Según un reporte reciente de Agencia Noticias Argentinas, los demandantes de la causa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) ya estarían preparando su próxima jugada ante CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la sentencia condenatoria contra la República Argentina.
En el mes de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos revocó la sentencia de la Jueza Loretta Preska, que había condenado a la República Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones a los demandantes y damnificados por la expropiación de YPF en el año 2012, a modo de indemnización. La decisión del tribunal estadounidense supuso un respiro inesperado para la Argentina en el frente judicial más complejo y delicado de su historia.

Sin embargo, los fondos demandantes (Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital) habrían informado a la defensa argentina su intención de solicitar la revisión judicial del fallo de la Corte de Apelaciones. Además, en este escenario, los demandantes de la causa ya estarían preparando su próxima jugada y estrategia. Según dio a conocer Agencia Noticias Argentinas, estarían buscando trasladar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, iniciando, de este modo, el reclamo en el CIADI.
Este, de hecho, es conocido como el principal tribunal internacional de arbitraje para conflictos entre Estados e inversores extranjeros. Los tratados bilaterales de inversión, firmados en su mayoría por la Argentina en la década de 1990, habilitan su competencia y permiten a empresas e inversores extranjeros reclamar compensaciones por incumplimientos contractuales, expropiaciones y privatizaciones fallidas, entre otras cuestiones. El CIADI, sin embargo, se presenta como el peor escenario posible para la Argentina. Desde la década de los 2000, se convirtió en el principal escenario arbitral contra Argentina, a tal punto que el país registra 65 casos que radican en dicho tribunal.
Además, según el reporte de Agencia Noticias Argentinas, la posibilidad de que el caso pueda llegar al CIADI no es infinita ni sorprende, ya que tras la expropiación de YPF en 2012, Repsol –entonces accionista mayoritaria de la compañía– había recurrido al tribunal, invocando el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y España del año 1991, y logró un acuerdo de compensación por US$5.000 millones. Los fondos demandantes podrían intentar invocar una estrategia similar, en el marco de esta causa, tras el fallo de la Corte de Apelaciones, apoyándose, precisamente, en el tratado bilateral mencionado, a fin de reformular en el CIADI el reclamo que habría fracasado en la Justicia de Nueva York.

La demanda podría ser reforzada, por ende, y llevada a la instancia arbitral del CIADI. Si bien el resultado obtenido en Nueva York fortaleció a la Argentina, la eventual llegada del caso al CIADI abre un nuevo y complejo escenario judicial para el país, de varios años de duración y en un ámbito donde históricamente la Argentina ha tenido un bajo margen de éxito. El eventual arbitraje internacional que podría llegar a impulsar Burford Capital supone un desafío para el gobierno argentino, frente a un escenario que podría volver a poner en juego la estabilidad del país con demandas multimillonarias.
Más allá del respiro y alivio inesperado que supuso el fallo de la Corte de Apelaciones, los rumores sobre la nueva estrategia de los fondos demandantes y su intención de llevar el caso al tribunal internacional de arbitraje del CIADI configura un complejo escenario para la causa de YPF, que podría presentar nuevos riesgos legales y financieros para el país en el futuro, con impacto e incidencia directa en el ámbito doméstico y en la llegada de inversiones extranjeras a la Argentina.
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