El gobierno de Israel volvió a encender las alarmas sobre la presencia y expansión de Hezbolá en América del Sur, con especial énfasis en su articulación con redes del crimen organizado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La señal de advertencia llegó a través de Igal Ekdesman, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Montevideo, durante un evento sobre crimen organizado y terrorismo.
En el encuentro, el diplomático describió a Hezbolá como “una de las organizaciones de terrorismo y de crimen organizado más grandes del mundo”, plenamente instalada en la región y operando integrada a estructuras narco y financieras locales. “Está totalmente instalada en la región y trabaja mano a mano con organizaciones de crimen organizado en Argentina, Brasil y Paraguay. Trafica drogas, especialmente cocaína, y está también muy ocupada en el lavado de dinero”, señaló Ekdesman, al subrayar que Sudamérica ya no puede verse como un escenario periférico en materia de terrorismo internacional.
Hezbolá, narcotráfico y lavado: la red sudamericana
Las advertencias israelíes se inscriben en un diagnóstico que se repite en ámbitos de defensa y seguridad occidentales: la región de la Triple Frontera (Argentina–Paraguay–Brasil) funciona desde hace años como plataforma financiera y logística para Hezbolá, en combinación con organizaciones criminales locales. De acuerdo con Ekdesman, la reciente guerra entre Israel e Irán habría recortado de manera significativa los recursos que llegaban a Hezbolá desde Medio Oriente.
Esa presión financiera estaría empujando al grupo a profundizar su dependencia de las economías ilegales sudamericanas, especialmente del tráfico de cocaína y el lavado de activos. “Hoy Hezbolá tiene la necesidad de trabajar más con las organizaciones sudamericanas de crimen organizado para conseguir financiación”, advirtió el diplomático, marcando un impacto directo sobre los principales corredores criminales del Cono Sur.
En ese contexto, Argentina vuelve a aparecer como actor clave: por su historial de ataques terroristas en los años 90, por su rol en la Triple Frontera y por el peso de su sistema financiero y comercial en el entramado regional. La convergencia entre narco, contrabando, cambio ilegal y estructuras de apoyo logístico abre una ventana de oportunidad para que redes vinculadas a Hezbolá se inserten en los flujos criminales que atraviesan el país.
Uruguay en la periferia del problema, pero dentro del mapa de riesgo
Uruguay también aparece como un eslabón relevante dentro de esa arquitectura regional. El caso más citado es el de Chuy, la ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil, donde hace poco más de un año la Policía Federal brasileña incautó unos 14 millones de dólares vinculados al tráfico de drogas y al cambio ilegal de divisas. Investigadores locales analizan si parte de esos fondos podrían haber contribuido, directa o indirectamente, al financiamiento de organizaciones como Al Qaeda, Hamas o Hezbolá.
Si bien en Montevideo no hay consenso sobre la magnitud de ese eventual financiamiento, el aumento de casos de lavado y financieras paralelas en pasos fronterizos con Brasil encendió luces de alerta entre los aliados occidentales. Para Israel, el mensaje es que ningún país de la región puede seguir asumiendo que está fuera del radar del terrorismo transnacional: “Decimos: ‘Aquí no va a pasar nada’, pero en los últimos años vimos cosas que sí pasaron, y ya no podemos ignorarlo”, afirmó Ekdesman.
Triple Frontera, designaciones y presión internacional
Las advertencias de Israel se suman a las que Estados Unidos viene formulando desde hace años sobre la Triple Frontera, señalada como un nodo histórico de recaudación y apoyo para Hezbolá. En este punto, Argentina tiene un rol especial: junto con Paraguay, Estados Unidos e Israel, ya incluyó formalmente a Hezbolá en su lista de organizaciones terroristas, lo que habilita medidas concretas como congelamiento de activos, restricciones financieras y cooperación reforzada en materia de inteligencia.
Uruguay, en cambio, mantiene aún una postura más alineada con Naciones Unidas y se ajusta a la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, que todavía no incluye a Hezbolá como organización terrorista. Sin embargo, el debate ya está abierto: el senador Andrés Ojeda presentó un proyecto para crear un Registro Nacional de Entidades Terroristas Internacionales, encabezado por Hamas y Hezbolá, que permitiría congelar bienes y bloquear transacciones a cualquier entidad o persona vinculada a ellas.
Más allá de la coyuntura uruguaya, el mensaje israelí es regional: Hezbolá ya no es visto solamente como un actor del conflicto en Medio Oriente, sino como un actor híbrido –terrorista y criminal– integrado a las redes de narcotráfico y lavado del Cono Sur, con la Triple Frontera y el sistema financiero informal sudamericano como centro de gravedad. Para Argentina, Brasil, Paraguay y, en menor medida, Uruguay, el desafío es doble: actualizar marcos legales y listados de organizaciones terroristas, y endurecer controles financieros, de inteligencia y fronterizos en un mapa donde terrorismo y crimen organizado ya no pueden analizarse por separado.
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