El incremento de incautaciones de droga en Misiones, en la región norte del país en general, y el aumento en el consumo de estupefacientes, mayormente el clorhidrato de cocaína y la marihuana, dan a entender un avance gradual del crimen organizado sobre territorio argentino. Todo parece indicar que, a diferencia de la década pasada, donde Argentina era vista como un mero punto de tránsito, ahora se ve un ciclo casi completo del narcotráfico, con excepción de una producción masiva de hoja de coca o cannabis. Esto, dado que se tiene evidencia de procesamiento de droga con precursores químicos, transporte, almacenamiento, distribución y el lavado de los activos financieros obtenidos de esta economía criminal.
La cadena de valor del narcotráfico, y de otros mercados ilícitos, parece estar expandiéndose desde el norte hacia los puertos argentinos. Según un informe de GI-TOC (Global Initiative Against Transnational Organized Crime), las regiones más cercanas a la Triple Frontera mantienen un ecosistema criminal donde convergen una diversidad de actores locales y transnacionales, mientras diversas economías criminales se complementan para generar ingresos: contrabando, narcotráfico y el tráfico de armas.
Geoestrategia del narcotráfico
Al converger tres límites internacionales y varios mercados ilícitos en una misma región, la Triple Frontera implica diferencias en las regulaciones legales de cada país, lo que genera una disparidad en el control de los tres Estados y, por ende, facilidades para evadir a las fuerzas de seguridad cruzando de una jurisdicción a otra. Además, las rutas fluviales de la Hidrovía Paraguay-Paraná siguen siendo un atractivo para el crimen organizado, incluso con la fuerte regulación por parte del Comando Tripartito, su enorme flujo comercial se presta para el establecimiento de enclaves estratégicos, tomando provecho de rutas logísticas legales para enviar sus mercancías ilícitas a diferentes mercados a la vez.
El narcotráfico se adentra en los mercados mediante rutas, contactos e intermediarios propios de la economía del contrabando transfronterizo. Tras sacar la hoja de coca de Bolivia y la marihuana de Paraguay, las sustancias se dirigen hacia las provincias de la Mesopotamia argentina, ya sea por vía terrestre mediante pasos paralelos o por la hidrovía a través de las rutas fluviales del NEA (Noreste Argentino). De hecho, según la policía fronteriza brasileña, existen 300 puertos clandestinos a lo largo de los Ríos Paraná e Iguazú.
En tierra argentina, estas rutas se desarrollan a lo largo de la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 34, facilitando la bajada rápida de sustancias y bienes ilícitos hacia grandes centros de consumo y transporte fluvial, como las ciudades de Rosario y Buenos Aires. En grandes áreas urbanas, las pandillas locales se encargan del microtráfico mediante menudeo de aquellas sustancias de menor calidad, o por su mezcla, más baratas y de menor pureza. Estos corredores se conectan con el NOA (Noroeste Argentino), teniendo a las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe como punto de transporte a través de la Ruta Nacional 16.
La creciente demanda de armamento pesado desde Brasil causa que municiones, modelos AR-15 importados desde Estados Unidos, fusiles FAL, incluso ametralladoras pesadas como la MAG de 7.62 milímetros, sean desensambladas en Argentina, transportadas mediante intermediarios y entregadas a las manos de criminales del PCC (Primeiro Comando da Capital) en São Paulo. Así, el PCC consigue una capacidad de fuego paramilitar, reensamblando las armas con números de serie adulterados o combinando algunas de sus partes con otras de distinta procedencia.
Redes transnacionales en Argentina
Estructuras transnacionales, como el PCC, operan de manera indirecta mediante delegados, los llamados “lobos solitarios”, los cuales son encargados de gestionar la logística de la mercadería y los pagos por las mercancías. En temas de contrabando y tráfico de armas, la modalidad hormiga resulta clave para evadir el control de autoridades aduaneras y fronterizas. Esta consiste en el paso de pequeñas cantidades de productos, municiones o partes de armas a través de paseros, llamados en portugués como laranjas, aumentando la resiliencia de sus cadenas de suministro de armas y de contrabando.
Los clanes familiares suelen ser subcontratados por actores extranjeros, como el PCC, para encargarles la distribución de la droga mediante menudeo. Por sus estrechos lazos comunitarios y de parentesco, el negocio sigue a pesar del asesinato o captura de sus cabecillas. Según la analista Carolina Sampó, sus relaciones se basan en lazos de sangre y lealtad (no solo en el lucro). Es decir, siempre hay un hermano, un hijo o una esposa que mantiene la estructura funcionando. La interdependencia entre la sapiencia histórica de los clanes para mover mercadería y drogas por las fronteras se complementa con la proyección transnacional y el músculo económico del PCC.
Grandes grupos criminales, como el PCC, no tienen interés, por el momento, de disputar territorios en Argentina (a diferencia de Bolivia y Paraguay). Sampó indica que la intención del PCC es controlar los territorios más cercanos a los productores de hoja de coca y cannabis para manejar la mayoría de la cadena de valor del narcotráfico, reducir los costos de intermediarios y obtener la mayor ganancia posible. Es un modelo de negocio que les funciona sin desplegar olas de violencia para ello. Todos los actores involucrados se lucran de esta Pax Mafiosa por no atraer la atención del Estado. Como explica Steve Dudley, codirector de InSight Crime, es una metodología sumamente replicable tanto por actores locales como transnacionales.
El PCC, una amenaza inminente
En agosto de 2025, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) reveló vínculos de 28 reclusos argentinos con el PCC. La percepción de la organización como amenaza es tan alta que, cuando ingresa un ciudadano brasileño al sistema penitenciario argentino, es aislado inmediatamente y se tramita lo más pronto posible su extradición. Aunque efectivas, estas medidas no abarcan el problema de fondo. El aumento del hacinamiento en las cárceles y la falta de una inteligencia criminal dentro de los penales, crea el escenario ideal para que el modelo de reclutamiento criminal de São Paulo sea replicado en Argentina.
Con la organización criminal más poderosa de Sudamérica tocando las puertas, y una economía del narcotráfico en expansión, son tres los mayores riesgos para la seguridad nacional argentina:
- Un excesivo flujo de bienes ilícitos en los puertos brasileños puede generar un efecto embudo, donde un aumento del control portuario y aduanero de Brasil puede incentivar al PCC a buscar nuevas salidas al Atlántico Sur, entrando en conflicto violento con pandillas locales y clanes familiares por control territorial.
- Si el mercado de consumo interno argentino se consolida, es probable que el PCC intente monopolizarlo, rompiendo con la Pax Mafiosa entre actores criminales en zonas urbanas sumamente pobladas, como el Conurbano Bonaerense.
- La internacionalización del PCC está más cerca que nunca. El flujo de armamento hacia São Paulo y la vocación expansionista de la organización los puede empujar a abandonar la modalidad de subcontratación y cooperación con actores locales argentinos, confrontando directa y violentamente a las autoridades estatales para controlar enclaves estratégicos y maximizar la rentabilidad de sus cadenas logísticas.
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