El Ministerio de Defensa aseguró que los bienes inmuebles continuarán bajo su jurisdicción y que los establecimientos hoteleros serán incorporados a la OSFA dentro del proceso de transición, tras la disolución de IOSFA. Pero detrás de ese comunicado quedó abierta una discusión más de fondo: no solo dónde quedarán formalmente los activos, sino también qué margen real de decisión conservará el nuevo sistema sobre ese patrimonio.
El punto de partida fue el comunicado oficial difundido este 1 de abril por el Ministerio de Defensa. Allí se sostuvo que, en el marco de la transición del IOSFA hacia la OSFA, se avanza con un plan de ordenamiento patrimonial orientado a mejorar la administración de los recursos. El texto agregó que los bienes inmuebles permanecerán bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, mientras que los hoteles actualmente administrados por el IOSFA están siendo incorporados a la nueva obra social y quedarán bajo un esquema cuya definición final dependerá del directorio de la OSFA y de los estudios en curso.
Sin embargo, el debate patrimonial no se agota en ese anuncio. El DNU 88/2026 creó la OSFA en el ámbito del Ministerio de Defensa, dispuso el inicio del proceso de disolución y liquidación del IOSFA y fijó un período de transición de hasta 365 días. En ese marco, el artículo 11 estableció que la comisión especial a cargo del asesoramiento del proceso deberá intervenir en el traspaso de afiliados, personal, derechos, obligaciones y bienes, y además “garantizar la restitución de los bienes inmuebles a la jurisdicción que los hubiera aportado originalmente” al momento de la creación del IOSFA. Ese punto es el que empezó a concentrar la discusión.
Según un informe sobre la situación de los inmuebles elaborado a partir del Decreto 88/2026, antes de este cambio el IOSFA administraba dos universos patrimoniales distintos. Por un lado, inmuebles asignados en uso por el Ministerio de Defensa desde la Resolución 1080/21; por otro, 44 inmuebles que estaban en proceso de transferencia a favor del Instituto bajo la figura de dominio imperfecto, luego de un dictamen de la AABE de diciembre de 2022. Ese mismo documento detalla que, entre los inmuebles alcanzados por ese segundo esquema, había sede central, la Policlínica Actis, 16 inmuebles destinados a alojamiento y recreación, 8 farmacias y 18 espacios de apoyo administrativo.
La interpretación que aparece en ese análisis es que el artículo 11 del DNU cambia de manera sensible esa arquitectura. El informe sostiene que, de aplicarse de manera literal, los inmuebles bajo dominio imperfecto deberían volver a la órbita del Estado nacional con intervención de la AABE, para luego eventualmente ser reasignados al Ministerio de Defensa y desde allí a la OSFA. En esa hipótesis, la nueva obra social podría conservar el uso de parte de esos activos, pero ya no en las mismas condiciones patrimoniales previas, sino dentro de un esquema más dependiente del encuadramiento administrativo general del Estado. El mismo texto resume esa consecuencia de forma directa: la OSFA iniciaría su gestión con un patrimonio neto que excluye bienes inmuebles.
La discusión no pasa solamente por si los inmuebles “se venden” o “se conservan”, sino por si el sistema mantiene o pierde una situación jurídica más favorable sobre esos bienes. En otras palabras, el centro del debate es si la transición a la OSFA deja a la obra social con autonomía patrimonial real sobre parte de sus activos o si la devuelve a un esquema de uso condicionado por la estructura político-administrativa del Ministerio de Defensa y la AABE. Esa diferencia, aunque técnica, tiene efectos concretos sobre la capacidad de gestión futura del sistema.
La preocupación no quedó limitada a informes internos. En un proyecto de ley presentado para proteger los bienes inmuebles en el ámbito de la Defensa Nacional, se advirtió que un memorándum del IOSFA listaba más de 40 inmuebles distribuidos en todo el país, entre ellos hoteles, delegaciones, centros recreativos, farmacias y sedes administrativas y que, en el marco del DNU 88/26, una eventual desafectación o transferencia sin análisis estratégico previo ni intervención del Congreso generaría incertidumbre sobre su destino final. El mismo proyecto enmarca esa discusión dentro de un problema más amplio: la preservación de activos considerados estratégicos para el sostenimiento del instrumento militar.
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