Uno de los caballitos de batalla de la actual gestión del Ministerio de Defensa es repetir constantemente el proceso de re-equipamiento que están llevando adelante las Fuerzas Armadas, afirmación que puede analizarse desde diversas aristas. Sin embargo, una de las herramientas para adquirir nuevo material, como son las licitaciones nacionales, presentan algunas particularidades que van en detrimento de sus beneficiarios.
La situación de las Fuerzas Armadas de Argentina, en lo que refiere a material, no resulta desconocida: décadas de desinversión no solo empujaron a las instituciones hacia la obsolescencia de la gran mayoría de sus sistemas, sino que también se sufrió y sufre la pérdida de capacidades frente a la burocracia local y la lentitud de los decisores políticos (independiente del color político) para revertir, o al menos minimizar esta crisis.
Pese a algunas iniciativas puntuales como son las compras de cazas F-16AB/BM Fighting Falcon o los aviones de exploración marítima P-3C/N Orion, revertir la actual situación no solo llevará una considerable inversión de tiempo, sino que también demandará un importante desembolso de recursos económicos que, a ojos de la política y de la opinión pública, resultan excesivos. En definitiva, no suman votos.
Para tener una idea del contexto general actual: los principales medios blindados del Ejército Argentino operan sin una modernización adecuada, solo por un puñado de tanques TAM 2C-A2, sus helicópteros cuentan con más de 50 años, situación que la comparten los veteranísimos Unimog; la Armada Argentina dejó de contar con una fuerza de submarinos, su Aviación Naval está casi diezmada, mientras que la Infantería de Marina continúa utilizando material similar al que se utilizó en la recuperación de las Islas Malvinas; finalmente, la Fuerza Aérea Argentina desde hace un año que no cuenta con aviación de caza tras el accidente de un A-4Ar, sus medios de transporte cada vez limitados (y con compras inadecuadas), y un largo etc.
Otro punto crítico son las Brigadas Aéreas, Regimientos, bases navales/aeronavales, centros de salud, etc, infraestructura que sufre, y mucho, la desinversión de las últimas décadas. Este es un aspecto crítico, ya que representa el día a día de los soldados, aviadores y marinos argentinos.
Con un panorama desolador, el concepto que entiende la política y la academia argentina de re-equipamiento de las Fuerzas Armadas se queda muy corto. Comprar unas decenas de camiones, algunos centenares de cascos y chalecos o docenas de camionetas no impactan en la recuperación del instrumento militar como tal.
Sin embargo, tampoco podemos desmerecer estas iniciativas, que se realizan con notable esfuerzo. El problema radica en que el dicho “el infierno está lleno de buenas intenciones” se hace presente para estos caso. ¿Por que? Esto se debe a que el sistema de compra elegido por gobierno argentino en algunos casos, como son las licitaciones nacionales, resultan una trampa para las Fuerzas Armadas.
La trampa de las Licitaciones Nacionales
En primera instancia, para el lector resultará un tanto chocante calificar de ” trampa ” a las licitaciones nacionales, ya que el término seguramente conduce a pensar en irregularidades. No es este el caso que analizaremos.
Tomando el ejemplo de las Fuerzas Armadas, gran parte del material requerido no se produce localmente, ya sea por vehículos, armamento o componentes y repuestos. El caso más representativo es la munición: habiendo contado con Fabricaciones Militares, las capacidades de este conglomerado fueron diezmadas en las últimas décadas, dejando a las Fuerzas Armadas sin poder autoabastecerse de elementos tan básicos como munición de artillería.
Para realizar el tipo de compras mencionadas, la Argentina suele recurrir al extranjero, abriendo procesos licitatorios a través de las agregadurías militares o con compras directas (que ocasionalmente no se informan en detalle o pasan bajo secreto militar). Sin embargo, en los últimos 4 o 5 años, estas iniciativas fueron mermando, siendo reemplazadas por licitaciones nacionales ya que las mismas pueden abonarse en pesos (los precios se presentan en dólares, pero se saldan a la cotización del día).
Aquí se presenta uno de los primeros problemas: al ser productos que no se fabrican localmente, se trabaja obligadamente con un intermediario local como oferente. Esto también puede suceder con compras en el extranjero, pero las mismas pueden verse favorecidas por programas de financiamiento del país de origen, como es FMS de EE.UU., además de contar con representantes autorizados de los fabricantes, con el respaldo que esto significa.
¿Qué diferencias puede haber entre un oferente local y las que puede realizar uno extranjero? En algunas ocasiones implica sumar un intermediario, con los costos que esto trae aparejado. En otros, se puede tratar de ofrecimientos que no cuentan con el aval del fabricante, lo que puede impactar en los términos de garantías, capacitaciones, sostén logístico.
Un detalle no menor es el soporte que puede brindar un fabricante o representante directo, particularmente con sistemas complejos, en comparación con meros intermediarios.
La “trampa” de las licitaciones nacionales termina de cerrarse cuando se analizan los costos: Ya sea por cuestiones asociadas a nacionalización de productos importados, intermediarios, el estado como mal pagador, y un largo etc, no son pocos los casos donde se terminan desembolsando montos que exceden precios de lista del fabricante.
Cuando los recursos son limitadísimos, y para colmo de males se termina pagando caro por las razones mencionadas, el detrimento es directo para las Fuerzas Armadas: menos cantidades, por ejemplo. El “compre nacional” también ha tenido una incidencia similar, con montos que resultan superiores cuando se comparan con productos de conocidos fabricantes extranjeros. Pero cuando las divisas son escasas, nada mejor que promocionar la industria nacional…
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