Luego de la reunión de la Comisión de Defensa del Senado del pasado martes, se proyecta una posible reunión reservada entre el Ministerio de Defensa con Diputados para explicar las Reglas de Empeñamiento de las Fuerzas Armadas desplegadas en el norte del país. Puntualmente, la reunión versaría sobre el accionar de los soldados desplegados bajo la Operación Roca.
El despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera norte del país, en el marco de la “Operación Julio Argentino Roca”, es un operativo que ha generado fuertes repercusiones y debates en la esfera pública nacional e internacional. Especialmente, a causa de las reglas de empeñamiento, que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, incluyendo la aprehensión de civiles en flagrancia.
Antecedentes sobre la Operación Roca
La operación fue anunciada el pasado 15 de abril a través del Boletín Oficial en una Resolución firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri. Allí se confirmó que medios y personal de las Fuerzas Armadas se localizarán en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre del 2025.
La Resolución entiende a la Defensa Nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para […] enfrentar las agresiones de origen externo con la finalidad de garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”. Por ello, la medida firmada por Petri recalca que las Fuerzas Armadas trabajarán junto a las Fuerzas de Seguridad en estos espacios físicos en pos de resguardar “la libertad, la vida y el patrimonio de los argentinos”.
En paralelo, bajo la Ley Antimafia, diversas zonas de la Frontera Norte fueron declaradas “Zona Sujeta a Investigación Especial”. Esta ley fue aprobada por el Senado el pasado mes de febrero, con el objetivo de endurecer las penas y establecer mecanismos más efectivos para enfrentar delitos. Así, la figura de Zona de Investigación Especial busca responder rápidamente ante estos crímenes de manera coordinada entre la Justicia Federal y las autoridades provinciales e incluye la ampliación de facultades para la detención de sospechosos hasta 48 horas, con posible extensión a 15 días en casos de delincuencia transnacional.
El accionar de las Fuerzas Armadas en conjunto con las Fuerzas de Seguridad se establece en la Ley de Seguridad Interior N° 23.554, la cual dispone la posibilidad de articular ambas Fuerzas en caso necesario. En paralelo, se respalda en el Decreto-Ley N° 15385/44, que señala que el servicio de policía ejercido en las zonas de seguridad de fronteras por la Gendarmería Nacional y por la Prefectura Naval Argentina “podrá ser reforzado, en caso necesario, con personal y elementos dependientes del Ministerio de Defensa”.
Dudas y cuestionamientos
El despliegue militar en el norte enfrenta cuestionamientos ligados no solo a la legalidad de las Reglas de Empeñamiento, sino también a la falta de un decreto presidencial para su implementación y los riesgos legales que podría enfrentar el personal en caso de un incidente. En Diputados, se discute también la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia fronteriza cuando ya existen dos fuerzas federales con atribuciones específicas en ese ámbito, como Gendarmería y Prefectura.
Los argumentos desde la cartera de Defensa remarcan que esta operación debe llevarse a cabo, ya que los esfuerzos anteriores “no contribuyeron al desarrollo sostenido de las capacidades de vigilancia y control” de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, las operaciones anteriores sirvieron “únicamente a los fines de realizar acciones de apoyo a la comunidad y prestar asistencia ante catástrofes naturales o emergencias”. Entre ellas, se destacan las operaciones Escudo Norte, Fortín I y II, Fortalecimiento Fortín, Fronteras e Integración Norte.
A esto se suma que, recientemente, la Operación Roca en la frontera norte ha generado preocupación en Bolivia, donde dirigentes cívicos de Tarija y Potosí han solicitado explicaciones a la Argentina sobre el alcance del operativo militar. El despliegue ha sido interpretado por sectores bolivianos como un riesgo a la relación bilateral y a sus ciudadanos que transitan la frontera.
Los fundamentos de las decisiones del Ministerio de Defensa podrían comprometer el marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual se llevó a cabo el pasado martes una reunión con la Comisión de Defensa para abordar estas temáticas. Si bien el encuentro tenía el objetivo de abordar nombramientos y procedimientos, se dió tratamiento a una multiplicidad de temas ligados a las Fuerzas Armadas, como la Operación Roca, los radares y los sueldos de las Fuerzas Armadas, entre otros, lo que es poco común en una reunión de este tipo.
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