El Gobierno dio nuevas precisiones sobre el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante el inicio de su tratamiento en Diputados. El proyecto busca ampliar el régimen actualmente aplicado sobre hidrocarburos para alcanzar también la explotación pesquera y minera sin autorización argentina en los espacios vinculados a la disputa por Malvinas. Las sanciones administrativas máximas podrían rondar los US$45 millones.
El Gobierno busca ampliar a la pesca y la minería el régimen de sanciones que actualmente alcanza a las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en torno a las Islas Malvinas. Así quedó planteado durante la primera reunión informativa realizada en la Cámara de Diputados para comenzar a discutir la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La precisión fue aportada por el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, uno de los funcionarios enviados por el Ejecutivo para explicar ante los legisladores el alcance del proyecto.
Según señaló durante su exposición, el régimen vigente tiene como principal antecedente a la Ley 26.659, enfocada sobre las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. La propuesta enviada ahora por el Gobierno busca dar un paso más y extender las restricciones a cualquier recurso natural renovable o no renovable, incluyendo expresamente la pesca y la minería.
El cambio adquiere especial relevancia en el Atlántico Sur. De aprobarse la iniciativa, las actividades pesqueras realizadas sin autorización argentina en los espacios alcanzados por la norma podrían quedar sometidas al mismo esquema de sanciones previsto para otras formas de explotación de recursos naturales.
El texto del proyecto incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina, y prohíbe desarrollar allí actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales sin habilitación de la autoridad argentina.
La exposición del Ministerio de Economía aportó además un dato que hasta ahora no había tenido una traducción económica concreta: cuánto podrían representar las multas.
El proyecto establece sanciones calculadas sobre el valor internacional del petróleo, con un máximo equivalente a 500.000 barriles de crudo. Stampalija explicó que, tomando como referencia un precio cercano a los US$89 por barril, la penalidad administrativa más alta rondaría actualmente los US$45 millones.
La cifra busca, según la explicación oficial, que las sanciones mantengan capacidad disuasiva frente al volumen económico de las operaciones que podrían quedar alcanzadas.
El régimen no se limita, además, a las multas. La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar inhabilitaciones, suspensiones o cancelaciones de habilitaciones, además de otras restricciones contra empresas y personas involucradas en actividades que el Estado argentino considere realizadas sin autorización.
La ampliación hacia la pesca aparece como uno de los puntos más sensibles del proyecto por el peso que esa actividad mantiene alrededor de las Islas Malvinas. El Reino Unido y las autoridades isleñas otorgan licencias para la explotación de recursos pesqueros en aguas bajo administración británica, mientras la Argentina desconoce esas autorizaciones y sostiene sus reclamos de soberanía sobre el archipiélago y los espacios marítimos correspondientes.
En ese escenario, la nueva ley busca ampliar las herramientas jurídicas y económicas disponibles para actuar contra empresas que participen directa o indirectamente de esas actividades. La reunión en Diputados también dejó nuevas definiciones sobre el componente estrictamente vinculado con la Defensa Nacional. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general Jorge Puebla, sostuvo que la discusión debe servir para proyectar las Fuerzas Armadas que necesitará la Argentina durante los próximos 40 años.
Puebla vinculó esa planificación con la protección futura de los recursos energéticos, minerales y productivos del país, y planteó que el escenario internacional obliga a pensar las necesidades del instrumento militar argentino con una perspectiva de largo plazo.
La intervención del funcionario de Defensa amplió así el marco de una iniciativa que comienza con la protección de los recursos vinculados con Malvinas, pero que también incorpora modificaciones de mayor alcance sobre el sistema de defensa y seguridad nacional.
El debate recién comienza. Sin embargo, la primera jornada permitió precisar uno de los efectos concretos que tendría la iniciativa si finalmente es aprobada por el Congreso: el régimen argentino de sanciones por la explotación de recursos en torno a Malvinas dejaría de estar concentrado en los hidrocarburos y pasaría a alcanzar también actividades como la pesca y la minería, con multas administrativas que podrían escalar hasta decenas de millones de dólares.
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