En el marco de una nueva serie de reformas y reestructuraciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), el Poder Ejecutivo Nacional decretó múltiples disoluciones en Salud y otras áreas de la APN. Así por ejemplo, se estableció la disolución de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que actuaba como un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Esta disolución tiene impacto, directo e indirecto, en la salud, teniendo en consideración que el organismo regulaba la industria del cannabis medicinal, ampliamente utilizado en una multiplicidad de tratamientos médicos, como por ejemplo la epilepsia, el cáncer, el insomnio, el parkinson, la artritis reumatoidea, el asma, y el VIH, entre tantos otros. Su impacto también se traslada a los productores locales.
El Decreto establece que el Ministerio de Economía y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) serán las autoridades de aplicación, que a partir de ahora, tendrán competencia “en la regulación, fiscalización, registro, control y trazabilidad de la actividad productiva, comercialización y distribución de semillas, insumos críticos y productos derivados de la especie Cannabis Sativa L. en todo el territorio nacional”.
Esta medida, en el marco del Decreto 462/2025, estuvo acompañada de la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la transformación del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en organismos desconcentrados. De acuerdo al Gobierno Nacional, el Decreto 462/21025 busca optimizar y minimizar la estructura del Estado, reduciendo el gasto público y mejorando la eficiencia en la gestión y optimización de los recursos públicos. Sin embargo, la medida impacta directamente en la regulación de la industria del cannabis medicinal y de la agricultura familiar y afecta fuertemente a los productores y consumidores del sector agroindustrial y medicinal.
En línea con ello, el Decreto 460/2025 establece la disolución de los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y de las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, lo que impacta directamente en la organización y el funcionamiento de los servicios de salud provinciales. Según el Poder Ejecutivo, esta medida responde a la necesidad de mejorar la presentación de los servicios de salud y especialmente, a la acumulación de deudas de las provincias que afectaron la sostenibilidad financiera de este sistema.
Al respecto, el decreto sostiene que “la precitada implementación ha evidenciado una serie de problemas que afectan su eficacia y sostenibilidad financiera, entre los cuales se destaca la acumulación de deudas significativas por parte de diversas provincias, con la consecuente obligación del ESTADO NACIONAL de afrontar la totalidad o la mayor parte de los gastos, a pesar de ser una competencia reservada constitucionalmente a los gobiernos locales”. Por ello y en razón de la experiencia acumulada desde la implementación de este sistema, el Gobierno apela a fortalecer la descentralización de la salud hacia las jurisdicciones provinciales y optimizar el uso de los recursos públicos, ante las deudas contraídas por las provincias, en el marco de una profunda reestructuración sanitaria.
Más disoluciones y fusiones
En un escenario de crecientes reformas y transformaciones de la salud argentina, con la instauración de disoluciones y fusiones, el Gobierno Nacional ha establecido más cambios al respecto, estos últimos días. De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictaminado la disolución del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, a través del Decreto 459/2025.
Esta disolución se ve acompañada de la fusión de cinco organismos descentralizados, que actuaban en la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, que pasarán a ser parte de la “Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES)”. Dichos organismos son el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional y Comunidad “Doctor Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitacion Psicofisica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”.
La ANES asumirá la administración de los hospitales fusionados, garantizando la continuidad de sus servicios y funciones. Sin embargo, es necesario enmarcar a la fusión dentro de la línea que sostiene y defiende el Gobierno Nacional de optimizar la gestión pública y los recursos del Estado. Buscando, paralelamente, reducir costos administrativos y mejorar la calidad de la atención sanitaria y el sistema de salud nacional. Esta normativa afecta a los ciudadanos que requieren atención médica, como así también a los profesionales de la salud, aunque según se estima ello no debería ser un problema, dado que ANES garantizaría la continuidad de los servicios, funciones y personal.
Paralelamente, este decreto dictamina la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa a incorporarse en la estructura organizativa del Ministerio de Salud. Este instituto dejaría de ser un organismo descentralizado para convertirse en una unidad organizativa, lo que genera que el mismo pase a depender, en términos jerárquicos, del Ministerio de Salud, debiendo seguir sus normas, principios, estructura y presupuesto. De esta manera, el Instituto Nacional del Cáncer pierde su autonomía e independencia y pasa a depender del ente ministerial de Salud, a cargo de Mario Iván Lugones, quien es duramente criticado por los profesionales de la salud y los residentes, como así también por la opinión pública.
En concordancia con estas disposiciones, el Decreto 458/2025 dispone la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), un organismo desconcentrado dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán” (ANLIS). Esta disolución se produce en el marco del mencionado proceso de reestructuración de la Administración Pública Nacional, bajo un contexto de emergencia pública, que faculta al Poder Ejecutivo a disolver y reorganizar organismos de la órbita estatal, en función de mejorar la eficiencia de los servicios públicos y reducir el gasto del Estado Nacional, a través de la Ley N°27.742.
En este sentido, el Decreto 458/2025 comprende que el INMET, el cual fue creado para abordar y tratar enfermedades de tipo tropical, no ha cumplido las funciones asignadas. A la vez, se estima que su labor se interpone con la de otros organismos e institutos de salud vigentes. Es por ello, que a partir de lo decretado, se dispone que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán” sea la autoridad encargada de asumir los compromisos y obligaciones que tenía el INMET y garantizar la continuidad de las políticas sanitarias de este instituto.
La emergencia pública y la reestructuración de APN se trasladan a Salud
Tal como se mencionó, todas estas medidas y disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de una serie de decretos, deben ser comprendidas y encuadradas bajo un fuerte y profundo proceso de reestructuración de la Administración Pública Nacional. Como así también, bajo un escenario de emergencia pública, declarado el pasado año por el Gobierno, a través de la Ley de de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que faculta al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, reestructurar y disolver organismos actuantes, bajo la órbita del Estado Nacional.
La disolución y fusión de organismos estatales no es una herramienta nueva para el Poder Ejecutivo Nacional, que ya ha dictaminado medidas similares en otros ámbitos de la APN, principalmente, en cultura y capital humano, derechos humanos y ciencia. Sin embargo, esta forma de optimizar recursos públicos y reducir el gasto del Estado Nacional se ha trasladado, ahora, al ámbito sanitario, que desde hace tiempo, está enfrentando una severa crisis y espera respuestas y soluciones inmediatas por parte de la Presidencia argentina y el Congreso Nacional. Al respecto, cabe mencionar que, se estima que el día de hoy las comisiones de la Cámara de Diputado estén tratando el emplazamiento de la declaración de la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la Argentina, tras la fallida sesión especial de Diputados la semana pasada.
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