A partir de un proyecto de resolución, presentado por la Diputada Nacional, Mariela Coletta (Democracia para Siempre), la Cámara de Diputados solicita un pedido de informes a la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, por los protocolos de las Fuerzas de Seguridad y la concurrencia de la misma ante la Comisión de Seguridad Interior de dicha Cámara. El proyecto de resolución, firmado por Coletta y acompañado por Ana Carla Carrizo y Pablo Juliano, de su mismo bloque parlamentario, le solicita al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que por su intermedio, convoque a la Ministra de Seguridad Nacional a “concurrir ante la Comisión de Seguridad Interior de esta Honorable Cámara, a fin de que informe y brinde explicaciones”.
La solicitud del pedido de informes a la Ministra de Seguridad Bullrich se estructura, a partir de 14 puntos, expresados en el proyecto de resolución. Entre los puntos principales, se solicita la remisión de la totalidad de los protocolos de las Fuerzas de Seguridad, que conforman el Ministerio; indicar y justificar legalmente las razones y fundamentos para definir dichos protocolos e indicar el impacto de los mismos, detallando el personal asignado, los objetivos alcanzados y el presupuesto ejecutado, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de presentación del informe solicitado.
En este sentido, también se solicita indicar el resultado de los operativos de seguridad realizados, en el marco de las marchas jubilatorias, hasta el momento, especificando, al igual que en el caso anterior, el personal asignado, los objetivos alcanzados y el presupuesto ejecutado para dichos operativos. De la misma manera, se busca conocer las denuncias presentadas o las causas judiciales que existen, ante el accionar de agentes de las Fuerzas de Seguridad en aplicación de los protocolos, desde el 10 de diciembre hasta la fecha.
Por otro lado, se solicita informar y explicitar “el motivo por el cual algunos protocolos se aplican a actos o expresiones partidarias opositoras a la gestión del Presidente Javier Milei”. En relación con ello, el proyecto de resolución contempla que la Ministra deberá indicar cuáles son las acciones que se han implementado, hasta el momento, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de libertad de expresión, en el marco de los procesos electorales del corriente año, para quienes quieren expresar libremente sus ideas políticas. En consonancia con el punto anterior, se solicita indicar cuáles son las razones legales y de seguridad, que toma el correspondiente Ministerio, para el impedimento de los derechos de libertad de expresión, el derecho de huelga, el derecho a peticionar a las autoridades, entre otros.
El proyecto también contempla que el pedido de informe incluya especificaciones sobre la Unidad de Investigación Antiterrorista (UIA) de la Policía Federal Argentina, detallando quién es el responsable de la misma, a quién se subordina y cuál es el accionar, que la Unidad comprende que constituye una acción de terrorismo. Todo ello, en función de explicar y comprender el motivo por el cual la Unidad de Investigación Antiterrorista detuvo a 7 militantes de la coalición política fundada por Martin Lousteau, Evolución, en el barrio porteño de Belgrano.
Fundamentos del proyecto de resolución
El proyecto de resolución impulsado por la Diputada Coletta para solicitar un pedido de informes a la Ministra Bullrich por los protocolos de las Fuerzas de Seguridad, como así también su concurrencia ante la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados para informar y dar explicaciones al respecto, presenta ciertos fundamentos y argumentos que sostienen el pedido. Entre ellos, se menciona la grave detención de los militantes de Evolución, por agentes de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Policía Federal Argentina, el pasado 9 de mayo del corriente año, en el marco de una actividad proselitista de cara a las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del próximo domingo. No obstante, se determina que “lamentablemente, este episodio se suma a una larga lista de situaciones de grave afectación al ejercicio de sus derechos por parte de los ciudadanos y el uso de las fuerzas de seguridad con el objetivo de limitar su ejercicio , sin algún tipo de fundamento constitucional”.
El proyecto sostiene que ello pone en evidencia la necesidad de revisar los protocolos de acción de las Fuerzas de Seguridad Federales y su accionar, con el objetivo de garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos, reconocidos por la Constitución Nacional Argentina, ante la clara “vulneración de derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de peticionar a las autoridades, entre otros”. Reconoce la importancia del derecho de la libertad de expresión, que resulta crucial para el desarrollo de la sociedad democrática, el disenso y la pluralidad, como así también del derecho de asociación, resaltando que el Estado debe garantizarle a los ciudadanos la posibilidad de organizarse, “con la intención de promover sus intereses, evitando la creación de obstáculos innecesarios que limiten su derecho a participar”.
Se busca resaltar que las movilizaciones sociales y las reuniones fortalecen la vida democrática, posibilitando la deliberación y el debate sobre las problemáticas de interés general, que conciernen e interpelan a la sociedad. “Este último concepto muestra un ideal que hoy, con las situaciones que son de público conocimiento, pasa a ser algo muy lejano” sostiene el proyecto, en su apartado de fundamentos. Por todo lo expresado y en vista de los últimos episodios, resulta menester “hacer un llamado de atención sobre la creciente vulneración de importantes derechos humanos y su importancia para lograr un sistema democrático sano”. Como así también, la “urgente intervención” de los diputados, como representantes del pueblo argentino, ante este preocupante contexto en el cual los ciudadanos “se ven afectados o son pasibles de ser afectados por el accionar del Ministerio de Seguridad”.
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