Hace tan solo unas semanas, el Gobierno Nacional anunció el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, desde entonces varias provincias se han manifestado en contra de adherirse al acuerdo del nuevo Plan fiscal, que comienza a peligrar. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recientemente, realizó una advertencia directa a aquellas provincias, que aún no se han adherido al Plan y anticipó que las jurisdicciones que no firmen el nuevo convenio, dejarán de recibir información sobre facturación y consumos. La medida de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero busca alcanzar la implementación efectiva del Régimen Simplificado de Ganancias, que propone el Plan.
De hecho, el ARCA convocó a las 24 provincias de la República Argentina para suscribirse al acuerdo, que permite compartir y proteger la información vinculada a los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos y consumidores. Se especificó que las jurisdicciones que no se adhieran, perderán todo tipo de acceso a la información, que sea recabada a nivel nacional, incluyendo datos sobre facturación de personas y empresas y de consumos que no superen los 50 millones de pesos anuales. Sin embargo, la acción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero generó tensiones con varias de las provincias, dado que fue interpretada como una maniobra de presión política, para disuadir a las jurisdicciones que todavía no han decidido adherirse al Plan.
La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof en representación del kirchnerismo, fue la primera en responder. El Gobernador, quien sostuvo que mantendrá su propio sistema y régimen de fiscalización, calificó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos como un “blanqueo encubierto”. En este sentido, el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aseguró que la provincia continuará aplicando sus propios criterios de control, sin ningún tipo de modificación.
La posición del gobierno de la provincia de Buenos Aires marcó el inicio de una fuerte confrontación en términos de federalismo fiscal, ante la negativa de adherirse a lo que propone el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Mientras que el Estado Nacional impulsa un nuevo sistema centralizado, las provincias buscan sostener sus propios mecanismos de fiscalización y administración. El Gobierno Nacional y el ARCA están buscando conseguir el respaldo provincial del nuevo régimen impulsado, hace pocas semanas.

¿Qué propone el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos?
El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos o también conocido como Plan Colchón implica un paquete de medidas económicas, que busca habilitar el uso de los dólares no declarados, con el fin de ingresarlos al sistema. Con ello, el Gobierno Nacional busca estimular el blanqueo de capitales, sin penalidades para los ciudadanos, bajo la premisa de “devolverle la libertad” a los ciudadanos y contribuyentes argentinos. Este Plan fue impulsado, también, para facilitar la circulación de fondos y reservas que permanecen fuera del sistema legal.
El objetivo de esta medida es monetizar la economía argentina, a partir de los ahorros no declarados de los argentinos. De igual manera, el Plan propone un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que busca resguardar información sobre los consumos personales y el crecimiento patrimonial de los ciudadanos. Por lo que, introduce cambios y modificaciones en la forma en que se utiliza y comparte la información fiscal de los contribuyentes, con la intención de proteger la privacidad de los mismos y facilitar la gestión tributaria.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero explicó que el sistema que busca instaurar este Plan, pretende que “los ciudadanos sean inocentes hasta que se demuestre lo contrario” y reducir la intervención directa del Estado Nacional en la vida económica y financiera personal de los contribuyentes. De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó “tus dólares, tu decisión”, resaltando que “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.
En sí, el paquete de medidas que conforman este Plan supone un cambio de régimen, que busca devolverle la libertad a los argentinos, en palabras del Ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno justifica que esta medida resulta necesaria, considerando que la mayoría de los argentinos fue “abusado por este régimen de excesivos controles e impuestos”.
Los primeros datos que no entusiasman al Gobierno
Desde el anuncio oficial de presentación del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, realizado hace tan solo unas semanas atrás, para incentivar el uso de los dólares no declarados por los ahorristas, los depósitos en dólares en los bancos registraron una caída y un retroceso. Pese a este dato inicial, poco alentador para el Gobierno Nacional, desde el anuncio, los bancos han empezado a ofrecer rendimientos más elevados para los plazos fijos en dólares, con el fin de impulsar el uso de los dólares no declarados. De hecho, las entidades financieras ya ofrecen una tasa de interés de hasta el 5% anual.
Sin embargo, hasta el momento, no hay datos claros que demuestren que los dólares ahorrados están saliendo de las cajas de seguridad o los colchones de los ciudadanos argentinos. Más bien, todo lo contrario, dado que los depósitos en dólares en los bancos han retrocedido en U$S 270 millones, desde el anuncio oficial del Plan. El economista Amilcar Collante lo grafica, expresando que “por ahora, los dólares del colchón no se tocan”.
Los analistas no prevén que los datos mejoren, hasta tanto, las provincias se adhieran al acuerdo del Plan oficial y se comprometan, entre otras cuestiones, a no requerir la demostración de las fuentes de los ingresos a los inversores, ni a eximir dichos consumos e inversiones del cobro de Ingresos Brutos.
La respuesta de las provincias – ¿Tensión con Nación?
El Plan del Gobierno Nacional, como así también, el reciente anuncio del ARCA, que busca el respaldo oficial de las provincias con su adhesión al nuevo régimen y sistema centralizado, fue rechazado por varios gobernadores del Partido Justicialista (PJ) y de otras fuerzas políticas. El Plan abre una vieja disputa entre las provincias y Nación, a causa del complejo federalismo fiscal argentino, regido por una multiplicidad de acuerdos que esta iniciativa busca alterar, instando a las provincias a tomar una posición al respecto.
Sin embargo, ya son varias las provincias que han rechazado el pedido del ARCA y el Gobierno Nacional. Desde las jurisdicciones provinciales, consideran que la iniciativa representa una cesión y transferencia de facultades y competencias, sin garantías claras. Además, se señaló que el comunicado del ARCA rompe con los principios de corresponsabilidad en la administración tributaria. Cristian Girard sostuvo que “la ley garantiza a las provincias autonomía fiscal” y que, por ende, “la Nación no puede condicionar el acceso a información a la firma de acuerdos con cláusulas impuestas”.
Hasta el momento las provincias que se han suscrito al acuerdo son Catamarca, quien fue la primera; Tucumán; Chubut; Entre Ríos; Chaco; Jujuy; Misiones; Neuquén; Río Negro; Salta; San Juan y San Luis. En total, ya son 12 las provincias que han firmado el acuerdo del Plan Colchón, garantizando el respaldo político al nuevo programa fiscal del Gobierno Nacional. Mientras tanto, se aguarda que Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), definan su posición al respecto.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero expresaron que el acuerdo presentado resulta “indispensable” para sostener el sistema, sobre todo, teniendo en consideración que el acceso a la información fiscal sobre facturación y consumos queda condicionada a las jurisdicciones que firmen el acuerdo. Ello significa que aquellas provincias que decidan rechazar o no se adhieran al acuerdo, quedarán al margen de los datos y la información necesaria para detectar evasión e inconsistencias fiscales, en los consumos y la facturación. Por lo que, este tipo de información sólo quedará reservada para las jurisdicciones adheridas al acuerdo. Pese a ello, el ARCA estableció que los consumos superiores a 50 millones de pesos deberán ser necesariamente informados, más allá de la adhesión o no de las provincias.
Las jurisdicciones más pequeñas del país ya han manifestado su preocupación al respecto. Dado que, muchas agencias y organismos locales dependen de la información, recabada a nivel nacional, para complementar los procesos de fiscalización. Esto se suma también a las críticas realizadas, desde la opinión pública y las diferentes administraciones gubernamentales provinciales, ante la falta de detalles y precisiones sobre la implementación del Plan. A pesar de ello, el Gobierno Nacional continúa asegurando que, con su instauración, se eliminarán burocracias innecesarias, se simplificará el sistema impositivo actual y se fortalecerá la confianza de los contribuyentes.
Los analistas y expertos en el tema ya han anticipado que se esperan más conflictos en las próximas semanas, en torno a este tema. Las provincias deberán decidir si se adhieren, finalmente, al esquema propuesto por el Gobierno Nacional, o si lo rechazan y enfrentan las consecuencias del aislamiento fiscal. Mientras tanto, las agencias tributarias provinciales piden diálogo para llegar a un acuerdo. Ante todo ello, el futuro del Plan dependerá del respaldo político, ya que si pocas provincias lo firman, el nuevo régimen propuesto podría fracasar y golpear duramente al Gobierno de Javier Milei.
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