El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una inversión de más de 40 mil millones de pesos en seguridad al encabezar la apertura del 148.º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial en la ciudad de Laboulaye. El mensaje se dio en un contexto atravesado por la crisis de inseguridad, con el delito y el narcotráfico como ejes centrales de la agenda pública y política.
Durante su discurso, Llaryora definió la lucha contra el narcotráfico como una “decisión total y absoluta” de su gobierno y sostuvo que se trata de una pelea que “no admite tibiezas”. En ese marco, reclamó el acompañamiento de todos los espacios políticos y advirtió que cualquier obstáculo legislativo o judicial a las políticas de seguridad termina siendo funcional a las organizaciones criminales.
El mandatario destacó que la Ley de Seguridad sancionada hace dos años permitió la creación de siete fiscalías antinarcotráfico distribuidas en toda la provincia, lo que, según datos oficiales, derivó en un incremento del 27% en los procedimientos contra el narcotráfico. A la par, remarcó la jerarquización de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y anunció la apertura de cinco nuevas sedes operativas en el interior provincial, apalancadas en la incorporación de personal con formación en las Fuerzas Armadas.
Uno de los ejes más sensibles del discurso estuvo vinculado al control territorial. En ese sentido, el gobernador anticipó el envío a la Legislatura de una Ley Antibúnker o Antiaguantaderos, destinada a desalojar inmuebles ocupados ilegalmente por bandas criminales, evitar la consolidación territorial del delito y devolver esas propiedades a sus dueños o reconvertirlas en espacios de uso social o comunitario.
En materia tecnológica, Llaryora defendió con énfasis la incorporación de sistemas avanzados de vigilancia, incluidos drones de características “casi militares”, cámaras con lectura de patentes, controles de velocidad, tótems de seguridad y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la prevención del delito. En ese punto, cuestionó las trabas judiciales y políticas que demoraron estas compras y afirmó que bloquear esa tecnología “es negarles a los ciudadanos una herramienta clave contra el narcotráfico”.
La inversión anunciada también contempla la compra de 500 nuevos vehículos para la Policía de Córdoba, la FPA, las guardias urbanas y el programa Cordobeses en Alerta, además de la ampliación de los centros de monitoreo en toda la provincia. En Córdoba Capital, el gobernador resaltó el avance del Plan de Territorialidad judicial-policial, que define distritos con fiscales y comisarios responsables por zona, de los cuales ya funcionan 12 sobre un total proyectado de 27.
Sistema penitenciario y víctimas del delito
Otro punto central fue el anuncio de un régimen penitenciario de alto riesgo, que requerirá una ley específica y estará asociado a la finalización de la primera cárcel de máxima seguridad de la provincia, el CEMAX, destinada a alojar presos de alto perfil criminal. En paralelo, el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley de Protección Integral de las Víctimas del Delito, que ordena derechos, garantías, asistencia y reparación, y que llevará el nombre de Joaquín, en homenaje a una víctima cuyo caso tuvo fuerte impacto social.
Llaryora también vinculó la política de seguridad con resultados estadísticos. Señaló que Córdoba registró en 2025 una tasa de 2,2 homicidios cada 100 mil habitantes, la más baja de su historia y por debajo del promedio nacional, que se ubicó en 3,7. Reconoció, sin embargo, que los resultados “aún son insuficientes” frente a la demanda social de mayor seguridad.
En el tramo final, el gobernador apuntó directamente contra sectores de la oposición por haber votado contra la Ley de Seguridad, la creación de fiscalías, el uso de armas menos letales, las guardias locales y la incorporación de personal formado en las Fuerzas Armadas. Afirmó que esas decisiones “terminan siendo funcionales a los delincuentes” y cerró con un mensaje político directo: el gobierno provincial profundizará la ofensiva contra el delito y el narcotráfico, en un escenario donde la seguridad se consolidó como uno de los principales vectores de estabilidad política y social en Córdoba.
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