Un pedido de informes fue presentado en la Cámara de Diputados por la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Además, se podría presentar un pedido de acceso a la información pública. El proyecto de resolución fue presentado por el Diputado de la Nación, Pablo Juliano, de Provincias Unidas ante la Honorable Cámara de Diputados.
A través del flamante proyecto, presentado por el legislador de Provincias Unidas, se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) informe a la Cámara de Diputados “los fundamentos, alcances jurídicos, administrativos, financieros y sanitarios del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 88/2026”, a través del cual se dispuso la disolución de IOSFA y la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
El pedido de informes, en sí, solicita detalles sobre la necesidad y urgencia de la medida; la situación económica-financiera de IOSFA, el riesgo fiscal derivado de la cancelación del pasivo; la disolución, liquidación y facultades del Administrador; la transferencia de activos, personal y afiliados; la continuidad de las prestaciones; la creación de OSFA y OSFFESEG y las delegaciones normativas; como así también de las contrataciones, auditorías y eventuales irregularidades; las denuncias públicas y toda información complementaria.
En esta línea, se solicita que el Poder Ejecutivo indique cuales habrían sido las circunstancias de carácter excepcional que habrían tornado “imposible” seguir el tratamiento legislativo ordinario y que habrían incentivado, por ende, el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, conforme a la Constitución Nacional.
El pedido por IOSFA
Se solicita que el Poder Ejecutivo informe el monto total del pasivo de IOSFA al momento del dictado del DNU 88/2026, debiendo discriminar por tipo de acreedor, concepto, antigüedad de la deuda, moneda de origen y estado de exigibilidad. El objetivo es que el Ejecutivo indique si el pasivo asciende los $240.000 millones o una cifra equivalente.
A su vez, se exige un detalle del origen, la evolución temporal y la composición estructural del déficit del Instituto. Para ello, se solicita identificar decisiones administrativas, financieras y presupuestarias que hayan contribuido a su generación, como así también a los funcionarios responsables de su autorización y ejecución. De hecho, el pedido de informes busca que el Poder Ejecutivo informe si se han promovido acciones tendientes a determinar responsabilidades patrimoniales de los funcionarios que intervinieron en la generación del endeudamiento y el déficit del Instituto, a fin de resguardar el erario público.
En esta línea, se requiere conocer también los estados contables auditados del Instituto, como así también los informes actuariales, las evaluaciones de sostenibilidad financiera y toda otra documentación técnica que sirva de fundamento para afirmar, taxativamente, la existencia de un “desequilibrio estructural persistente”, que es lo que habría alegado el Poder Ejecutivo para la disolución, desintegración y liquidación de IOSFA, a través del DNU 88/2026.
Vinculado a ello, el pedido de informes solicita conocer si el pasivo registra acreencias judicializadas o con cierto riesgo de judicialización, detallando contingencias, previsiones y eventuales costos por intereses, actualizaciones y/o sanciones. Además, se solicita precisar qué organismo asumirá, efectivamente, la cancelación total o parcial del pasivo de IOSFA; bajo qué mecanismo jurídico-financiero se instrumentará dicha operación; y si la cancelación implicará asistencia directa o indirecta del Tesoro Nacional, la emisión de instrumentos de deuda o la reasignación de partidas presupuestarias.
En paralelo, se busca que el Poder Ejecutivo informe si tomó la intervención competente frente a las denuncias públicas por presuntas malversación de fondos, direccionamiento, falta de rendición y adjudicación de contratos y licitaciones de altas sumas de dinero en IOSFA. En esta línea, se exige señalar si se han detectado sobreprecios, pagos indebidos o irregularidades contractuales, detallando, en tal caso, los casos correspondientes. Este tema ha sido seguido de cerca por el Congreso Nacional que, de hecho, había buscado crear una Comisión Investigadora sobre la gestión de IOSFA en la Cámara de Diputados para investigar y ejercer control parlamentario sobre el tema, aunque sin éxito alguno.
La disolución de IOSFA y la creación de las nuevas obras sociales
El pedido de informes solicita información detallada acerca de la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así también de la creación de las dos nuevas obras sociales para el personal militar y de seguridad. En primer lugar, el proyecto de resolución solicita que se informen los criterios técnicos utilizados por el Poder Ejecutivo para disponer la disolución de IOSFA, en lugar de optar por su saneamiento o reestructuración.
Se exige que el Poder Ejecutivo indique y detalle el alcance de las facultades conferidas al Administrador, remita el marco normativo que se aplicará e informe qué procedimiento garantizará la trazabilidad patrimonial durante la transferencia de bienes. En esta línea, se solicita información detallada sobre la transferencia de activos, personal y afiliados de IOSFA, en el marco de su disolución.
La continuidad de las prestaciones es un tema central del pedido de informes, presentado por el Diputado Juliano. El proyecto, de hecho, solicita al Poder Ejecutivo detallar el plan operativo que garantizará la continuidad, calidad e integralidad de las prestaciones a los afiliados de IOSFA durante el proceso de transición, y precisar quién asumirá la responsabilidad en caso de eventuales interrupciones en la cobertura de salud, como así también qué mecanismos administrativos y judiciales de reclamo tendrán los afiliados durante el proceso de transición.
A su vez, se busca que el Poder Ejecutivo informe y precise si las nuevas obras sociales estarán comprendidas en la Ley 23.660 o si, en su defecto, funcionarán bajo un régimen excepcional. En tal caso se deberá indicar los fundamentos jurídicos. En esta línea, se solicita detallar qué prestadoras serán contratadas para garantizar la cobertura inmediata de los beneficiarios de OSFFESEG, para la cual ya se designó a su presidente a fin de acelerar la puesta en marcha de la nueva obra social federal, y si se prevé la participación de empresas de medicina prepaga para la cobertura y en tal caso, bajo qué condiciones contractuales.
El pedido de informes busca conocer, en detalle, los fundamentos del Poder Ejecutivo para el dictamen del DNU 88/2026, que dispuso la disolución de IOSFA y la creación de las dos nuevas obras sociales para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad. En esta línea, con este proyecto de resolución, se busca ejercer control parlamentario sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Además, según advierten fuentes oficiales, próximamente se podría presentar un pedido de acceso a la información pública sobre el tema.
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