Este miércoles 5 de junio, el Poder Ejecutivo de Argentina sancionó un decreto modificando el Decreto 918/2012 relativo al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Esto lleva a preguntarse, ¿cuál es la posición Argentina frente a este delito transnacional?
Herramientas de la Argentina
Desde el año 2000, la República Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental cuyo propósito es establecer normas para la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento terrorista y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
A partir de las llamadas “40 Recomendaciones” del GAFI, Argentina sancionó la Ley N° 26.734, conocida como la ley antiterrorista, para combatir el lavado de activos y el terrorismo, dos problemáticas que guardan una profunda relación según el organismo internacional.
A partir de dicha ley, se reforzó el sistema de prevención y lucha contra estas problemáticas al modificar las disposiciones penales y al facultar a la Unidad de Información Financiera (UIF) para llevar a cabo el congelamiento administrativo de activos vinculados a dichas acciones delictivas.
Por otro lado, el país cuenta con un Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), el cual tiene como finalidad brindar acceso e intercambio de información sobre personas vinculadas al terrorismo, y así facilitar la cooperación doméstica e internacional en la prevención, combate y erradicación del terrorismo y su financiamiento.
Golpes terroristas en el país
La República Argentina ha experimentado dos atentados terroristas en su historia reciente: uno dirigido contra la embajada del Estado de Israel el 17 de marzo de 1992, y otro contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994.
Tales eventos generaron una preocupación sin precedentes en el país frente a las amenazas provenientes de redes de terrorismo internacional, situación que obligó a que se adopte una postura proactiva en materia de seguridad.
De hecho, en el mencionado decreto modificatorio del Poder Ejecutivo Nacional se contempla a dichos sucesos como principal justificación antecesora.
Además, el decreto establece que “los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional.”
¿Qué establece el nuevo decreto?
El Decreto 496/2024 introduce cambios significativos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo con el objetivo fortalecer las medidas preventivas y garantizar una respuesta eficiente a las operaciones sospechosas dentro del país.
Para ello, impone obligaciones específicas a bancos y otras instituciones financieras, quienes deberán verificar las listas de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Poder Ejecutivo Nacional.
En caso de identificar alguna operación sospechosa, deben congelar de inmediato los activos relacionados sin notificar a las partes involucradas, informando a la Unidad de Información Financiera (UIF), y presentar un informe sobre la operación sospechosa de financiamiento del terrorismo.
Además, regula la información a incluir en el registro, el cual contendrá datos sobre personas o entidades investigadas por delitos de terrorismo, y sobre aquellas personas o entidades que representen una amenaza para la seguridad nacional, según los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores.
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina
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