El Gobierno Nacional ha puesto en marcha una serie de privatizaciones, en el marco de su programa de gobierno, y busca avanzar en la venta de más activos del Estado. Resulta interesante analizar, en este sentido, los objetivos que el Gobierno Nacional tiene en cuanto a los procesos de privatización impulsados, hasta el momento, e identificar la privatización de ciertos sectores de la economía nacional, con sus respectivos avances y retrocesos, y su impacto.
Recientemente, el Gobierno Nacional ha impulsado una serie de privatizaciones, entre las que se destacan las rutas nacionales con peajes, el transporte, el sistema ferroviario, el servicio de agua y la energía. Actualmente, el plan de privatizaciones del Gobierno Nacional incluye ocho empresas estratégicas, con diferentes grados de avance y algunos casos de retroceso. Las compañías implicadas son: Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Corredores Viales, Intercargo, YCRT, AySA, Trenes Argentinos y Belgrano Cargas. A ellas, se le debe sumar, como se mencionó, el proceso de privación que implica a las rutas nacionales.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, celebró, recientemente, una privatización de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, que forma parte de la “Red Federal de Concesiones”, y una duplicación de peajes, en nuevos tramos licitados. En este sentido, se conoció que el próximo 8 de octubre, se procederá a realizar la apertura de sobres, donde se conocerán las ofertas para la concesión de 741 kilómetros con peajes, que corresponden a la etapa 1 de la Red Federal, conformada por los Tramos Oriental (Autovía del Mercosur) y Conexión (Puente Rosario-Victoria), que incluyen a las siguientes rutas nacionales: 12, 14, 117, 135, 174 y A-015. Si bien no se descartaba una prórroga hasta luego de las elecciones nacionales de octubre, el Ministro Caputo confirmó, esta semana, la fecha para el próximo 8 de octubre.
De acuerdo a la información que dio el propio Ministro Caputo, para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales, que forman parte de las etapas 2 y 3, se conocerán los pliegos finales, para la licitación nacional e internacional, en los próximos días. La segunda etapa de privatización vial incluye más de 4.400 kilómetros, agrupados en ocho tramos que atraviesan a la provincia de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Por su parte, la tercera etapa de licitaciones de la Red Federal de Concesiones, que aún no tiene fecha de inicio, comprende alrededor de 4.000 kilómetros más, divididos en otros ocho tramos. De esta manera, el Ministro de Economía, aseguró que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, ante los reclamos de varias provincias por el estado de las rutas nacionales, cuya responsabilidad compete a Nación.
El Gobierno Nacional busca privatizar el sector de las rutas nacionales, con peajes, para atraer nuevas inversiones y mejorar la calidad de las rutas argentinas. El mencionado proceso de privatización incluye la concesión de 9.155 kilómetros de rutas nacionales y suma 54 nuevas cabinas de peajes, a las 40 que ya existen y operan, en la actualidad. Es por ello, que en el último mes, ante la búsqueda de profundizar estas concesiones, el Gobierno Nacional modificó los pliegos para mejorar las condiciones del negocio y atraer nuevas inversiones, permitiendo el acceso al Fondo de Garantías Argentino (FOGAR); la participación de las sociedad de inversión, sin experiencia, en obras viales; incrementando la Tasa Interna de Retorno al 15%; elevando la tarifa básica tope; y reconfigurando la cláusula sobre el cobro de los aumentos de peaje.
El servicio ferroviario y el caso de Trenes Argentinos
Otro sector de la economía nacional afectado por los procesos de privatización, impulsados por el Gobierno Nacional, es el transporte y el servicio ferroviario, en particular. En este escenario, el Gobierno de Javier Milei había anunciado la privatización de Trenes Argentinos, la compañía estatal que gestiona servicios ferroviarios urbanos, regionales y de larga distancia. Sin embargo, desde entonces, no ha habido avances concretos, dado que su venta no resulta atractiva para el sector privado.
En el marco del proceso de privatizaciones de empresas públicas que ha impulsado el propio Gobierno Nacional, el caso de Trenes Argentinos se convirtió, de hecho, en uno de los más difíciles de resolver, dado que, a día de hoy, aún no cuenta con una hoja de ruta para su transferencia al sector privado. La falta de avances se explica por una serie de factores, entre los que se destacan los altos costos operativos y el congelamiento tarifario. A pesar de la reducción de personal de planta, incentivada por el Gobierno Nacional, la compañía aún cuenta con más de 20.000 puestos de trabajo y opera con severo déficit. El interés de los operadores e inversores privados es ahuyentado, precisamente, a causa de estos factores.
Además, según se informa, Trenes Argentinos es una de las empresas estatales con menor cobertura de gastos propios; lo que aleja, aún más, al sector privado. Ariel Filadoro, investigador de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), explica que “las inversiones ferroviarias necesitan horizontes largos de amortización, algo que no encaja bien con el corto plazo que buscan las empresas privadas para recuperar su capital”. Frente a este complejo escenario de privatización, la administración de Javier Milei busca implementar un esquema intermedio de concesión parcial, donde el Estado Nacional mantenga el control de los activos estratégicos de la compañía y el sector privado opere la infraestructura. Precisamente, por ello, paralelamente el Gobierno despliega un plan de 226 obras ferroviarias, con el objetivo de modernizar el sistema ferroviario nacional y mejorar la seguridad de los pasajeros.
En el sector, el Gobierno Nacional también había impulsado la privatización de la línea General Roca. Sin embargo, esta última semana, ha decidido prorrogar el contrato de concesión signado, que habilita a Ferrosur Roca Sociedad Anónima a operar la línea, hasta el 10 de septiembre del próximo año o en su defecto, hasta que se concrete un nuevo proceso de convocatoria para adjudicar la explotación del sector ferroviario.
Sin embargo, mientras las obras de modernización del sistema ferroviario nacional avanzan, la cobertura del servicio retrocede. De hecho, en diferentes zonas del país, el servicio ferroviario ya ha dejado de operar o en su defecto, funciona de forma reducida, con impacto directo en los pueblos y las comunidades locales, que dependen del tren para llegar a los centros urbanos, donde se encuentran los espacios de estudio, trabajo y salud, entre otros. El impacto de los frenados procesos de privatización en el sector ferroviario ya comienza a dejar consecuencias, con un servicio reducido, limitado e incluso, suspendido, que deja redes de vías en desuso, a pesar de los programas de modernización, y afecta a las comunidades locales que quedan aisladas de los centros urbanos, impactando en la conectividad, movilidad y la seguridad vial de cientos de argentinos, aunque principalmente, de los del interior del país.
El rechazo de la sociedad y la Justicia
El plan de privatizaciones del Gobierno de Javier Milei resulta controversial para la sociedad argentina, que ante una hiperpolarización política e ideológica, también tiene dividida esta opinión. Mientras un gran sector de la sociedad apoya la privatización de las empresas públicas deficitarias del Estado Nacional, otro amplio sector rechaza, fuertemente, este programa nacional y defiende el rol que el Estado Nacional debe tener en las mismas.
Sin embargo, el rechazo social no se manifiesta solo en las calles y las redes sociales. También han sido impulsados reclamos judiciales para frenar procesos de privatización clave, que han sido, de hecho, acompañados por la Justicia. En este sentido, por ejemplo, la Justicia Federal ha tomado la decisión de frenar la privatización del Banco Nación por un lapso de tiempo, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, respecto a si el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 y la Resolución N°348 del Directorio del Banco Nación permiten que el Gobierno Nacional eluda de tratamiento parlamentario al Congreso Nacional, acerca de la privatización de esta entidad. De esta manera, el Juez Alejo Ramos Padilla resolvió prorrogar, por seis meses, la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación del Decreto N°116/2025, a través del cual el Poder Ejecutivo determinó la privatización del Banco Nación.
De hecho, el fallo de la Justicia Federal determina que “el DNU 70/23 y la resolución 348 del Directorio del B.N.A. no autorizan a modificar la situación jurídica de la entidad bancaria” y resalta, de hecho, que dicho proceso “sólo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional”. De esta manera, la Justicia también interviene en este complejo y cuestionado proceso de privatizaciones, que el gobierno de Javier Milei, ha impulsado desde su asunción al poder gubernamental, en diciembre de 2023, y con avances y retrocesos, ya tiene impacto y genera consecuencias en el servicio público y la cotidianeidad.
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