Bajo la dirección del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el gobierno continúa avanzando en reducir la intervención estatal en sectores clave de la economía. La administración de Milei comunicó en los últimos días dos decisiones que han generado un fuerte impacto en el ámbito agropecuario: la desregulación de la importación y aplicación de la vacuna contra la fiebre aftosa y la solicitud del sector cárnico para eliminar el aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Estas medidas, según el titular, buscan impulsar una serie de reformas orientadas a reducir la burocracia y los costos asociados a regulaciones estatales. Su enfoque se centra en la eliminación de trabas que, según su visión, afectan la competitividad de los sectores productivos.
Sturzenegger y su rol en la transformación del Estado: medidas para el agro
Desde su llegada al gobierno, Sturzenegger ha funcionado como una pieza crucial en la reestructuración del Estado argentino, uno de los principales pilares de Javier Milei y su equipo. La agenda de desregulación, con un enfoque basado en la apertura de mercados y la eliminación de impedimentos burocráticos, busca impulsar nuevas reformas para mejorar la competitividad y la eficiencia en el país.
En este contexto, sus recientes decisiones sobre la importación de vacunas contra la fiebre aftosa y el aporte obligatorio al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina promovieron un intenso debate en el sector agropecuario. Por un lado, se busca permitir la importación de vacunas de países con estándares equivalentes para reducir costos y agilizar el acceso a insumos esenciales para la ganadería.
Por otro lado, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) ha solicitado la eliminación del aporte obligatorio al IPCVA, argumentando que encarece los precios y no cumple con su función de promoción efectiva de la carne argentina. Esta petición se alinea con la política de desregulación promovida por Sturzenegger, quien ha sido un firme defensor de la reducción de cargas impositivas y la eliminación de organismos que considera ineficientes.
En un documento de la CAMYA firmado por su presidente, Leonardo Rafael, se destaca que “la única manera de liberar el verdadero potencial del sector cárnico es a través de la desregulación y la reducción de la carga estatal, que hoy sólo asfixia a productores y operadores con impuestos distorsivos, trabas burocráticas y la intromisión de organismos ineficaces. El IPCVA ha demostrado ser un elefante blanco en términos de costos y resultados”.
Impacto en el sector
La desregulación de la vacuna contra la fiebre aftosa podría generar un ahorro significativo para los productores, dado que el precio de las dosis importadas es considerablemente menor al de las vacunas nacionales. Sin embargo, algunos sectores advierten que la medida podría afectar la industria local de producción de vacunas, que hasta ahora tenía el monopolio del mercado.
En cuanto a la eliminación del aporte al IPCVA, los matarifes y abastecedores sostienen que la medida permitiría una mayor libertad para decidir cómo y dónde promover sus productos. No obstante, la desaparición del instituto podría generar incertidumbre sobre la estrategia de posicionamiento de la carne argentina en mercados internacionales.
Las decisiones, que recaen en el papel de Sturzenegger, implican un cambio de paradigma en la gestión estatal. Una mayor competencia y apertura siempre es bienvenida, aunque el agro debe evaluar si los efectos de estas medidas serán efectivamente positivos.
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