El Gobierno Nacional modificó y modernizó el régimen minero vigente en el territorio nacional. A través del Decreto 482/2026 del Poder Ejecutivo, publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno actualizó y simplificó el reglamento del Régimen de Inversiones Mineras, en el marco de un proceso de modernización normativa. El Régimen de Inversiones Mineras es una norma que llevaba más de 30 años sin actualizarse, según indican desde el gobierno.
Argentina es un país con un significativo potencial minero: litio, oro, plata, cobre, son algunos de los principales minerales que radican en los suelos argentinos y suponen grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo. De cara al futuro, el complejo minero local ha estado consolidándose y desarrollándose, paso a paso en los últimos años, con nuevas inversiones y proyectos a largo plazo, incentivados por la creciente demanda internacional de minerales críticos y el clima de inversión que se ha generado en el país, bajo el gobierno de Javier Milei.
En este sentido, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno Nacional en 2024, ha sido una herramienta clave para incentivar las inversiones mineras y formalizar proyectos e iniciativas de inversión a largo plazo en el territorio nacional, vinculados al complejo minero. En esta misma línea, desde el gobierno consideran que el potencial minero argentino, fundado en los vastos recursos que posee el país en la materia, necesita de reglas claras, previsibles y simples para incentivar la inversión.
Por ello, como explicó esta mañana el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el gobierno modificó la Ley 24.196 para modernizar y actualizar el Régimen de Inversiones Mineras. Entre los cambios implementados, a través del Decreto 482/2026, firmado por el Presidente de la Nación, Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra la simplificación y clarificación de la emisión del certificado de estabilidad fiscal, y la simplificación de la documentación requerida y solicitada para la devolución del IVA en etapa exploratoria.
Además, como explica Sturzenegger, para importar bienes de capital, partes, repuestos y equipos, el régimen establecía que las empresas necesitaban de una autorización previa de la autoridad de aplicación. Con el nuevo régimen, la autorización se reemplaza por una declaración jurada con control ex post. Además, se amplía el universo de bienes amortizables, bajo el régimen especial, para incluir a los bienes reacondicionados. Lo que supone, según el funcionario que ha impulsado e incentivado esta modificación bajo el proceso de modernización y simplificación normativa, “una adecuación a la realidad operativa del sector”.
Sturzenegger explica, además, que el régimen vigente exigía una previsión contable especial para remediar y compensar un potencial daño ambiental. Sin embargo, ello se pisaba con la exigencia del seguro ambiental prevista en la Ley General del Ambiente, que es contemporánea al régimen, que no se actualizaba hace más de 30 años, según el gobierno. Con la modernización del Régimen de Inversiones Mineras, se establece, ahora, que el Seguro Ambiental satisface el requisito del esquema minero evitando, de esta manera, duplicaciones normativas.
Finalmente, como el tratamiento de minerales y su extracción se suelen encontrar geográficamente distantes, el gobierno decidió ampliar la distancia a la cual los proyectos se consideran regionalmente integrados, pasando de 200km a 500km. El objetivo de esta modificación normativa es evitar que las empresas y compañías caminen por la vía de la excepción y puedan operar con normalidad, según indica el ministro. Todas estas modificaciones señaladas y explicadas por el funcionario del gobierno de Javier Milei “permiten simplificar, reducir costos y bajar la incertidumbre asociada a cada intervención estatal. Menos trámites es menos riesgo” concluye Sturzenegger en un reciente posteo realizado en redes sociales, donde celebra la medida del Gobierno Nacional de modernizar y simplificar el reglamento del Régimen de Inversiones Mineras vigente, tras más de 30 años sin modificaciones ni actualizaciones.
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