De cara a finalizar el año, el gobierno anunció un nuevo ingreso en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y de esta manera, ya son diez los proyectos aprobados que forman parte del esquema con incentivos y beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, impulsado por el gobierno de Javier Milei, para las grandes inversiones. Sin embargo, ¿de qué se trata la última iniciativa aprobada por el Comité Evaluador?.
En los últimos días, el Gobierno Nacional anunció el ingreso de un nuevo proyecto minero de oro y plata al RIGI. El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el “Proyecto Gualcamayo”, cuyo desarrollo se ubica en la provincia de San Juan y será operado por Minas Argentinas, fue aprobado para ingresar al régimen oficial de grandes inversiones, con una inversión estimada de más de U$S 600 millones, de la cual U$S 50 millones se destinará a la exploración geológica. El proyecto permitirá la extensión de vida de una mina en estado y etapa de agotamiento, mediante el desarrollo de un tipo de mineralización.
De hecho, el proyecto busca extender la vida útil de esta mina en etapa de agotamiento por 30 años, a través de la construcción de una planta de tecnología única y sin precedentes en Sudamérica. A su vez, la iniciativa Gualcamayo de San Juan prevé emplear alrededor de 1.700 personas en forma directa. El proyecto había sido presentado este año por Minas Argentinas –empresa de Aisa Group–, para un desarrollo de Carbonatos Profundos (DCP), como parte de un proyecto que busca hacer de Gualcamayo un polo productivo minero, de al menos, tres décadas.
El eje central del proyecto es, precisamente, el desarrollo y la explotación del DCP, cuyo yacimiento contiene, a día de hoy, más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos certificados. Según se estima, de esos 3,5 millones, al menos 2,45 ya se encuentran categorizadas como reservas. El proyecto, que se aprueba en un momento de intenso debate en torno al desarrollo de la industria minera por lo acontecido en Mendoza, incluye el desarrollo de una mina subterránea de última generación, como así también de una nueva planta de procesamiento y una planta de oxidación a presión con moderna tecnología. Esta última permitirá el procesamiento de minerales complejos, liberando el oro que contiene el mineral y habilitando una recuperación eficiente, en términos operativos y productivos.
Minas Argentinas celebró la aprobación y recalcó que esta representa un hito de relevancia para la minería argentina, al brindar previsibilidad normativa y seguridad jurídica para inversiones de gran escala, como la presente. “Minas Argentinas reafirma su compromiso con una minería moderna, responsable y alineada con estándares internacionales, orientada a la generación de valor económico y social de largo plazo” sostuvieron desde la compañía, tras el anuncio de Caputo.
La décima aprobación del RIGI se enmarca en la estrategia del oficialismo para incentivar, promover y potenciar la llegada de capitales e inversiones al país, fomentando el desarrollo del complejo minero local. Con esta aprobación, ya son 10 los proyectos aprobados para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sumando una inversión total que asciende a los U$S 25.000 millones.
El rol de la minería en el régimen y la presión del sector
La minería ocupa un rol central en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Tal como se analizó en diversas ocasiones, junto al sector energético, la minería concentra la gran mayoría de proyectos e iniciativas aprobadas, en el marco del RIGI. Con la incorporación del décimo proyecto, ya son cuatro las iniciativas que pertenecen al complejo minero, que este 2025 registró un récord de exportaciones y es la esperanza de la matriz productiva argentina, como así también de la canasta exportadora. Gualcamayo se suma al proyecto de litio de “Hombre Muerto Oeste” de Galan Lithium en Catamarca, “Rincón” de Río Tinto en Salta –también de litio– y el proyecto de minería de cobre “Los Azules” de McEwen Copper en San Juan.
Además, durante el corriente mes, el Ministro Caputo había comunicado que las compañías BHP y Lundin Mining habían presentado una solicitud para incorporarse al régimen de incentivos, en pos de desarrollar el flamante proyecto minero “Vicuña”, que también se ubica en la provincia de San Juan. El titular del Palacio de Hacienda explicó, de hecho, que “Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan, potencialmente la inversión extranjera directa minera más grande de la historia de nuestro país, para el desarrollo y construcción de los depósitos Josemaría y Filo del Sol”.
Como resultado de la presión del sector minero, tal como adelantó este medio, el Gobierno Nacional ya estaría analizando la posibilidad de extender por un año el plazo de inscripción al régimen. Con un sostenido interés del sector privado minero en sumarse al régimen, con innovadores y prometedores proyectos, el gobierno evalúa extender el período de inscripción, ante la demanda del sector y la importancia estratégica que el mismo representa dentro de este esquema oficial, que aboga por la llegada de nuevos capitales e inversiones.
Según confirmaron fuentes oficiales, la decisión será tomada durante el verano por el Presidente de la Nación, Javier Milei. En caso de no aprobarse la prórroga y por ende, de no extenderse el plazo, se podrán presentar e inscribir proyectos hasta julio de 2026. El Secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, señaló: “Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano, dado que vence en julio de 2026. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, al ser consultado al respecto.
En caso de que el gobierno avance con la prórroga, las compañías y firmas interesadas –sobre todo del sector minero, que es el que más presiona al oficialismo– tendrán tiempo hasta julio de 2027 para presentar sus proyectos de inversión. Una vez que finalice ese plazo, concluirá la posibilidad de acceder a los beneficios e incentivos que prevé el régimen, a través de la legislación. No resulta extraño que más firmas quieran formar parte de este régimen que contempla la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la eliminación de los derechos de exportación, la posibilidad de computar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante la etapa previa al inicio de las actividades y operaciones, y la opción de recurrir al arbitraje internacional, en caso de que ocurriese una disputa legal.
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