El gobierno de Javier Milei lleva 28 meses de actividad desde su asunción al poder en diciembre de 2023. En este escenario y de cara a su tercer año de gestión, resulta interesante preguntarse ¿cuáles son las promesas que cumplió y no cumplió en Defensa y cuáles son aquellas que nadie puede medir todavía?
Dentro de las promesas que se consideran cumplidas o su defecto avanzadas, en materia de Defensa, se destaca, principalmente, la adquisición de nuevo equipamiento e instrumento militar. El Gobierno Nacional ha avanzado significativamente en procesos de compra y adquisición de capacidades militares, con el objetivo de modernizar el instrumento militar argentino. En esta línea, se destaca la compra de los caza F-16 Fighting Falcon para la Fuerza Aérea Argentina (FAA), los vehículos blindados de combate a rueda Stryker 8×8 para el Ejército Argentino (EA), los aviones de patrulla marítima Lockheed P-3C Orion para la Armada Argentina (AA), y la modernización de los TAM (Tanque Argentino Mediano) a la versión TAM 2C-AC, entre otros.
En línea con ello, el gobierno ha reforzado y consolidado las alianzas de cooperación internacional en materia de Defensa. Con su participación en foros estratégicos internacionales y su alineamiento internacional, bajo el eje Estados Unidos-Israel, ha estado buscando fortalecer y consolidar la cooperación militar y en Defensa, y mantener una agenda activa con socios estratégicos, orientada a la modernización del instrumento militar argentino para recuperar las capacidades de defensa perdidas, a lo largo de las últimas décadas. Bajo una lógica centrada en la configuración y construcción de alianzas de cooperación internacional, ha llegado nuevo equipamiento y en cierto punto, se busca que esto siga sucediendo, cumpliendo en parte la promesa de reequipamiento de las Fuerzas Armadas en los 28 meses de gobierno libertario.
En paralelo, el gobierno ha incrementado significativamente el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA) en la lucha contra las amenazas transnacionales y no estatales, como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico, entre otras. De este modo, el Ejecutivo ha buscado aumentar el rol del cuerpo militar en tareas de seguridad interior, mediante decretos, resoluciones y proyectos. Este punto, significativamente criticado y cuestionado por diversas esferas públicas y políticas, se ha visto, especialmente, materializado en el despliegue de la “Operación Roca” en el norte argentino.
A su vez, el gobierno de Javier Milei ha designado perfiles militares con peso sobre la Defensa Nacional. Ello se ha visto materializado, precisamente, en la designación del Teniente General Carlos Presti como Ministro de Defensa de la Nación. Cabe recordar que, desde el retorno a la democracia, en el año 1983, el cargo de Ministro de Defensa se encontraba sujeto a nombramientos y designaciones civiles. Todas estas cuestiones mencionadas se consideran promesas cumplidas del Gobierno Nacional en materia de Defensa, ya que hubo visibles decisiones políticas y estratégicas, destinadas a cumplir los objetivos y promesas esbozadas por el Ejecutivo.
Las promesas no cumplidas
Entre las promesas no cumplidas del gobierno en Defensa, se encuentran dos puntos claves: salarios militares y obra social. Estas se consideran incumplidas y de hecho, algunas han producido resultados opuestos a los prometidos por el oficialismo. La mejora de los salarios militares es una de ellas. Pese a la promesa de que el gobierno pondría, nuevamente, en valor y en lo más alto a las Fuerzas Armadas Argentinas, a día de hoy, la situación salarial de este sector se encuentra en progresivo deterioro.
Actualmente, hay una significativa pérdida del poder adquisitivo para el sector militar, que no registra un aumento de sus haberes mensuales desde el mes de febrero. Con salarios que no logran ganarle a la inflación, el sector registra una pérdida del poder adquisitivo, que se manifiesta con malestar y descontento por parte de los uniformados y de sus familias. La mejora en los salarios militares es, sin dudas, una promesa incumplida, a la que se le suma la salud militar. La recomposición de la obra social militar, conocida como Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), no ha generado los resultados prometidos y deseados, como resultado de una severa y compleja crisis financiera y operativa, que ha afectado de lleno las prestaciones, coberturas y servicios de salud.
De hecho, el gobierno, que prometía recomponer la situación del instituto, ha debido dictaminar su disolución y liquidación, y crear, en reemplazo, una nueva obra social para los uniformados, OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), que según se anunció este miércoles, avanza en la normalización del sistema de salud. En el marco del proceso de transición entre IOSFA y OSFA, se han registrado avances concretos en la atención y la prestación de los afiliados. En este sentido, se avanzó en el ordenamiento de la situación financiera y la regularización de los pagos, según comunicó el Ministerio de Defensa, este miércoles, a través de sus redes sociales.
Por su parte, la revalorización integral de las Fuerzas Armadas, que prometía y por la que abogaba el oficialismo, es una promesa que, a día de hoy, también se considera incumplida. Si bien, el proceso es largo y conlleva su tiempo, el gobierno prometía mejores condiciones, un mayo prestigio, priorizar a las FF.AA, modernizar el aparato militar y equipar a las Fuerzas con tecnología moderna. Sin embargo, actualmente, hay malestar interno, bajos salarios, dificultad de reclutamiento y bajas en el personal, producto de múltiples razones. Todo ello configura un panorama lleno de desafíos para las Fuerzas Armadas en este 2026, como adelantó El Estratégico. Además, si bien hubo procesos de compra puntuales, orientados a modernizar el aparato militar y equipar a las Fuerzas con tecnología moderna e innovadora, no se puede afirmar que la promesa en sí haya sido cumplida, en tanto no se presentó un salto estructural.
En paralelo, se ha buscado ordenar y normalizar los ascensos militares. No obstante, se reconoce que se han producido conflictos internos y cuestionamientos en los ascensos militares oficializados hasta el momento, generando el resultado opuesto a lo deseado y prometido por el Gobierno Nacional. Todas estas promesas, en general, se presentan como incumplidas con indicadores y variables que así lo demuestran.
¿Y las difíciles de medir?
Las promesas difíciles de medir en Defensa configuran, a día de hoy, el escenario más complejo para el gobierno en la materia, ya que no existe consenso real dentro del sector sobre si estas se han cumplido o no, a lo largo de los años de gobierno libertario, y nadie todavía puede medirlas. De hecho, algunos consideran que estas aún se encuentran abiertas y que estarían próximas a cumplirse.
Entre ellas encontramos, la modernización integral del sistema de Defensa argentino, la recuperación de la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas, el “renacimiento” militar, la lucha contra las amenazas complejas y no estatales, y la eficiencia del gasto en Defensa. En general, todas estas promesas conllevan procesos largos, pensados a largo plazo. Sin embargo, hay algunos indicadores y variables clave a tener en consideración.
A modo ilustrativo, la mejora en la eficiencia del gasto en Defensa es un objetivo pensado a largo plazo que, a día de hoy resulta difícil de evaluar sin datos comparables. Ello torna un tanto complejo poder definir si esta promesa ha sido cumplida o no. Su medición no es lineal, lo que complejiza significativamente el análisis. Algo similar sucede con el “renacimiento” militar argentino, que más que una promesa y un objetivo medible, es una narrativa política y subjetiva, que varía dependiendo de los criterios de observación y evaluación. Así también con la recuperación de la capacidad disuavia de las FF.AA, que resulta un concepto estratégico sin indicadores y criterios claros.
La lucha y el combate de las amenazas transnacionales y complejas, como el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, no tienen indicadores claros en Defensa, al ser temas y competencias propias de Seguridad Interior, que generan polémica y controversias en las esferas públicas y políticas, que cuestionan la intervención del aparato militar en asuntos de seguridad. Por su parte, la modernización integral del sistema de Defensa es una promesa difícil de medir, siendo un proceso a largo plazo y sin resultados cerrados. Todas estas promesas y objetivos de Defensa del gobierno entran en lo que se considera una zona gris, dependiendo íntegramente de criterios y evaluaciones subjetivas, y estando algunos sujetos al paso del tiempo. A día de hoy, nadie puede afirmar, todavía, que estos hayan sido cumplidos o no.
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