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El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), actualmente en proceso de disolución, aprobó un régimen de retiro voluntario para su personal civil de planta permanente, con compensaciones económicas que pueden alcanzar el equivalente a 30 remuneraciones mensuales y un período de adhesión que se extenderá desde este jueves 12 hasta el 26 de noviembre. La medida forma parte de la reorganización del sistema de salud militar impulsada por el Gobierno nacional y se produce después de que el Poder Ejecutivo modificara las condiciones para transferir trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 721/2026, firmada el 11 de noviembre por el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi, y publicada este jueves en el Boletín Oficial. El régimen comprende exclusivamente al personal de planta permanente alcanzado por la Ley 25.164 y establece tres categorías de retiro, diferenciadas según la edad, la antigüedad laboral y la cantidad de aportes jubilatorios acreditados. Además de las compensaciones, contempla mecanismos para mantener temporalmente la cobertura médica de los trabajadores desvinculados y restricciones para quienes pretendan reincorporarse posteriormente al sector público nacional.
La aprobación del régimen representa un nuevo avance dentro del proceso de disolución iniciado en febrero, cuando el Gobierno decidió dividir la cobertura sanitaria militar y de las fuerzas federales de seguridad entre dos nuevos organismos. Como informó El Estratégico, el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026 dispuso la liquidación del IOSFA y la creación de OSFA y OSFFESEG, con el objetivo declarado de reorganizar las prestaciones médicas y corregir los desequilibrios financieros acumulados por el instituto.
Sin embargo, la situación del personal experimentó una modificación durante octubre. El DNU 1286/2026, publicado el 28 de ese mes, reemplazó el esquema inicial de transferencia integral de trabajadores por otro en el que el Directorio de OSFA determinará los puestos necesarios para su funcionamiento y seleccionará al personal del IOSFA que será incorporado. Para justificar ese cambio, el Gobierno señaló que la nueva obra social tendrá una población beneficiaria menor, debido a la separación de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, y que deberá respetar un límite del 8% de sus recursos para gastos administrativos y de funcionamiento.
La nueva disposición se inscribe directamente en ese proceso. Su texto señala que la liquidación del IOSFA requiere adecuar la cantidad de trabajadores de planta permanente antes de completar las transferencias hacia OSFA, bajo criterios de optimización de recursos. La norma no informa cuántos empleados podrán adherirse, qué cantidad de puestos busca reducir el Gobierno ni cuál será el costo total del programa, por lo que todavía no es posible dimensionar su impacto sobre la estructura laboral del antiguo instituto.
Compensaciones de hasta 30 sueldos: quiénes podrán acceder al retiro voluntario del IOSFA
El Anexo I de la disposición establece tres grupos de trabajadores, definidos tomando como referencia la edad y la antigüedad acreditadas al 11 de noviembre de 2026. El régimen contempla distintas compensaciones según la cercanía de los agentes a la jubilación y el tiempo durante el cual hayan prestado servicios como personal de planta permanente.
El primer grupo comprende a mujeres de 58 años o más y hombres de 63 años o más que todavía no reúnan los aportes suficientes para acceder a la jubilación ordinaria. Estos trabajadores podrán elegir entre dos modalidades: una prestación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual durante un máximo de 36 meses, o una compensación única calculada sobre la base de un salario por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un límite de 18 remuneraciones y sujeta también al tiempo restante para reunir los requisitos jubilatorios.
En el caso de quienes opten por la prestación mensual, el IOSFA deberá continuar realizando los aportes y contribuciones correspondientes al sistema previsional y a la obra social durante el período de pago. El beneficio concluirá cuando el trabajador reúna los requisitos jubilatorios o se cumplan los 36 meses máximos establecidos, lo que ocurra primero.
El segundo grupo está integrado por mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes jubilatorios. Para ellos se establece una gratificación equivalente a un sueldo por cada año de antigüedad computable, con un máximo de 18 remuneraciones y limitada por los meses restantes para alcanzar los requisitos de jubilación. A ese importe se sumará una compensación adicional equivalente a cinco sueldos brutos, que se abonará junto con la primera cuota.
La tercera categoría comprende a las mujeres de hasta 57 años y a los hombres de hasta 62 años. En este caso, los trabajadores que acrediten hasta 24 años de antigüedad podrán percibir una remuneración por cada año de servicio, más una suma adicional de hasta cinco sueldos, sin que el total supere las 30 remuneraciones. Para quienes registren 25 años de antigüedad o más, la compensación prevista será directamente equivalente a 30 sueldos brutos habituales, según las condiciones establecidas en el artículo 8 del régimen.
Las gratificaciones únicas de hasta $20 millones deberán abonarse mediante un solo pago. Cuando el monto supere esa cifra, la normativa establece cuotas mensuales y consecutivas de $20 millones, con un máximo de tres pagos y cancelación del saldo restante en la última cuota. Las sumas se acreditarán en la cuenta bancaria donde cada trabajador percibe habitualmente sus haberes y deberán contar con la conformidad previa de la Unidad de Auditoría Interna.
El régimen también introduce condiciones que pueden limitar el acceso. Quedan excluidos, entre otros, quienes ya reúnan los requisitos para obtener la jubilación ordinaria, hayan iniciado determinados trámites previsionales, estén sujetos a ciertos procedimientos disciplinarios o mantengan reclamos laborales administrativos o judiciales en las condiciones previstas por la normativa. También establece requisitos particulares para quienes tengan representación sindical, que deberán renunciar a sus mandatos o candidaturas de manera condicionada a la aceptación del retiro.
Ocho años sin regresar al Estado y seis meses de cobertura médica: las condiciones de la desvinculación
Una de las disposiciones más relevantes del programa aparece en el artículo 15 del Anexo I, que establece que los trabajadores que acepten el retiro voluntario no podrán reincorporarse ni continuar prestando servicios en el sector público nacional durante ocho años, contados desde la fecha efectiva de su desvinculación. La prohibición alcanza a distintas modalidades de empleo y contratación, incluidos cargos de autoridades superiores, asesorías y contratos vinculados con proyectos financiados por organismos internacionales, aunque contempla una excepción para el ejercicio de la docencia en universidades nacionales.
El incumplimiento de esa restricción podrá provocar la interrupción de las cuotas pendientes y la obligación de devolver las compensaciones percibidas, conforme a las condiciones previstas en la reglamentación. El procedimiento aprobado en el Anexo II incorpora mecanismos de actualización de esas sumas mediante el Índice de Precios al Consumidor y un adicional del 3% anual, con criterios diferenciados según el tiempo transcurrido desde la desvinculación.
Respecto de la cobertura médica, la norma establece que OSFA deberá mantener sin cargo la atención asistencial del trabajador y de su grupo familiar adherente durante seis meses cuando se trate de agentes que hayan accedido a las modalidades de compensación única. Para quienes opten por la prestación mensual del 60%, el régimen contempla la continuidad de los aportes y contribuciones a la obra social durante el período en que se abone ese beneficio, hasta el máximo previsto.
Estas condiciones adquieren importancia porque la salida de trabajadores del antiguo instituto se desarrolla mientras OSFA consolida su funcionamiento administrativo y prestacional. El Estratégico informó en septiembre que la nueva obra social proyecta administrar aproximadamente $700.100 millones en ingresos corrientes durante 2027 y recibir más de $62.300 millones en transferencias del Tesoro Nacional, en el marco de una estructura destinada a brindar cobertura a unos 325.000 afiliados.
La reorganización también comprende el patrimonio y las instalaciones del antiguo IOSFA. Como documentó El Estratégico en marzo, el proceso incluyó el análisis de 44 inmuebles vinculados con el instituto y las condiciones para su eventual reasignación a OSFA. La nueva disposición incorpora ahora una dimensión laboral concreta a ese proceso de transferencia de recursos y funciones, aunque no permite determinar todavía qué áreas perderán personal ni cómo se distribuirán las tareas entre los trabajadores que permanezcan en actividad.
El procedimiento de adhesión estará abierto hasta el 26 de noviembre inclusive, con carácter improrrogable, y deberá tramitarse mediante el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La Subgerencia de Recursos Humanos será responsable de verificar la situación laboral de cada solicitante, revisar sus antecedentes previsionales, calcular las compensaciones y elevar las actuaciones para su aprobación. Las decisiones deberán emitirse dentro de un máximo de diez días contados desde el día hábil siguiente al cierre de la inscripción y notificarse a los interesados dentro de los dos días hábiles posteriores al acto administrativo.
La presentación de una solicitud, sin embargo, no garantiza que el retiro sea aceptado. La autoridad competente podrá rechazar una adhesión cuando considere necesario preservar la continuidad, regularidad y eficacia de las funciones del área donde se desempeña el trabajador. La desvinculación solamente se producirá cuando exista un acto administrativo de aceptación que establezca expresamente la fecha de cese.
Con el nuevo régimen, el Gobierno incorpora una herramienta para reorganizar la dotación de personal del IOSFA antes de completar su liquidación, mientras OSFA define qué trabajadores necesita conservar para sostener sus servicios. Por el momento, la disposición establece las condiciones económicas y administrativas de esa transición, pero todavía no permite conocer cuántos agentes abandonarán efectivamente el instituto, qué impacto presupuestario tendrá el programa ni cómo se garantizará la cobertura de los puestos que resulten necesarios para el funcionamiento de la nueva obra social militar.
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