Este miércoles, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) lleva a cabo un paro total de actividades debido a la decisión del gobierno nacional de desregular la Marina Mercante. La FESIMAF considera que la medida impacta en los trabajadores marítimos y fluviales. Por ende, la medida de fuerza busca defender esos derechos, afectando a todos los buques y operaciones marítimas y fluviales del país.
Según el comunicado, la decisión del gobierno nacional es “funcional a los intereses empresarios que intentan promover la reducción del 30% del salario de los trabajadores del sector pesquero, suspendiendo la prospección en aguas nacionales”. Apunta también contra la Resolución 1/2025 del Gabinete de asesores del Ministerio de Salud por “tener como único fin destruir el sistema de salud de obras sociales”.
El esquema del paro total de actividades afectará a los remolcadores de puerto, arena y piedra, y arena y piedra del litoral. Se suma también las lanchas de prácticos, los remolcadores de empuje, los buques fluviales tanques, portacontenedores y de carga, los paleros, y las lanchas de amarre, recolección de residuos, con itinerario fijo y de turismo.
Antecedentes de la medida
El malestar en el sector viene gestándose desde hace meses, puntualmente con la medida anunciada el pasado 20 de mayo. En ese momento, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.
A grandes rasgos, el Decreto avanza con la desregulación y desnacionalización del sector, además de prohibir numerosas actividades. En términos de justificaciones, considera que el “sector del transporte marítimo y fluvial argentino se encuentra atravesando una situación de crisis y emergencia por la falta de competitividad dada por los altos costos de operación y las restricciones y las cargas que la normativa precitada que regula la actividad impone”.
Profesionales del sector consideran que el DNU impacta de lleno y negativamente en el empleo argentino en el sector marítimo y fluvial. Además, influye en la producción y reparación que llevan a cabo los astilleros nacionales y genera la pérdida de herramientas soberanas para el control y la explotación de los 7.000 kilómetros de costa fluvial y marítima del país.
Rechazo desde diputados
En consonancia con el reclamo de los trabajadores del sector, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para rechazar y declarar la invalidez del Decreto 340/2025. El principal argumento es que “lesiona gravemente la soberanía nacional, el trabajo argentino y la competitividad estratégica del sector naval”.
Una de las cuestiones más destacadas de la norma es que los buques de bandera argentina podrán suspender su inscripción en la matrícula nacional por hasta diez años para registrarse en otros países, sin perder el tratamiento de buque nacional ni sus beneficios. Según los legisladores firmantes, esto configura “una renuncia directa al ejercicio soberano sobre bienes estratégicos de transporte” y habilita “un proceso de desabanderamiento masivo bajo el pretexto de una supuesta crisis de competitividad”.
A ello se suma la autorización a buques extranjeros para realizar tareas de cabotaje en aguas nacionales, incluso sin tripulación argentina, y la declaración del transporte como “servicio esencial”. Este último impone “restringe en la práctica el derecho constitucional a huelga del personal embarcado y de los gremios marítimos”, según los diputados.
Asimismo, el proyecto sostiene que el DNU fue dictado “en el marco de una emergencia autodeclarada” con el objetivo de “sortear la discusión democrática en el Congreso”. Denuncia también que se trata de “una reforma estructural del régimen jurídico de la marina mercante y del transporte fluvial y marítimo argentino”, según el portal de noticias Pescaré.
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