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Con una inversión de hasta USD 2.100 millones y producción prevista para 2028, el proyecto petrolero ingresó en su fase decisiva. Las advertencias se acumularon antes de la cadena nacional, pero la respuesta del Gobierno llegó cuando Sea Lion ya estaba en marcha.
El desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, ingresó en una etapa decisiva. La inversión aprobada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en diciembre de 2025 prevé el inicio de la producción en 2028, con un volumen inicial estimado de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.
Para la Argentina, se trata de una actividad ilegal realizada sin autorización en un área sujeta a una disputa de soberanía. Para el Gobierno de Javier Milei, el avance del proyecto abrió además un interrogante político: por qué la reacción pública de mayor alcance llegó después de una sucesión de advertencias.
Sea Lion no es un hecho aislado ni reciente. Es el resultado de más de cinco décadas de estudios, licencias y campañas de perforación impulsadas de facto por el Reino Unido y las autoridades isleñas. La diferencia es que, tras años de demoras económicas y técnicas, el emprendimiento dejó de ser una posibilidad y comenzó a convertirse en una operación concreta.
De los primeros estudios al hallazgo de Sea Lion
La exploración petrolera en las aguas circundantes a las Islas Malvinas comenzó a fines de la década de 1960. Tras el conflicto de 1982, las autoridades isleñas, con respaldo británico, profundizaron la administración unilateral de las licencias. En 1996 adjudicaron siete áreas en la Cuenca Norte y, dos años después, seis perforaciones confirmaron la presencia de petróleo y gas, aunque sin resultados comerciales.
El salto decisivo llegó en mayo de 2010, cuando Rockhopper Exploration descubrió Sea Lion, unos 220 kilómetros al norte de Puerto Argentino. La evaluación posterior confirmó su potencial, pero la caída del precio del crudo y los altos costos logísticos demoraron durante años el desarrollo.
La inversión que cambió el escenario
El proyecto recuperó impulso con el ingreso de Navitas Petroleum, que asumió como operador y alcanzó una participación del 65 por ciento, mientras Rockhopper conservó el 35 por ciento. En 2022, la Argentina también inhabilitó a Navitas por 20 años.
En diciembre de 2025, ambas empresas adoptaron la Decisión Final de Inversión para las fases 1 y 2 del Área Norte. El desembolso estimado hasta el primer petróleo se ubica entre USD 1.800 y 2.100 millones. Durante 2026 continuaron los avances de infraestructura, la definición de la solución FPSO —una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga— y la organización logística en Puerto Argentino.
A septiembre de 2026 todavía no hay producción comercial. Pero la decisión financiera, el cronograma de obras y el horizonte de 2028 marcaron una diferencia sustancial: Sea Lion dejó atrás la etapa de expectativa. Ese cambio fue señalado antes de la cadena nacional por funcionarios provinciales, dirigentes políticos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
Las advertencias que precedieron a la cadena nacional
Luego de la autorización otorgada por las autoridades isleñas en diciembre de 2025, el Gobierno de Tierra del Fuego expresó un rechazo inmediato. Andrés Dachary, secretario de Malvinas de la provincia, calificó la decisión de unilateral, ilegal y provocadora, y solicitó al Presidente de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores medidas diplomáticas y jurídicas de mayor alcance. La provincia también promovió la convocatoria urgente del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas difundió dos informes en los que sostuvo que Sea Lion ya no debía analizarse como una promesa lejana, sino como una inversión en ejecución. Su análisis puso el foco en la composición societaria, el monto comprometido y la fecha prevista para el inicio de la producción. También formuló observaciones críticas sobre la oportunidad y el alcance de la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
En el Congreso, las advertencias adoptaron la forma de pedidos de informes y proyectos de resolución. El expediente 3596-D-2024 solicitó a la Cancillería que detallara las acciones diplomáticas vinculadas con la consulta popular de 2024 y los antecedentes de sanción a Navitas. En diciembre de 2025, el expediente 6990-D-2025 rechazó la decisión de inversión e instó a impulsar medidas ante organismos multilaterales y los Estados de origen de las empresas.
Otras iniciativas reclamaron la aplicación efectiva de las leyes 26.659 y 26.915, protestas formales ante las representaciones del Reino Unido e Israel y mecanismos de seguimiento parlamentario. El 30 de marzo de 2026, el expediente 0982-D-2026 solicitó a la Cancillería rechazar cualquier explotación de yacimientos adyacentes a las islas que no contara con autorización argentina.
También hubo una ofensiva judicial. La Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata promovieron ante el Juzgado Federal de Río Grande una acción preventiva por daño ambiental colectivo y en resguardo de la soberanía. Entre las medidas requeridas incluyeron la suspensión de las obras y de las operaciones financieras asociadas al proyecto.
Una respuesta oficial bajo presión
La Cancillería había formulado rechazos durante 2025 y 2026. Sin embargo, la acumulación de alertas y el avance material del proyecto llevaron al Gobierno a comunicar una respuesta de mayor alcance, con sanciones, disposiciones destinadas a agilizar su aplicación y el anuncio de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar o reforzar la Ley 26.659, aún no presentado al Congreso.
La discusión no se limita a si hubo o no reacción oficial. El punto central es su oportunidad y eficacia. Cuando una inversión de esta magnitud alcanza la decisión final, organiza su logística y fija una fecha de producción, el margen de acción diplomática y económica comienza a estrecharse. De allí que las críticas opositoras y provinciales se hayan concentrado en la falta de una política más temprana, coordinada y sostenida.
La posición jurídica argentina permanece definida por la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional y por las leyes 26.659 y 26.915. El desafío es traducir ese marco en capacidad efectiva para elevar los costos legales, financieros y reputacionales de las empresas involucradas, sostener los reclamos multilaterales y coordinar a la Nación, las provincias y el Congreso.
Sea Lion condensa, así, una disputa que excede al sector energético. Allí convergen la soberanía, la explotación de recursos naturales, el ambiente, la política exterior y la capacidad del Estado para anticiparse a hechos consumados.
El proyecto todavía no produce petróleo, pero ya puso en evidencia una vulnerabilidad: la Argentina reaccionó con mayor intensidad cuando la inversión estaba en marcha y el calendario comenzaba a correr.
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