Ante la severa crisis en el sector pesquero, el Diputado Nacional, José Luis Garrido (Por Santa Cruz), propone un proyecto de ley para declarar la emergencia nacional del sector, en la Cámara de Diputados. El proyecto, en cuestión, propone declarar la Emergencia Pesquera Nacional, por el término de 24 meses, con la posibilidad de prórroga, con el objetivo de enfrentar la crisis productiva, económica y social, que enfrenta el sector. Se proponen incentivos fiscales, un fondo especial y un sistema de trazabilidad, entre otras medidas.
El proyecto propone crear la “Ley de Emergencia Pesquera Nacional” y establecer una serie de mecanismos de ayuda, para enfrentar la crisis que atraviesa el sector pesquero nacional. Se estima que la medida alcanzaría a todas las jurisdicciones del territorio nacional, donde se desarrollen actividades pesqueras. Se buscará hacer especial foco en las provincias marítimas y fluviales, de mayor industrialización y volumen extractivo, intentando mitigar lo más posible los efectos que esta crisis está generando para los sectores implicados en la actividad pesquera. De hecho, esta ley está en concordancia con otros proyectos de ley y decretos de declaración de emergencia para otras áreas y sectores de la economía nacional, ante la compleja situación económica y financiera que está atravesando el país.
La ley presentada por José Luis Garrido, busca recuperar la sustentabilidad económica del sector. ¿Cómo?. Fortaleciendo el empleo, garantizando un sistema de trazabilidad de los productos y bienes pesqueros, modernizando la industria nacional y combatiendo, fuertemente, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El proyecto, también, buscará promover la expansión, apertura y diversificación de los mercados internacionales, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Economía. Así también, se buscará impulsar el incremento del consumo interno de los productos de mar y río, bajo la coordinación del Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que deberán impulsar campañas de promoción del consumo local de pescado, como parte de una alimentación saludable.
Una de las medidas centrales del proyecto es la implementación, vinculante y obligatoria, del “Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura” (SUTrap), que contará con la validación técnica del INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), siguiendo los lineamientos y estándares de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se prevé que las empresas exportadoras de pescado deberán ingresar y adaptarse al sistema, en el plazo de un año; por su parte, las firmas que operan en el mercado interno, tendrán un plazo de hasta tres años para hacerlo.
Las propuestas de la ley en detalle
La emergencia nacional para el sector contempla, inicialmente, un término de 24 meses, que puede ser prorrogado, en caso de ser necesario. Durante dicho período, la ley propone la suspensión de los aumentos impositivos y vencimientos fiscales y previsionales, con impacto directo en la pesca y acuicultura. Adicionalmente, se propone la creación de un fondo especial, denominado “Fondo de Fomento y Sostenibilidad Pesquera” (FOFOSPE). El mismo financiará al sector pesquero nacional, ante la emergencia declarada, a partir de una multiplicidad de fuentes de ingresos.
Entre ellas, de recursos provenientes de las multas por pesca ilegal, de aportes provinciales, de los fondos del presupuesto nacional, de la asistencia internacional y por último, de las donaciones. La ley también contempla la creación de un régimen de incentivos fiscales para aquellas empresas y compañías que inviertan en el sector pesquero, precisamente en innovación, sostenibilidad y reconversión productiva, y la creación de un Fondo Rotatorio con créditos blandos para proyectos de modernización tecnológica.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con organismos como el INIDEP, Consejo Federal Pesquero y SENASA, serán las autoridades de aplicación de ley, y a los 18 meses de entrada en vigencia de la ley, en caso de que la misma sea aprobada por el Poder Legislativo, deberán presentar un informe de evaluación de impacto ante el Congreso Nacional. En el mismo, se deberán incluir indicadores económicos, estado de los fondos y recomendaciones para el ajuste, la continuidad o el cese de las medidas de emergencia, en función de apoyar e impulsar al sector pesquero, ante un complejo escenario de crisis.
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