La reciente detención de un policía acusado de vender granadas a través de Marketplace, nuevamente, enciende las alarmas por el fenómeno del tráfico ilegal de armas que crece día a día, una problemática que amenaza con profundizar la crisis de seguridad en el país. Este caso, involucra a un miembro de las fuerzas de seguridad provinciales, aunque evidencia las fallas generales tanto en los controles como en las investigaciones necesarias para combatir el crimen organizado.
Según fue confirmado por Agencia Noticias Argentinas, el policía detenido utilizaba la plataforma Marketplace para comercializar granadas. Desde ya, el hecho no solo es ilegal, sino que también representa un riesgo significativo para la seguridad pública. Según las investigaciones preliminares, el acusado habría aprovechado su posición para acceder a material explosivo y distribuirlo de manera clandestina.
Se confirmó que las sospechas comenzaron en el mes de febrero de este año, cuando la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad realizaba tareas de ciberpatrullaje y “detectó un usuario que ofrecía a la venta granadas lacrimógenas en el sitio”. Este tipo de elementos están prohibidos para el uso de civiles, siendo únicamente autorizados para personal de las fuerzas de seguridad. Por ende, se inició una investigación por parte del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella.
Posteriormente, la pesquisa constató que quien las comercializaba era un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires que prestaba funciones en la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en Esteban Echeverría. Dos órdenes de allanamiento después, secuestraron seis granadas lacrimógenas, dos armas de fuego sin documentación, seis municiones calibre .38 y un estuche de plástico con 32 municiones calibre 9 mm en dos domicilios diferentes.
¿Una problemática en expansión?
Pero este incidente se suma a una serie de casos recientes que reflejan el auge del tráfico ilegal de armas en el país. En Mendoza, por ejemplo, la Gendarmería Nacional desarticuló una organización criminal dedicada al acopio y distribución de armas y estupefacientes, mientras que en operativos vehiculares se han incautado miles de municiones sin documentación legal.
Podría afirmarse que el comercio ilícito de armas en Argentina ha experimentado un aumento sostenido en los últimos años, según datos del Ministerio de Seguridad. La Ley Nacional de Armas y Explosivos establece estrictos requisitos para la tenencia y portación de armas, pero se esboza también una falta de cumplimiento, junto a los vacíos legales y en los controles que facilitan la proliferación de estas actividades.
Además, la participación de miembros de las fuerzas de seguridad en estos delitos agrava la situación, no solo porque socava la confianza en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, sino también porque cuestiona la efectividad de las políticas de control y los procesos de reclutamiento para las fuerzas.
Sin dudas, el caso reciente es un llamado de atención para el gobierno nacional, considerando que el discurso de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y, por ende, el tráfico ilegal de armas, forma parte del discurso principal de la cartera dirigida por Bullrich.
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