En cumplimiento de lo reglamentado por la Constitución Nacional y tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el gobierno presentó la memoria detallada del Estado de la Nación en 2025. La memoria incluye a todos los departamentos y carteras ministeriales del Estado Nacional. En esta línea, resulta interesante analizar la memoria presentada por el Ministerio de Seguridad Nacional en 2025.
El documento gubernamental señala que, durante 2025, se produjo un “quiebre histórico” en los indicadores del delito. La tendencia descendente, que comenzó en 2024, fue ratificada también en 2025, como resultado de la “eficacia del modelo de seguridad” implementado por el gobierno de Javier Milei. De hecho, tal como se señaló, en 2025 la tasa de homicidios dolosos registró un nuevo descenso frente a 2024, con una tasa de 3,7 por cada 100.000 habitantes.
Esta cifra representa el nivel más bajo registrado en los últimos 25 años. Sin embargo, la disminución del delito no solo se reflejó en la tasa de homicidios dolosos sino también en las de robos, tanto simples como agravados, que pasó de 1.007 cada 100.000 habitantes en 2024 a 798 en 2025. En paralelo, los incrementos de los despliegues operativos se sostuvieron, a lo largo de 2025, y de hecho, se profundizó la coordinación interinstitucional, a fin de “fortalecer la capacidad de respuesta en el territorio y la efectividad frente al crimen organizado”.
Según la memoria detallada del Ministerio de Seguridad Nacional, el 2025 se constituyó como un año con récords históricos de incautaciones de estupefacientes, especialmente de cocaína, en el marco de un proceso de perfeccionamiento de las capacidades investigativas frente al narcotráfico y el crimen organizado.
Los principales planes territoriales de seguridada
A lo largo de 2025, el Ministerio de Seguridad Nacional incrementó el despliegue de planes territoriales de seguridad, a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre los principales planes y despliegues operativos se encuentran el Plan Bandera, Plan 90/10, Plan Güemes, Plan Guacurarí, Plan Paraná y Barrios Seguros.
Gracias a la intervención de las Fuerzas Federales de Seguridad (FF.SS.), en la ciudad de Rosario, en el marco del Plan Bandera, el Ministerio de Seguridad Nacional logró una disminución del 22% interanual de los homicidios en las zonas de intervención. De hecho, la propia Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció la baja de homicidios en el marco del despliegue de las Fuerzas Federales por el Plan Bandera, en el mes de febrero. A su vez, el despliegue operativo ha permitido recuperar el orden territorial de la ciudad, que se encontraba a manos del narcotráfico.
Pese a la salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad Nacional a fines de 2025, la cartera sostuvo el despliegue del Plan Bandera en Rosario, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva. De hecho, la nueva Ministra de Seguridad Nacional ya ha visitado la ciudad de Rosario, en el marco del Plan Bandera, y ha mantenido reuniones con autoridades provinciales y locales para darle continuidad al despliegue operativo del plan, de cara al corriente año.
Por su parte, el control de las fronteras continúa siendo una de las principales prioridades de la cartera de seguridad. Con el Plan Güemes, el gobierno ha buscado reducir la comisión de delitos en la frontera norte del país, considerada altamente vulnerable, haciendo especial foco en el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. A su vez, con el Plan Guacurarí, el gobierno también fortaleció el control fronterizo norte, con foco en la provincia de Misiones y específicamente en la zona de Bernardo de Irigoyen, donde tal como se señaló, la frontera con Brasil representa uno de los puntos más vulnerables para la seguridad fronteriza.
La seguridad la fronteras también ha incentivado e impulsado el fortalecimiento del Patrullaje Marítimo, Control y Vigilancia, como así también del Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras (SITEVIF), que busca detectar movimientos irregulares en tiempo real y activar alertas, de forma automatizada, para una respuesta inmediata.
Las reformas normativas en materia de seguridad
La memoria detallada del Ministerio de Seguridad Nacional señala que, se ha consolidado un cambio normativo “sin precedentes para adecuar la legislación argentina al nuevo modelo de seguridad”. En esta línea, se sostiene que se han sancionado tres leyes claves para consolidar el nuevo modelo, instaurado por el Poder Ejecutivo, y fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Estado frente al delito complejo. Estas son: Ley Antimafias (27.786); Ley del Juicio en Ausencia (27.784); Ley de Reincidencia, Reiterancia y Unificación de Condenas (27.785).
En cuanto a los proyectos elevados por el Poder Ejecutivo, el documento señala una serie de iniciativas orientadas a fortalecer el nuevo modelo de seguridad y dotar al Estado Nacional de herramientas más eficaces frente a las nuevas formas delictivas. Entre ellas se encuentran la polémica regularización de tenencia de armas de fuego, la reforma del Código Penal con diferentes modificaciones y cambios y la Ley AntiBarras, en tanto la reforma del Régimen Penal Juvenil (que formaba parte de este listado) fue aprobada y sancionada por el Congreso Nacional la semana pasada y se suma a la lista de reformas legislativas aprobadas del gobierno de Javier Milei.
A su vez, se han dictado numerosos decretos y resoluciones que forman parte del proceso de adecuación y modernización normativa del modelo de seguridad libertario. Estas medidas, en conjunto, actualizan la legislación vigente en materia de seguridad, fortaleciendo las herramientas técnicas y operativas y reorganizando las funciones dentro del sistema de seguridad, frente a las nuevas amenazas delictivas.
Cabe señalar que, como parte de este proceso, el Gobierno Nacional determinó la reforma estructural de las cinco Fuerzas Federales de Seguridad. El año pasado, se han modificado los estatutos, estructuras y capacidades de cada Fuerza, a fin de adecuarlas a las exigencias y necesidades actuales en materia de prevención, control y combate del delito complejo. Esta reforma, en particular, daría de qué hablar y sería fuertemente criticada por diferentes esferas públicas.
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