La Cámara de Diputados tiene en trámite un proyecto de ley que propone impedir que puertos, aeropuertos, rutas, depósitos, sistemas de transporte y otros servicios bajo jurisdicción nacional sean utilizados para facilitar directa o indirectamente actividades de abastecimiento, logística, comercio o conexión con las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La iniciativa cobra nueva actualidad mientras desde Chile avanzan los preparativos para inaugurar una ruta marítima regular entre Punta Arenas y el archipiélago mediante el buque Danstar.
El expediente 5166-D-2026 ingresó el 30 de septiembre y fue presentado por el diputado fueguino Jorge Neri Araujo Hernández, de Unión por la Patria, con posteriores adhesiones de legisladores del mismo bloque. El proyecto fue girado a las comisiones de Defensa Nacional —como cabecera—, Transportes y Relaciones Exteriores y Culto, y todavía se encuentra en la etapa parlamentaria previa a la emisión de dictámenes.
La propuesta no pertenece al Poder Ejecutivo y debe diferenciarse de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, sus propios fundamentos plantean que ambos textos podrían funcionar de manera complementaria: mientras el proyecto oficial busca ampliar herramientas sancionatorias sobre actividades económicas desarrolladas sin autorización argentina, el expediente 5166-D-2026 apunta específicamente a las redes logísticas e infraestructuras que podrían sostenerlas.
El Estratégico informó que el proyecto del Poder Ejecutivo ya comenzó su recorrido en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Esa iniciativa contiene un capítulo específico sobre Malvinas y los recursos naturales, además de modificaciones más amplias relacionadas con defensa, seguridad nacional, inteligencia e infraestructura crítica.
Puertos, aeropuertos, rutas y operadores logísticos
El proyecto 5166-D-2026 adopta un alcance multimodal. Incluye transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, ferroviario y multimodal, junto con operaciones de carga y descarga, transbordos, escalas técnicas, almacenamiento, distribución, suministro de combustible y repuestos y utilización de servicios portuarios o aeroportuarios.
La prohibición propuesta alcanzaría aquellas operaciones que utilicen infraestructura, servicios, permisos o autorizaciones bajo jurisdicción argentina para facilitar conexiones con Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur sin una autorización expresa de la autoridad nacional competente. También contempla cargas cuyo destino inmediato sea un tercer punto cuando pueda determinarse una conexión logística o comercial con una posterior operación hacia las islas.
Dentro de la infraestructura comprendida aparecen específicamente puertos y terminales portuarias, aeropuertos y aeródromos, rutas nacionales, ferrocarriles, pasos fronterizos, depósitos fiscales, instalaciones de transferencia de cargas y sistemas de navegación y comunicaciones vinculados al transporte.
El universo de sujetos alcanzados también es amplio: armadores, aerolíneas, empresas ferroviarias y de transporte terrestre, agentes marítimos, operadores portuarios y aeroportuarios, empresas logísticas, depósitos, intermediarios, despachantes y proveedores de servicios.
La propuesta incorpora además un Registro Nacional de Operadores y Actividades de Conectividad con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, donde deberían quedar asentadas las autorizaciones concedidas, las empresas participantes, las operaciones realizadas y las sanciones aplicadas.
El esquema sancionatorio prevé desde apercibimientos y multas hasta suspensión o caducidad de permisos y licencias, exclusión de registros, prohibiciones para contratar con el Estado e inmovilización o decomiso de bienes cuando corresponda. Las inhabilitaciones para obtener permisos, concesiones o autorizaciones nacionales podrían extenderse entre dos y diez años y llegar hasta 15 años en caso de reincidencia.
El proyecto menciona expresamente las nuevas conexiones desde Chile
La coincidencia con la futura operación del Danstar no surge únicamente de una lectura posterior del expediente. Los propios fundamentos del proyecto mencionan las iniciativas desarrolladas durante 2026 para profundizar las conexiones logísticas entre Punta Arenas y Malvinas, así como el encuentro empresarial realizado en septiembre entre compañías chilenas y representantes económicos de las islas.
Easter Island Naviera prevé utilizar el Danstar, de bandera chilena, para establecer una conexión de carga desde Punta Arenas hacia las islas a través del Estrecho de Magallanes. La compañía proyecta iniciar el servicio hacia fines de 2026 con alimentos, materiales y otras provisiones, en una operación destinada a ofrecer una alternativa logística más corta a la conexión marítima que actualmente utiliza Montevideo.
El expediente argentino vincula ese proceso con otro movimiento que considera estratégico: el desarrollo petrolero Sea Lion. Sus autores plantean que una industria hidrocarburífera offshore necesita una red permanente de transporte de personas y cargas, combustible, repuestos, equipos especializados, alimentos, almacenamiento y servicios portuarios y aeroportuarios.
Ese punto también aparece en el debate de la iniciativa impulsada por el Gobierno. Como informó El Estratégico, el Poder Ejecutivo busca extender hacia la pesca y la minería el esquema sancionatorio actualmente concentrado sobre los hidrocarburos, con multas administrativas que podrían alcanzar aproximadamente los US$45 millones.
La propuesta parlamentaria apunta a la otra parte de esa estructura: impedir que infraestructura argentina funcione como soporte material de actividades que el país considera realizadas sin autorización.
El límite: no regula lo que una empresa haga exclusivamente en otro país
El texto introduce una delimitación importante frente al debate generado por la nueva ruta chilena. Los propios fundamentos señalan que el proyecto no busca atribuir al Estado argentino facultades sobre actividades realizadas exclusivamente dentro del territorio de terceros Estados.
Su alcance se concentra sobre aquello sometido efectivamente a jurisdicción argentina: territorio, aguas jurisdiccionales, espacio aéreo, rutas, puertos, aeropuertos, terminales, pasos fronterizos, instalaciones logísticas, permisos y concesiones nacionales.
Por esa razón, una eventual aprobación de la ley no equivaldría automáticamente a una facultad para impedir la navegación del Danstar entre Chile y Malvinas. La aplicación dependería de que una operación utilice infraestructura o servicios alcanzados por la jurisdicción argentina y de cómo la futura reglamentación establezca los mecanismos de control y trazabilidad.
El proyecto también prevé excepciones para operaciones humanitarias, sanitarias, científicas, de búsqueda y salvamento, emergencias, seguridad de la navegación y otras situaciones justificadas por razones de interés nacional.
El expediente comparte así escenario legislativo con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, aunque proviene de un espacio político diferente. El Estratégico ya había informado que el proyecto enviado por Milei propone reforzar las herramientas del Estado frente a actividades económicas no autorizadas en Malvinas y ampliar las responsabilidades hacia proveedores y otros actores vinculados.
La iniciativa 5166-D-2026 lleva esa discusión específicamente al terreno del transporte y la infraestructura. Mientras Chile avanza con una nueva conexión marítima hacia las islas y Sea Lion se aproxima a su etapa de desarrollo operativo, Diputados deberá definir ahora si incorpora un régimen específico para puertos, aeropuertos, rutas, depósitos y operadores argentinos que puedan intervenir dentro de esas cadenas logísticas.
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