Burford Capital, principal beneficiario económico del fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, pidió en Nueva York que la jueza federal Loretta Preska declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuestos incumplimientos de órdenes de producción de información en la etapa de “discovery” vinculada a la ejecución de la sentencia. El planteo agrega presión mientras la Argentina sostiene la apelación del fallo de fondo y busca evitar que el expediente se convierta en una plataforma para embargos y medidas sobre activos vinculados al Estado.
En el centro del nuevo round judicial no está la discusión histórica sobre la estatización de 2012, sino la disputa por la información: qué comunicaciones debe aportar el Estado, qué se considera bajo su “posesión, custodia o control”, y hasta dónde puede llegar la justicia estadounidense para forzar la entrega de correos y mensajes asociados a funcionarios actuales y anteriores. Burford sostiene que la Argentina no produjo material relevante —incluyendo emails y mensajería— y que eso obstaculiza su estrategia de cobro, que combina identificación de activos con la tesis de “alter ego” para tratar a ciertas entidades como extensiones del Estado a efectos de ejecución.
La Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce la defensa, salió a responder en términos políticos y procesales: calificó el pedido como “hostigamiento” y aseguró que el país cumplió “plena y ampliamente” con el discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas y declaraciones testimoniales. En la misma línea, fuentes oficiales remarcaron que el reclamo se inscribe en un expediente de múltiples aristas donde el objetivo del demandante es ganar palanca de negociación, no solo recolectar evidencia.
El pedido de Burford no es menor por el tipo de sanciones que pone sobre la mesa. Según la presentación reseñada por medios locales, los demandantes reclamaron una multa coercitiva “de al menos un millón de dólares por día” mientras persista el supuesto incumplimiento, sanciones civiles, presunciones adversas sobre evidencia no aportada y la declaración de desacato. Además, solicitaron que el tribunal considere comunicaciones por WhatsApp y correos electrónicos —entre otros canales— para sustentar la tesis de que organismos y empresas vinculadas al Estado actuarían como “alter ego”, incluyendo menciones al Banco Central, Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.
En términos institucionales, el desacato en el sistema federal estadounidense funciona como una herramienta de disciplina procesal: no “resuelve” el pleito de fondo, pero puede modificar el equilibrio en la fase de ejecución al habilitar multas diarias, inferencias adversas o medidas que encarecen la estrategia defensiva. Para la Casa Rosada, el riesgo no es solo económico. Es también de gobernabilidad reputacional: un pronunciamiento de Preska en ese sentido se leería como un agravamiento del conflicto con una corte clave para cualquier intento de recomposición de confianza financiera, en un contexto donde el expediente ya condicionó expectativas de acceso a mercados y agenda inversora.
Discovery y “alter ego” el campo de batalla de la ejecución
El trasfondo de este capítulo es una orden previa de Preska que, en 2025, habilitó un discovery amplio sobre comunicaciones de altos funcionarios para identificar bienes ejecutables y examinar la relación entre el Estado y distintas entidades. En ese marco, la jueza llegó a convalidar pedidos orientados a mensajes en plataformas como Gmail, WhatsApp y Signal vinculados a funcionarios del área económica, un punto especialmente sensible para cualquier administración: choca con reglas domésticas, abre discusiones sobre uso de canales no oficiales y obliga a coordinar —jurídica y políticamente— la recolección de información que puede involucrar a gestiones distintas.
Ese diseño explica por qué Burford insiste en el “alter ego”. Si lograra que el tribunal avance en esa dirección, la discusión dejaría de ser “cómo paga la Argentina” para pasar a “qué puede embargarse” bajo una lógica de ejecución ampliada. En otras palabras, el objetivo no es solo acelerar el cobro del monto del fallo, sino ampliar el universo de activos potenciales y aumentar el costo de sostener la estrategia de litigio y apelaciones. La Argentina, por su parte, busca mantener el conflicto dentro de márgenes controlables y evitar que el caso derive en un precedente operativo para atacar activos estratégicos o sensibles.
La presión llega, además, con un dato estructural: aunque el fallo fue apelado, en Estados Unidos la ejecución puede avanzar en paralelo si no hay una suspensión efectiva, y el expediente ya mostró que Preska está dispuesta a decisiones agresivas en materia de “turnover” y ejecución. En 2025, por ejemplo, ordenó transferir la participación estatal del 51% de YPF como forma parcial de satisfacción del crédito —una medida que la Argentina apeló y que tuvo idas y vueltas en instancias superiores—, dejando claro que la etapa de cobro no es un anexo menor sino una arena central del litigio.
En clave doméstica, el caso tiene otra derivación: obliga al Ejecutivo a articular una defensa con costos políticos cruzados. Cada avance del discovery que involucra a funcionarios en ejercicio, ex ministros y comunicaciones no oficiales impacta sobre la administración cotidiana, la cadena de custodia documental y la narrativa de “capacidad estatal” para cumplir órdenes judiciales externas sin afectar normas locales. A la vez, el Gobierno necesita evitar que el conflicto se traduzca en un deterioro adicional del riesgo país, particularmente cuando la agenda económica depende de señales de normalización financiera y de sostener la inversión en energía.
El cronograma ahora fija fechas concretas para medir la relación de fuerzas. Según la agenda judicial reportada por medios que siguen el expediente, la defensa argentina debe responder formalmente el 19 de febrero; los demandantes presentarían su réplica el 5 de marzo; y habría audiencias los días 23 y 24 de marzo, cuando Preska definiría si hace lugar —total o parcialmente— al pedido de sanciones. Con esas estaciones por delante, el Gobierno enfrenta una doble tensión: sostener una estrategia jurídica de largo aliento en la apelación, y administrar el corto plazo de un proceso de ejecución que puede encarecerse si el tribunal toma medidas coercitivas.
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