El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció personalmente en el Juzgado Federal de Salta que en un mes comenzará la operación Presidente Julio Argentino Roca, una iniciativa que contempla el despliegue de 10.000 efectivos del Ejército Argentino. De ese total, 1.500 operarán en sectores inhóspitos.
Los comentarios de Petri surgieron en el marco de la presentación del operativo a jueces, fiscales, militares y autoridades provinciales. Allí, explicó que la estrategia incluye patrullajes aéreos, vigilancia con tecnología de avanzada y presencia en áreas donde hoy no hay cobertura de seguridad. Además, subrayó la necesidad de coordinación entre el Estado nacional, provincial y municipal, y destacó el rol activo de Salta en la implementación del operativo.
Cabe recordar que la cartera ya viene trabajando desde hace tiempo en la formación y equipamiento de los efectivos, aunque la iniciativa fue anunciada el pasado mes de abril. A grandes rasgos, las fuerzas federales y provinciales custodiarán zonas pobladas, mientras que el Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas intervendrán en sectores críticos del norte.
En conjunto, el Ministerio de Seguridad acompañó los dichos del ministro, destacando que el despliegue se articula con el Plan Güemes y con las capacidades de vigilancia en zonas clave como Tartagal. El Plan Güemes ya está en ejecución en la provincia de Salta y busca fortalecer la presencia estatal en la frontera con Bolivia, contemplando el uso de drones, radares móviles y helicópteros para monitorear las zonas rurales y prevenir delitos transnacionales.
La Operación Roca y motivos de aplicación
La “Operación Presidente Julio Argentino Roca” implica el despliegue de las Fuerzas Armadas en ciertas zonas fronterizas del país. Más precisamente, el despliegue de medios y personal en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del corriente año.
La Resolución entiende a la Defensa Nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para […] enfrentar las agresiones de origen externo con la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Por ello, la medida firmada por Petri recalca que las Fuerzas Armadas trabajarán junto a las Fuerzas de Seguridad en estos espacios físicos en pos de resguardar “la libertad, la vida y el patrimonio de los argentinos”.
El accionar de las Fuerzas Armadas en conjunto con las Fuerzas de Seguridad se establece en la Ley de Seguridad Interior N° 23.554, la cual dispone la posibilidad de articular ambas Fuerzas en caso necesario. En paralelo, se respalda en el Decreto-Ley N° 15385/44, que señala que el servicio de policía ejercido en las zonas de seguridad de fronteras por la Gendarmería Nacional y por la Prefectura Naval Argentina “podrá ser reforzado, en caso necesario, con personal y elementos dependientes del Ministerio de Defensa”.
El refuerzo de estas operaciones se debe a que los esfuerzos anteriores “no contribuyeron al desarrollo sostenido de las capacidades de vigilancia y control” de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, sirvieron “únicamente a los fines de realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias. Entre ellas, se destacan las operaciones Escudo Norte, Fortín I y II, Fortalecimiento Fortín, Fronteras e Integración Norte.
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