En los últimos días, la oposición presentó un pedido de informes ante el Congreso Nacional, como resultado de la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO). El miércoles pasado, el Gobierno Nacional anunció la disolución del GEANRO, una unidad federal creada en 2024 para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la ciudad de Rosario, en el marco del Plan Bandera.
Tras considerar que el GEANRO cumplió los objetivos planteados en la etapa inicial del mencionado Plan, la decisión del gobierno de Javier Milei fue formalizar la disolución definitiva de esta unidad federal, mediante la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. La medida, formalizada por la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, rápidamente despertó la reacción de la oposición –especialmente, del kirchnerismo– que exige explicaciones de la desarticulación de esta unidad de seguridad.
La oposición kirchnerista criticó al gobierno por la decisión de disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario, y en este sentido, presentó y envió un pedido de informes al Congreso Nacional para conocer los detalles de la medida y “saber por qué se castiga a los rosarinos”. El pedido de informes, que solicita que el Poder Ejecutivo explique las razones y los motivos de la disolución definitiva de esta unidad operativa de seguridad, fue presentado por la Diputada Nacional de La Cámpora, por Santa Fe, Florencia Carignano.
Desde el espacio, la Diputada Carignano recalcó que esta decisión del Poder Ejecutivo es “preocupante, sobre todo cuando hace pocos días el oficialismo logró sancionar una ley que le permite a cualquier persona (incluso los narcos) blanquear plata sin explicar su origen”, haciendo alusión a la recientemente sancionada Ley de Inocencia Fiscal. En este sentido, la legisladora de la oposición señaló la necesidad de “saber por qué se castiga así a los rosarinos, cuando todos sabemos que la lucha contra el narcotráfico no termina nunca y es clave no abandonar a Rosario ahora”, a través de sus redes sociales.
Los detalles del pedido de informes
El pedido de informes, presentado por la Diputada Carignano, solicita información precisa sobre “las razones políticas, operativas y presupuestarias” por las cuales el Ministerio de Seguridad Nacional decidió disolver la unidad federal del GEANRO. Así también, se solicita información precisa para conocer si existió una evaluación de impacto previa a la medida y cuáles serán los dispositivos y recursos que reemplazarán al GEANRO.
La solicitud parlamentaria también apunta a saber cuáles fueron los resultados operativos alcanzados por el grupo, en el marco de sus funciones, que según los fundamentos oficiales fueron considerados realizados y óptimos, y justificaron su disolución definitiva. En este sentido, se exige que el Poder Ejecutivo precise qué indicadores objetivos utilizó para concluir que el Grupo Especial cumplió su rol y sus objetivos, y llegar a la conclusión de que su permanencia y despliegue en el territorio ya no resultaba necesaria.
A su vez, se exigen detalles sobre los informes técnicos que respaldaron la medida, la cantidad de efectivos que integraban el Grupo Especial y fueron desplazados, las Fuerzas de origen y el destino de esos efectivos tras la reestructuración operativa y táctica, como así también las funciones que cumplirán de ahora en adelante dichos efectivos. En paralelo, el pedido de informes solicita saber si la disolución del grupo operativo implica una reducción de la presencia federal en Santa Fe y particularmente, en Rosario, y la existencia de planes alternativos o sustitutos con igual o mayor nivel de intervención federal en el territorio.
La disolución del GEANRO
A través de la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario, tras haberse cumplido los objetivos establecidos al momento de su creación, en el marco del Plan Bandera. Entre ellos, se destaca la reducción significativa y considerable de los homicidios y heridos por armas de fuego en Santa Fe y particularmente, en Rosario.
El Grupo Especial tenía el objetivo de colaborar con la Justicia Federal, como así también con el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos vinculados al narcotráfico, el crimen organizado y delitos conexos. En ese sentido, contaba con la participación de representantes de las 5 Fuerzas Federales de Seguridad (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal).
Desde el Ministerio que conduce Alejandra Monteoliva explicaron que esta disolución no detiene la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en tanto existen dispositivos federales permanentes, que continúan desplegados, y pueden cubrir las tareas que desempeñaba GEARNO. La implementación de los programas de seguridad desplegados en aeropuertos, puertos, terminales ferroviarias y pasos fronterizos contribuyó, de forma determinante desde la perspectiva del Gobierno Nacional, para bajar la tasa de criminalidad en Santa Fe y especialmente, en Rosario.
De esta manera, como resultado de un conjunto de factores: cumplimiento de los objetivos planteados al momento de su creación, finalización de la etapa inicial del Plan Bandera y creación de dispositivos permanentes –como el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico Región Centro (GOC-CENTRO)–, desde el Ministerio de Seguridad Nacional consideraron pertinente la disolución del GEANRO. Desde el gobierno explican que, la reasignación de funciones y la redistribución de los recursos estatales, en esta nueva etapa, no implica, bajo ningún punto de vista, una disminución de los esfuerzos gubernamentales en la lucha contra el narcotráfico. Sino más bien, una optimización de la eficiencia de las Fuerzas Federales desplegadas en el territorio para el combate y la neutralización de estas amenazas.
La medida forma parte de un esquema de redistribución permanente de recursos, en función de los resultados obtenidos y de las prioridades territoriales en materia de seguridad. En paralelo, la oposición ya critica al gobierno por esta medida y presenta un pedido de informes ante el Congreso Nacional para conocer los detalles detrás de esta decisión gubernamental.
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