El 2025 del Ministerio de Seguridad Nacional estuvo marcado por anuncios claves y decisiones estratégicas, materializadas en planes de reorganización, modernización y capacitación, procesos de compra, nuevas capacidades y medios y aumentos de las partidas presupuestarias, lo que se ha podido traducir en operativos y programas de Seguridad Interior destinados a combatir un conjunto de amenazas, entre las que se incluye al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. A tan solo unas horas del próximo año, resulta menester analizar el balance de la gestión de Patricia Bullrich al frente de la Seguridad Nacional, este 2025, y el salto a una nueva etapa bajo la conducción de la flamante Ministra, Alejandra Monteoliva.
El 2025 comenzó con debates por la seguridad, cuando el Gobierno Nacional logró la aprobación y sanción de las leyes de reincidencia y reiterancia, como así también del juicio en ausencia –clave para la causa AMIA, lo cual fue analizado por este medio–. En el marco de un creciente contexto de inseguridad y delincuencia, la promulgación de estas leyes resultaron claves, en el inicio de año. A su vez, entre los hitos de la Seguridad Nacional de este 2025, se destaca la aplicación y ejecución del famoso “Protocolo Antipiquetes”, el incremento financiero sostenido y continuo de las partidas para la Seguridad Interior –a través de los diversos ajustes del Presupuesto 2025–, los aumentos salariales para las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Policiales, los planes de control fronterizo y la aprobación de los protocolos para los agentes encubiertos digitales y los agentes reveladores digitales, entre tantos otros.
El Protocolo Antipiquetes: la polémica del 2025
El protocolo, impulsado bajo la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad Nacional, regula el accionar policial durante protestas y manifestaciones sociales, en pos de “hacer cumplir la ley”. El mismo habilita a las Fuerzas Federales de Seguridad a intervenir y tomar acción ante casos de “impedimento al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”. Sin embargo, este año el Protocolo Antipiquetes comenzaría a ser cuestionado, no solo por organizaciones sociales, sino por la propia ciudadanía, producto de su implementación en las marchas de los jubilados –pactadas cada miércoles– desencadenando una ola de violencia incontrolable en las inmediaciones del Congreso Nacional.
El repudio llegaría especialmente, en una de las marchas del mes de marzo, cuando las Fuerzas de Seguridad reprimieron a los propios jubilados, detuvieron jóvenes e hirieron, gravemente, a un fotoperiodista que estaba cubriendo la masiva movilización, a la cual se sumó parte de la ciudadanía en apoyo a los reclamos de los jubilados y pensionados. Sin embargo, la Ministra Bullrich respaldó el accionar de las Fuerzas en las diferentes movilizaciones, bajo la implementación del protocolo, y resaltó que se habrían detenido sujetos con armas de fuego, que buscaban desestabilizar al gobierno. Por el alcance legal impulsado este 2025, estas personas quedaron encuadradas en el régimen de la Ley Antimafia.
En el mes de abril, ante la ola de violencia de cada miércoles en las inmediaciones del Congreso Nacional como resultado de las movilizaciones y la consecuente implementación del protocolo, la Justicia había limitado la intervención del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de las Fuerzas Federales de Seguridad, en las protestas por la crisis jubilatorias. No obstante, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) revocó el fallo del Juez Gallo. Pese a ello, el Ministerio conducido por Patricia Bullrich tendría que rendir cuentas acerca de los operativos de las Fuerzas de Seguridad en las protestas jubilatorias, por pedido de la Cámara de Diputados.
A través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cartera debió dar detalles sobre dichos operativos. Asimismo, cabe recordar que, la Cámara de Diputados había solicitado un pedido de informes mediante un proyecto de resolución a la entonces Ministra Bullrich por los protocolos de las Fuerzas de Seguridad e incluso, exigió la concurrencia de la misma ante la Comisión de Seguridad Interior de dicha Cámara.
Lucha contra el crimen organizado: cooperación y programas
En el marco de la lucha contra el crimen organizado, este año el Ministerio de Seguridad Nacional ha reforzado y consolidado su cooperación regional e internacional en la materia. De este modo, por ejemplo, la Argentina ha reforzado su cooperación con el Reino Unido, a través de la firma de un memorando de entendimiento para hacer frente conjuntamente al narcotráfico y el crimen organizado.
El Ministerio de Seguridad Nacional ha avanzado en modificaciones sustanciales para reforzar y mejorar la seguridad y el control fronterizo, en el marco de la lucha contra el crimen organizado trasnacional, que opera intensamente en la zona fronteriza argentina y se acentúa en la zona de la Triple Frontera, donde la Argentina, junto a Brasil y Paraguay han intentando blindar la zona. Por su parte, tras las alertas y denuncias de Estados Unidos por la presencia de redes y células terroristas de Hezbolá en la Triple Frontera, el Ministerio de Seguridad Nacional impulsó la creación del “Plan Guaçurarí”, para controlar y vigilar la frontera norte, haciendo especial énfasis en Bernardo de Irigoyen (ciudad en Misiones). El objetivo del programa es desarticular redes criminales transnacionales, vinculadas al crimen organizado y al terrorismo internacional.
A lo largo del 2025, en El Estratégico hemos analizado los planes y las estrategias del Ministerio de Seguridad Nacional para combatir y neutralizar al narcotráfico y el crimen organizado, destacando la implementación y ejecución del “Plan Güemes” –respaldado por la fuerza militar, bajo la instauración de la “Operación Roca”–, el “Plan Guaçurarí” y el “Plan Paraná” con la Hidrovía como eje. A su vez, el Ministerio de Seguridad Nacional ha impulsado la puesta en marcha de un protocolo contra la trata de personas en los pasos fronterizos. En este sentido, el país ha reforzado los controles migratorios y ha endurecido las restricciones fronterizas, en pos de garantizar la seguridad nacional. De hecho, bajo el marco del Plan Güemes, las Fuerzas Federales de Seguridad han cerrado pasos ilegales en la frontera con Bolivia e incluso, han llegado a incautar mercaderías valuadas en millones de pesos.
La agenda de lucha contra el crimen organizado y el control fronterizo también fue impulsada mediante la firma de acuerdos y memorandos con actores de interés en la materia. En esta línea, la Argentina firmaría un acuerdo de cooperación en seguridad con Chile y actualizaría un acuerdo regional vigente con sus pares de Brasil y Paraguay –por la Triple Frontera–. A su vez, también se suscribieron una serie de acuerdos con Estados Unidos, en el marco de la visita de Kristi Noem (Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) a la República Argentina, y se inició un proceso de cooperación entre la Argentina y Ecuador en la materia, donde la seguridad, el narcotráfico y el crimen organizado fueron los ejes de la agenda bilateral.
En este escenario, este 2025, el gobierno celebró el récord de operativos y la baja de homicidios en Argentina, reforzando su narrativa de lucha contra el crimen organizado. Siendo el Plan Bandera, en Rosario, y el Plan 90/10, orientado a grandes ciudades con altos índices de homicidios, dos de los pilares de la estrategia del Ministerio de Seguridad Nacional. El primero de ellos, impulsado bajo la gestión de Patricia Bullrich, continúa con la conducción de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio, quien ya ha mantenido reuniones y encuentros para evaluar su desempeño este 2025 y proyectar el próximo año, en el marco de su visita a Rosario. El desafío hacia 2026 será sostener la operatividad en niveles récord, garantizar recursos presupuestarios y consolidar una estrategia federal de seguridad.
Reestructuración de las Fuerzas Federales
Este año el Ministerio de Seguridad Nacional impulsó un proceso de reformas estructurales que atravesó al Sistema Federal de Seguridad, mediante la reestructuración y reorganización de las Fuerzas Federales. A través de las competencias y facultades excepcionales adquiridas por medio de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo modificó los organigramas de las 5 Fuerzas Federales de Seguridad y reorganizó su estructura de forma integral modificando su composición, funciones y responsabilidades, entre otras cuestiones.
De esta manera, se ha reformado a la Policía Federal Argentina (PFA) –en cuya órbita se ha decidido crear el Departamento Federal de Investigaciones (DFI)–, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), imitando el modelo de los Estados Unidos. Cabe señalar que, tal como se ha explicado en ocasiones previas, el modelo de seguridad estadounidense es un eje y un pilar clave en el diseño y la reestructuración de la seguridad argentina, bajo el mando de Patricia Bullrich y ahora de Alejandra Monteoliva.
A su vez, se ha impulsado el Plan Estratégico de Capacitación (PEC) para el período 2025–2027, con foco en profesionalización operativa, gestión de emergencias, bienestar institucional y fortalecimiento de la inteligencia criminal. Es decir que, más allá de los programas y planes de reequipamiento y reorganización, el Ministerio de Seguridad Nacional también ha abogado por la capacitación de sus Fuerzas y la modernización de las mismas. El PEC establece los lineamientos formativos para el personal de la jurisdicción, con el objetivo de alinear la capacitación institucional con las prioridades estratégicas del Ministerio. Aunque, también resulta necesario señalar que, pese a que el Ministerio aboga por la modernización y la captación de nuevas capacidades se han identificado y reconocido procesos de compra paralizados.
Las proyecciones para 2026
Con la salida de Patricia Bullrich en el mes de diciembre y la nueva etapa que comienza en el Ministerio de Seguridad Nacional, con la asunción de Alejandra Monteoliva como nueva Ministra de Seguridad Nacional, son varias las proyecciones de cara al 2026. Como se ha señalado, la Seguridad Interior es uno de los ejes del Presupuesto 2026 –aprobado y sancionado por el Senado de la Nación el pasado viernes–. En este sentido, el gobierno de Javier Milei ha colocado a la Jurisdicción 41 como una de las prioridades presupuestarias, de cara al próximo año.
El equipamiento y la modernización de la seguridad es uno de los ejes centrales. El propio Presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que su gobierno busca continuar con el fortalecimiento de la Seguridad Interior, en pos de garantizarles a los argentinos la seguridad y orden público en sus vidas, siendo el control fronterizo el eje del 2026. En este sentido, se reconoce que la Gendarmería Nacional encabeza el ranking de las Fuerzas Federales con mayor presupuesto y recursos asignados para el próximo ejercicio fiscal.
Además, en este escenario, el Ministerio de Seguridad Nacional proyecta un esquema de adquisiciones plurianuales que busca garantizar la operatividad y modernización de su estructura en los próximos ejercicios fiscales. Para la Jurisdicción 41, se proyecta la recuperación y puesta en valor de 6 helicópteros modelo H125 de la Gendarmería Nacional, así como la puesta en servicio del Helicóptero EC225 PA14 de la Prefectura Naval. Aunque también se detalló la futura recuperación de un helicóptero bimotor AIRBUS de la Gendarmería Nacional y la reconversión de un helicóptero DAUPHIN AS365N2 de la Prefectura Naval.
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