Según Alexander Bastrykin, jefe del Comité de Investigación ruso, más de 80.000 inmigrantes naturalizados no se inscribieron en el servicio militar obligatorio, aunque una cuarta parte de ellos ha sido enviada a luchar contra Ucrania. “Ya hay 20.000 ‘nuevos’ ciudadanos rusos, a los que por alguna razón no les gusta vivir en Uzbekistán, Tayikistán o Kirguistán, en el frente de batalla”, declaró Bastrykin en el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo.

El funcionario admitió que ha dado nuevas instrucciones al departamento de investigación militar de Rusia, el Ministerio del Interior y la Guardia Nacional. El objetivo es que lleven a cabo redadas periódicas en zonas con grandes poblaciones de inmigrantes. El objetivo es localizar a quienes eluden el servicio militar obligatorio.
Bastrykin aseguró que muchos migrantes que han obtenido pasaportes rusos evitan el registro militar precisamente porque temen ser “enviados al frente”. A pesar de ello, afirmó que muchos ya se han convertido en “héroes”. Citó el caso de un ciudadano tayiko que firmó un contrato con el Ministerio de Defensa ruso a cambio de la ciudadanía.
La realidad del servicio militar de Rusia
Según la ley rusa sobre el servicio militar, todos los ciudadanos deben inscribirse en el servicio militar obligatorio en un plazo de dos semanas tras recibir su pasaporte. Esto incluye a quienes han adquirido recientemente la ciudadanía.
Cabe recordar que en el verano de 2024, los legisladores rusos aprobaron una ley que permitía a las autoridades revocar la ciudadanía a quienes no hicieran el servicio militar. Y, desde entonces, los tribunales han empezado a retirar la ciudadanía a los rusos naturalizados a petición de las fuerzas del orden.

Anteriormente, Ucrania ha denunciado los mecanismos utilizados por Rusia para reclutar soldados para el frente de batalla. Una de las formas de intensificar los esfuerzos de reclutamiento era a través del alistamiento de presos, sospechosos y personas con problemas legales. También se utilizaban incentivos económicos.
En la actualidad, Bastrykin considera que este tipo de estrategias tienen que ser llevadas a cabo para cumplir con la Constitución rusa y las leyes nacionales. Sin embargo, destacó que estas medidas suelen provocar que muchos ciudadanos extranjeros “abandonen discretamente” Rusia.
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