La crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas sumó un nuevo capítulo con la renuncia del general de brigada retirado Sergio Maldonado a la presidencia de OSFA, a poco más de un mes del inicio formal de la nueva estructura sanitaria militar. La salida del funcionario se produce en medio de una transición compleja, marcada por deudas acumuladas, reclamos de afiliados, reordenamiento administrativo y cuestionamientos por la continuidad de las prestaciones médicas.
Según la información disponible, Maldonado ya había transmitido su decisión al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, mientras que la conducción transitoria quedaría en manos del vicepresidente de la entidad, general de brigada retirado Omar Domínguez. El directorio se completa con el capitán de navío retirado Gustavo Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles.
La salida de Maldonado no puede leerse como un hecho aislado. Como viene reconstruyendo El Estratégico, la creación de OSFA fue presentada por el Gobierno como la solución estructural a la crisis del antiguo Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026 dispuso la disolución y posterior liquidación de IOSFA, y creó dos entes separados: la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.
El DNU estableció que OSFA funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con alcance en todo el territorio nacional, mientras que la nueva obra social de las fuerzas federales quedaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. También fijó un período de transición de hasta 365 días para la liquidación de IOSFA y el traspaso de afiliados, personal, activos y obligaciones hacia las nuevas estructuras.
Ese proceso quedó en manos del coronel mayor retirado Ariel Guzmán, designado para conducir la liquidación de IOSFA y avanzar en el traspaso hacia OSFA y OSFFESEG. En febrero, El Estratégico ya había señalado que la obra social arrastraba una deuda cercana a los 200 mil millones de pesos, en un escenario de fuerte tensión por prestaciones demoradas, reclamos de afiliados y acumulación de obligaciones con prestadores.
Con el correr de las semanas, el cuadro financiero quedó todavía más expuesto. El Poder Ejecutivo reconoció luego una deuda total de $248.600 millones de IOSFA al 31 de marzo de 2026, incluyendo reintegros, servicios básicos, préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, gastos prestacionales, operacionales y de funcionamiento. Ese dato fue uno de los principales antecedentes de la actual crisis de conducción.
La puesta en marcha de OSFA había comenzado formalmente el 1° de abril, dentro del plazo de 60 días previsto por el DNU 88/2026 y por el plan de transición. En ese momento, la nueva conducción inició reuniones con el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina para relevar necesidades, coordinar el traspaso operativo desde IOSFA y ordenar la implementación del nuevo esquema de atención para la familia militar.
Sin embargo, la transición nació condicionada por el arrastre financiero del sistema anterior. Como publicó El Estratégico, la crisis había provocado suspensión de prestaciones, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad y cancelación de internaciones. A mediados de marzo, incluso se analizaba que el Ministerio de Defensa destinara fondos de su propio presupuesto operativo para sanear parte de la obra social, ante la falta de una respuesta definitiva del Ministerio de Economía.
En paralelo, Defensa informó durante abril una progresiva normalización de las prestaciones de IOSFA/OSFA, con foco en atención médica, provisión de medicamentos y reintegros. Esa mejora fue atribuida al ingreso de los primeros recursos provenientes de las Fuerzas Armadas dentro del plan de regularización. No obstante, la renuncia de Maldonado vuelve a mostrar que la normalización operativa todavía convive con un escenario de fragilidad institucional.
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