A partir de la publicación de la resolución 572/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó el establecimiento de Rosario como “Zona Sujeta a Investigación Especial” en el marco de la Ley Antimafias. La ciudad es considerada una de las más golpeadas por el crimen organizado, por lo que esta medida busca reforzar la lucha contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Entre los parámetros, la resolución establece que las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales estarán a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal para detectar delitos específicos relacionados con el crimen organizado. Esto permitirá la aplicación de allanamientos masivos, la extensión de plazos de detención preventiva y la eliminación de atenuantes para los miembros de bandas delictivas.
Los argumentos del gobierno nacional
Según lo publicado en el Boletín Oficial, la decisión responde a la “creciente violencia” en Rosario, que llevó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a solicitar la intervención del Comité de Crisis, activado en marzo y prorrogado posteriormente. Según el Ministerio de Seguridad, la situación en la ciudad cumple con los requisitos de la Ley 27.786, que permite declarar zonas de investigación especial cuando se verifican delitos graves de manera reiterada (Ley Federal Integral de Lucha contra el Delito Organizado).
En palabras de Germán Pugnaloni, director Nacional de Prevención del Delito, “el Ministerio está habilitado a pedirle a la Justicia que declare una zona sujeta a investigación especial. También lo pueden hacer los fiscales, la procuración, no sólo el Ministerio de Seguridad, tomando la iniciativa en función a la información que brinda la inteligencia criminal sobre las organizaciones actuales”. Además, detalló que la norma “habilita herramientas procesales y prácticas a los fiscales para poder dar una batalla contra estas organizaciones”, como permitir allanamientos encadenados sin necesidad de autorización judicial individual, la aplicación de la pena más grave para todos los integrantes de una estructura mafiosa, entre otras.
Desde el gobierno nacional, consideran que en Rosario se ha generado una “situación de conmoción social”, debido a que “operan organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en el artículo 2° de la Ley N° 27.786 y que esas organizaciones actúan bajo modalidades coincidentes con las contempladas en el artículo 3° de esa misma norma”, es decir: mafias.
“La complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales ligadas al crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones […] El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, destaca la resolución.
La Ley Antimafias
Con esta decisión reciente, Rosario se convierte en la primera ciudad del país en ser declarada bajo este régimen especial, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado. El objetivo, a grandes rasgos, es poner a prueba el trabajo conjunto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Fe.
Cabe recordar que la Ley Antimafias fue aprobada por el Senado el pasado mes de febrero, con el objetivo de endurecer las penas y establecer mecanismos más efectivos para enfrentar delitos como el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de órganos. La aprobación tuvo el respaldo de múltiples bloques, considerando que recibió 38 votos a favor.
Allí fue cuando se destacó la creación de la figura de la Zona de Investigación Especial para responder rápidamente ante estos crímenes de manera coordinada entre la Justicia Federal y las autoridades provinciales. Esto incluye también la ampliación de facultades para la detención de sospechosos hasta 48 horas, con posible extensión a 15 días en casos de delincuencia transnacional.
En marzo, la ley fue promulgada y celebrada por el gobierno de Javier Milei, oficializándose en el Boletín Oficial a través del decreto 177/2025. La norma considera organización criminal a un “grupo de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves.”.
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