permite que los reactores tipo CANDU —Canada Deuterium Uranium— operen con uranio natural sin enriquecer. Argentina tiene reservas de uranio propio. Tiene los reactores. Y tuvo, hasta 2017, la única planta de producción de D₂O de América Latina.
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito fue inaugurada en 1993. Capacidad: 200 toneladas anuales. Propiedad: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Operación: la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), sociedad mixta con participación mayoritaria de la Provincia de Neuquén. En 2017, una decisión del Poder Ejecutivo la paralizó.
No hubo drama público. No hubo debate parlamentario. La planta se apagó y las centrales nucleares empezaron a importar D₂O de Rumania —el único proveedor alternativo de escala en el mercado global. Durante ocho años, el insumo moderador de Atucha I, Atucha II y la Central Nuclear Embalse viajó desde el otro lado del Atlántico.
Ocho años pagándole a Rumania por el insumo que Argentina sabe
producir sola. Eso no es gestión energética. Es tercerización de
soberanía con factura en euros.
Lo irónico —o lo revelador, según el humor con el que se lea— es que Argentina construyó esa planta precisamente para no depender de nadie. La PIAP nació de una decisión estratégica: el país quería un ciclo de combustible nuclear autónomo. Uranio propio, agua pesada propia, reactores propios. La paralizó sin que nadie explicara cómo esa autonomía iba a mantenerse importando el insumo clave desde Europa del Este.
Lo que el OIEA sabe desde 1961 y el MINDEF parece no haber incorporado
El agua pesada no es agua de la canilla con un nombre sofisticado. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la clasifica bajo su sistema de salvaguardias desde 1961, porque el mismo ciclo que da autonomía energética puede facilitar la producción de material fisionable. Los reactores CANDU, operando con uranio natural, generan plutonio-239 como subproducto de la fisión. No automáticamente como arma —el diseño de operación importa— pero sí como posibilidad técnica verificada.
En 1974, India lo demostró. Detonó su primer dispositivo nuclear usando plutonio producido en un reactor canadiense moderado con agua pesada de origen estadounidense, bajo compromisos de uso exclusivamente pacífico. La brecha entre los compromisos y la realidad fue tan escandalosa que siete países exportadores de tecnología nuclear fundaron ese mismo año el Grupo de Proveedores Nucleares (NSG), que desde entonces incluye las plantas de producción de D₂O en su lista de materiales de control de exportación.
Canadá había advertido al OIEA en 1968 —seis años antes del ensayo— sobre la capacidad de producción de plutonio de sus reactores. La advertencia fue registrada. Las salvaguardias no se ajustaron. India detonó. Y el mundo aprendió que el moderador nuclear no es un commodity: es el eslabón que conecta el uranio natural con el ciclo nuclear completo.
Argentina aprendió la lección en el plano técnico —construyó la PIAP, desarrolló sus reactores, avanzó en el ciclo de combustible. Lo que nunca incorporó es la dimensión de defensa que esa misma tecnología implica. El OIEA lo sabe desde 1961. El NSG lo sabe desde 1975. El Ministerio de Defensa argentino no tiene asiento en el directorio de la CNEA. Por diseño legal. Desde 1956.
La Ley de 1956, el vicealmirante y la paradoja que nadie quiere ver
El Decreto-Ley 22.498/56, sancionado en diciembre de 1956, constituyó el directorio de la CNEA con un presidente y cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo. El artículo 7 exige versación en energía atómica. No menciona al Ministerio de Defensa. No porque lo olvidaran: porque en 1956 Argentina quería demostrarle al mundo —y al recién fundado OIEA— que su programa nuclear era exclusivamente pacífico. Excluir formalmente al aparato de defensa era la señal. Y funcionó.
La paradoja llega veinte años después. Entre 1976 y 1983, el vicealmirante Carlos Castro Madero —oficial en actividad, designado por la Junta Militar el 29 de marzo de 1976, y doctor en física nuclear por el Instituto Balseiro— condujo la CNEA desde el golpe hasta el fin del Proceso en 1983. Bajo su conducción se lanzó el programa secreto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, Río Negro, y el 18 de noviembre de 1983 Argentina anunció al mundo que había dominado esa tecnología. Fue el período de mayor avance autónomo del ciclo nuclear argentino. Un oficial naval con formación científica de primer nivel y perspectiva de defensa nacional al frente del organismo.
Castro Madero llegó a la CNEA en activo, por designación directa de la Junta, no por la vía institucional que el Decreto-Ley de 1956 hubiera permitido —porque ese decreto precisamente no la prevé. La articulación entre defensa y política nuclear existió. Produjo resultados extraordinarios. Y fue, en términos formales, una anomalía institucional que el marco legal nunca corrigió.
La articulación entre defensa y política nuclear existió, produjo
resultados extraordinarios, y fue en términos formales una anomalía
institucional que el marco legal nunca habilitó ni corrigió. Funcionó
a pesar de la anomalía, no gracias a ella. Lo que el período demostró no
es que los golpes de Estado mejoran la política nuclear — es que la
perspectiva de defensa en la conducción del organismo produce resultados
que cuarenta años de democracia no lograron institucionalizar.
Desde 1983 hasta hoy, la CNEA volvió a operar sin perspectiva de defensa institucionalizada en su conducción. La ley de 1956 sigue vigente. La Ley 24.804 de 1997, que reformó el régimen nuclear argentino, tampoco incorporó al MINDEF. Setenta años de señal de “uso pacífico” hacia el exterior. Setenta años sin que nadie propusiera corregir la desconexión entre el poder técnico nuclear y el poder de defensa nacional.
El decreto que nadie firma desde 1956
La reactivación de la PIAP tiene dos vectores visibles. El primero: un Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en mayo de 2025 entre la CNEA, la empresa canadiense Candu Energy y CONUAR (Combustibles Nucleares Argentinos). El segundo: una iniciativa privada presentada en junio de 2026 por SAESA y SPARK Energy Solutions por USD 120 millones para operar la planta con gas de Vaca Muerta.
Ambas iniciativas son bienvenidas en lo técnico y lo energético. Ninguna de las dos responde la pregunta que este artículo viene a instalar: ¿qué hace el Estado argentino si el operador privado entra en cesación de pagos, es adquirido por un fondo de inversión extranjero, o simplemente decide que el contrato ya no le conviene?
En Estados Unidos, el programa FOCI —Foreign Ownership, Control, or Influence— del Departamento de Energía permite rescindir unilateralmente el contrato de cualquier operador privado de instalaciones nucleares si queda bajo control extranjero. En India, el Atomic Energy Regulatory Board inspecciona continuamente y tiene mecanismos de reversión automática de activos al Estado. Argentina no tiene ninguno de esos mecanismos. No los tiene porque nunca los diseñó. Y nunca los diseñó porque el organismo que conduce la política nuclear no tiene, por diseño legal, la perspectiva de defensa nacional incorporada en su estructura de gobierno.
La solución existe. Es modesta. Es quirúrgica. No requiere reforma constitucional, no contradice ningún compromiso internacional. Requiere que el Poder Ejecutivo firme un decreto incorporando al directorio de la CNEA un representante del Ministerio de Defensa Nacional —con los mismos requisitos de idoneidad que el artículo 7° del Decreto-Ley 22.498/56 ya exige para los demás directores: versación acreditada en la materia. No un político de paso. Un analista con formación verificable en defensa, seguridad estratégica o política nuclear. El modelo ya existe en la propia ley fundacional de la CNEA. Solo hace falta aplicarlo.
El Decreto-Ley 22.498/56 no prohíbe la incorporación de un representante del MINDEF al directorio de la CNEA — simplemente no la prevé. El mismo mecanismo de designación presidencial que creó el directorio en 1956 alcanza para completarlo.
La herramienta está en la ley desde 1956. Un decreto alcanza. Setenta años sin que nadie se hiciera esa pregunta.
Mientras estas páginas circulan, alguien en un despacho está negociando quién opera la única planta de agua pesada de América Latina. Los técnicos de la CNEA revisan cronogramas con los canadienses. Los ejecutivos de SAESA y SPARK esperan respuesta del Ejecutivo.
Probablemente no haya nadie del Ministerio de Defensa en esa sala.
Por diseño.
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