En las últimas horas, se conocieron más datos y detalles de las células que operan reclutando argentinos para la guerra en Ucrania. En los últimos días, como se precisó, las autoridades argentinas descubrieron una organización local, dedicada a reclutar mercenarios argentinos, para combatir en la guerra de Rusia y Ucrania. La misma reclutaba y captaba ex militares, ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad e incluso civiles para enviarlos ilegalmente a Europa y combatir en la guerra.

Según revelan reportes recientes, en los últimos años, la Argentina se ha convertido en una base de operaciones para organizaciones que reclutan ilegalmente mercenarios para combatir en la guerra ruso-ucraniana, que comenzó en febrero de 2022. Por lo que, en el país operarían diversos grupos que buscan mercenarios para integrar las filas ucranianas. Según la información disponible, hasta el momento, las diversas células habrían llevado, al menos, a 50 argentinos para pelear en el frente de batalla y el teatro de operaciones europeo.
Las estimaciones policiales y judiciales prevén que habría uno o dos contingentes de combatientes argentinos reclutados por estas células y organizaciones, en territorio ucraniano, actualmente. La investigación judicial en curso, que está llevado adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación, determinó que el reclutamiento se realizaba bajo la promesa de un pago mensual de US$3.000 por combatir en la guerra. Además, las células y organizaciones alegaban que los enviados argentinos tenían contratado un seguro de US$400.000 que recibirían sus familias, en caso de caer en combate.
Según la información revelada por diversos medios, al llegar a Ucrania, los reclutadores locales retenían los pasaportes de los mercenarios argentinos. En el marco de la investigación, una ex policía bonaerense fue detenida. Se trata de Griselda Inés Ortiz, quien es acusada de reclutar a los combatientes argentinos, bajo la figura de reclutamiento del Código Penal Argentino, con penas que van desde los 5 a los 10 años.
Este hecho se inscribe como parte de una maniobra utilizada en todo el mundo para reclutar mercenarios frente a conflictos internacionales, como es el caso de la guerra ruso-ucraniana, donde se han descubierto varias organizaciones de este tipo, esparcidas a lo largo del globo, para captar combatientes remunerados. Por lo que, esta es solo una de las organizaciones y células dedicadas al reclutamiento de mercenarios argentinos para la guerra de Rusia y Ucrania, ya que se logró determinar que existen otros grupos que actúan en el país, con la misma finalidad y bajo la misma modalidad.

Existen indicios de que, actualmente, existen en el país diversas organizaciones estructuradas –de carácter transnacional– que operan en el territorio nacional, bajo la intervención de reclutadores locales, en la selección de perfiles –la mayoría de ellos ex militares o ex integrantes de las Fuerzas de Seguridad– para el reclutamiento de mercenarios y combatientes. Se llegó a determinar, de hecho, que las víctimas eran captadas en el interior del país y se solicitaba tener, preferentemente, algún tipo de instrucción militar o haberse desempeñado en alguna Fuerza de Seguridad, aunque este no era un requisito excluyente.
Las células coordinan contingentes grupales y gestionan el proceso de salida del país hacia Europa, más precisamente hacia países limítrofes del conflicto bélico que se desarrolla en Rusia y Ucrania. La dinámica incluiría la captación de combatientes, a través de redes sociales y aplicaciones, con promesas de retribuciones económicas significativas y cobertura de gastos de traslados. Según los indicios y las pistas con las que cuenta la Justicia argentina, la ruta del dinero tiene como origen directo aUcrania.
Cuando las víctimas llegan a territorio ucraniano, muchas de estas células le sacan los pasaportes y sus celulares, y estos son dirigidos a un campo de instrucción para recibir entrenamiento militar. Según los informes judiciales y policiales, difundidos a través de diversos medios, esta dinámica podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, bajo esquemas de coerción o endeudamiento, en contexto de conflicto armado.
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