A casi un mes de la firma del acuerdo Mercosur–UE y de cara a su próximo tratamiento parlamentario, es de esperar que la Cancillería Argentina tenga conformado los equipos que trabajarán en las comisiones técnicas, haciendo especial hincapié en el Subgrupo de Trabajo N°5 (STG 5) – Transportes Mercosur. Habrá que estar atento también al rol de la Comisión del Acuerdo del Comité Intergubernamental de la Hidrovía – Paraguay – Paraná (CIH).
Si bien el corazón del tratado de libre comercio es arancelario, las disposiciones crean efectos, directos e indirectos, que afectarán, positiva o negativamente, a dos sistemas claves para las economías regionales: el de transporte y el de puertos. Por lo que, debe haber plena conciencia sobre el interés nacional y regional.
Es conveniente, que el Bloque Sudamericano se siente a negociar con una política de transporte de cargas y pasajeros consensuada. La apertura, sin mecanismos de salvaguardia, puede dejar a la producción regional y puntualmente, a la producción argentina, en manos de armadores navieros comunitarios europeos, que si bien, tienen buques propios, la mayoría suele operar con banderas por fuera de la Unión Europea (UE), pudiendo tomar posición dominante por asimetrías.
Oportunidades del acuerdo
El acuerdo Mercosur–UE configura importantes oportunidades para el transporte y los puertos, dos frentes de las negociaciones que aún resultan silenciosos y pasan por desapercibido. El acuerdo brinda un marco de seguridad jurídica que puede atraer importantes y significativos capitales europeos para el desarrollo de terminales portuarias “verdes” o incluso para infraestructuras críticas, bajo modelos de participación público-privada.
A su vez, la baja de aranceles para insumos y bienes de capital facilitaría la compra de motores, sistemas de navegación y acero naval especializado, que hoy resultan prohibitivos, elevando la competitividad de los astilleros locales con enfoques específicos e incentivando la modernización tecnológica. En paralelo, el aumento del flujo de carga que proyecta el acuerdo con el incremento de las exportaciones agroindustriales, fomentaría una mayor demanda de servicios portuarios directos y conexos. De hecho, los informes técnicos oficiales prevén un aumento del 76% de las exportaciones agroindustriales en los primeros 5 años.
El crecimiento escalonado y sustentable del comercio internacional, que se produciría como resultado, incentivaría la producción del Mercosur y el Cono Sur; mientras que la digitalización documental y la interoperabilidad de sistemas aduaneros, que exige el acuerdo provisional aprobado, reduciría los tiempos operativos en los puertos, garantizando la eficiencia operativa.
¿Y las amenazas?
Existen tres ejes críticos que se configuran como amenazas para el bloque sudamericano. En estos ejes es, precisamente, donde la brecha entre la Unión Europea y el Mercosur puede generar una posición dominante por parte de Europa. En primer lugar, el desequilibrio de la flota. La Unión Europea posee una de las flotas más modernas y tecnificadas. Sin embargo, muchos de los armadores europeos operan bajo otras banderas de conveniencia, provenientes de terceros países (extra-UE), para reducir costos.
Sin reglas de origen estrictas en el acuerdo aprobado provisionalmente por Europa, estas empresas podrían acceder al mercado regional con beneficios de “bloque” y con costos operativos de paraísos fiscales, compitiendo deslealmente con las marinas mercantes de los países del Mercosur.
La capacidad operativa y financiera configura el segundo eje crítico del acuerdo para el Mercosur, como resultado de las asimetrías de capital. Estas permiten a los armadores comunitarios de Europa ofrecer tarifas que las empresas del Mercosur no podrían llegar a sostener. Si no se establecen mecanismos de salvaguardia acordes, la apertura del cabotaje o de servicios directos y conexos, podría derivar en prácticas monopólicas por parte de las grandes navieras europeas.
En tercer lugar, los estándares técnicos y la sostenibilidad se presentan como una amenaza directa para el Mercosur. La Unión Europea exige certificaciones de trazabilidad y descarbonización. Como resultado de la existencia de esta normativa interna dentro del bloque de integración, sus buques ya cumplen con estas condiciones y estándares. Sin embargo, para el Mercosur estas exigencias actúan como barreras para-arancelarias. Sin una transición negociada y una transferencia tecnológica acorde, la flota regional podría quedar excluida de los contratos de transporte por incumplimiento de estándares.
¿Cuáles deberían ser los lineamientos para establecer mecanismos de salvaguardia operativos acordes?
Se reconocen, al menos, cuatro lineamientos clave para el establecimiento de mecanismos de salvaguardia operativos, en el marco del acuerdo Mercosur–UE: reciprocidad efectiva, Marina Mercante Regional, exclusión de cabotaje y gradualidad por asimetría.
El acceso de los armadores de la Unión Europea al transporte de cargas entre puertos del Mercosur quedará supeditado a la existencia de condiciones de reciprocidad real, para asegurar la reciprocidad efectiva. En este sentido, se entenderá por armador de la UE únicamente a aquel cuya flota esté efectivamente matriculada en un Estado miembro del bloque de integración y cuya propiedad y control mayoritario sean de capitales de la Unión Europea.
El segundo lineamiento es el establecimiento de una Marina Mercante Regional. Las partes acordarían una reserva de un determinado porcentaje, a negociar y definir, de la carga generada por el comercio bilateral para ser transportada por buques de bandera nacional de los países miembros del Mercosur, en pos de evitar posiciones dominantes que afecten la sostenibilidad del sector naval regional.
En tercer lugar, se considera que el transporte de cabotaje nacional y los servicios de dragado, balizamiento y asistencia portuaria deben quedar excluidos de la liberalización inmediata. Cada Estado miembro se reserva el derecho de aplicar su normativa interna para proteger su industria estratégica y seguridad navegable.
Finalmente, se busca limitar y contener las asimetrías, a través de un régimen gradual, estableciendo un período de transición de 10 años antes de cualquier modificación en los regímenes de contratación pública (Public Procurement) para servicios fluviales, y condicionando la transferencia efectiva de tecnología y programas de financiamiento para la modernización de la flota del Mercosur. Reciprocidad efectiva, Marina Mercante Regional, exclusión de cabotaje y gradualidad por asimetría son las pautas acordes y necesarias para un acuerdo justo e integrador, con una mirada integral que identifique la importancia estratégica de los sistemas de transporte y los sistemas portuarios.
Te puede interesar: Un acuerdo histórico, múltiples efectos – Oportunidades y desafíos para la Argentina frente al acuerdo Mercosur–UE
