El día de ayer, el Gobierno Nacional anunció la implementación de inhibidores de señal y dispositivos de detección y bloqueo de celulares móviles en las cárceles federales. La medida fue oficializada por el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva, a través de la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial, y busca bloquear la señal dentro de las cárceles federales para impedir la coordinación de maniobras ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios federales.
Esta semana el Gobierno Nacional autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de inhibidores de señal y dispositivos de detección y bloqueo de celulares dentro de las cárceles federales. Los celulares dentro de las cárceles funcionan como herramientas claves para delinquir desde el interior de los establecimientos penitenciarios y coordinar maniobras ilícitas, estando los reos en cumplimiento de sus condenas. Se destacan estafas telefónicas, maniobras de robos, amenazas. Sin embargo, estos son solo algunos ejemplos entre tantos.
Frente a este escenario local, el Gobierno Nacional anunció la instalación y puesta en marcha de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en las cárceles federales. La Resolución 336/2026 habilita al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a instalar sistemas con tecnología capaz de identificar celulares activos dentro de los establecimientos penales y anular su funcionamiento, además de inhibidores de señal. La medida instruye a las áreas técnicas del Ministerio de Seguridad Nacional a avanzar con la compra, instalación y mantenimiento de los nuevos sistemas.
Esta tecnología permitirá detectar los teléfonos móviles en uso y activos desde la cárcel y bloquearlos, a diferencia de los sistemas implementados anteriormente que inhibían y bloqueaban toda la señal dentro de los establecimientos, incluso afectado la señal y conexión en las zonas cercanas a los penales. Con esta nueva tecnología, el objetivo es que el bloqueo de la señal quede limitado al interior de las cárceles. La resolución regula, además, ajustes y actualizaciones para evitar que el funcionamiento afecte áreas externas. Sin embargo, según la información disponible, la implementación de este sistema no será inmediata ni automática sino que llevará tiempo.
El objetivo es, precisamente, impedir el uso de los dispositivos móviles en el interior de las cárceles para cometer delitos. Desde el Ministerio de Seguridad Nacional consideran que resulta necesario y pertinente “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”. La medida se apoya en el marco legal vigente, ya que la ley argentina prohíbe el uso de teléfonos celulares en los establecimientos penales.
Infobae señala que, en sintonía con esta medida del Ejecutivo, hace relativamente poco, el bloque parlamentario HECHOS propuso una medida similar en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires (PBA) para evitar el uso de dispositivos celulares en los establecimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los legisladores explicaron, en ese entonces, la necesidad de restablecer el orden jurídico vigente, ya que la excepción implementada durante la pandemia del COVID-19 que permitía el uso de teléfonos móviles, ya que los reos no podían tener contacto con sus familiares, allegados y abogados, se prolongó hasta la actualidad y ha generado severas consecuencias en la seguridad pública y ciudadana. De hecho, en el mes de febrero, el Ministerio de Seguridad Nacional logró desarticular una banda criminal que operaba desde el sistema penitenciario bonaerense y era conocida como la “Pyme del delito”.
Por lo que, ya son varios los legisladores bonaerenses que consideran que resulta necesario restablecer el orden jurídico vigente y prohibir, nuevamente, el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, en sintonía ahora con esta nueva medida del Poder Ejecutivo Nacional, que busca bloquear e inhibir el uso de celulares en los establecimientos y las unidades penales federales.
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