El Ministerio de Defensa confirmó la presencia del titular de la cartera, Luis Petri, ante la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La comparecencia, originalmente pautada para el 20 de mayo, fue postergada para el lunes 3 de junio a las 16:00 horas, según se desprende de una nota oficial firmada por el Director General de Relaciones Institucionales de la cartera, Facundo Quiroga.
La citación, promovida por los legisladores que integran la Comisión de Defensa, se vincula a los recientes hechos relacionados con el despliegue de las Fuerzas Armadas en el norte del país en el marco del denominado “Operativo Julio Argentino Roca”. Esta operación ha generado un fuerte debate político e institucional, especialmente por las denominadas “Reglas de Empeñamiento”, que habilitan la intervención de militares en tareas de seguridad interior, incluida la aprehensión de civiles en flagrancia, tal como adelantó Zona Militar semanas atrás.
El temario acordado por los diputados incluye cinco ejes principales, de los cuales tres cuentan con consenso general dentro de la comisión. Uno de los puntos más sensibles será la situación actual de la obra social IOSFA, que atraviesa una crisis profunda y afecta de manera directa a personal de las tres fuerzas armadas y de las fuerzas federales. A esto se suma el impacto que generó la eliminación de la FUSANA, con efectos aún inciertos para el personal de la Armada Argentina y de Prefectura Naval.
Otro de los ejes centrales será la cuestión salarial. La Comisión de Defensa indagará sobre la disparidad entre los sueldos del personal militar respecto de sus pares de las fuerzas de seguridad federales. También se busca obtener datos concretos sobre cuántos efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran hoy por debajo de la línea de pobreza, una problemática que afecta no sólo al bienestar del personal sino también al financiamiento de la obra social militar.
El despliegue militar en el norte, bajo el paraguas del “Operativo Roca”, será posiblemente el capítulo más álgido del encuentro. Entre los cuestionamientos se destacan la legalidad de las “Reglas de Empeñamiento”, la falta de un decreto presidencial para su implementación y los riesgos legales que podría enfrentar el personal en caso de un incidente. Los legisladores también esperan explicaciones sobre la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de vigilancia fronteriza cuando ya existen dos fuerzas federales con atribuciones específicas en ese ámbito, como Gendarmería y Prefectura.
La situación del complejo industrial militar también formará parte de la agenda. FADEA, TANDANOR y la anunciada fusión entre el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio de Hidrografía Naval serán objeto de consulta, especialmente por el rol que estos organismos podrían desempeñar en un esquema estratégico de recuperación de capacidades nacionales.
Asimismo, se espera que el ministro Petri brinde detalles sobre el estado actual de las Fuerzas Armadas, sus capacidades y necesidades, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 75 inciso 27 de la Constitución Nacional. En ese marco, se prevé que el Poder Ejecutivo deberá remitir un informe integral para su análisis en el marco de las futuras discusiones presupuestarias.
Existen otros temas que generan divisiones dentro de la Comisión, como la cuestión vinculada a los haberes de personal militar destituido y las modificaciones pendientes de la Ley de Personal Militar. Por esa razón, se resolvió que estos puntos sean tratados al final de la reunión.
Más allá de los temas formales de agenda, algunos legisladores también impulsan la inclusión de cuestiones que quedaron fuera del temario oficial, como la reciente visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos y los eventuales requerimientos en materia de logística, cooperación y plataformas estratégicas, incluyendo el posible interés sobre submarinos nucleares.
El retraso en la presentación del ministro y la reserva sobre algunos temas clave han generado preocupación dentro del ámbito político y militar. Se espera que la reunión del 3 de junio aporte mayor claridad sobre los fundamentos de decisiones recientes que, según diversos actores, podrían comprometer el marco legal de actuación de las Fuerzas Armadas.
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